Es cualquier acción o conducta que, dentro de una relación íntima o posterior a ella, causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológica o afectación económica-patrimonial, a las mujeres privadas de libertad.
Por razones de género, la prisión para la mujer tiene un significado diferente que para los varones. Además, que la cárcel es de por sí un espacio opresivo, expresa también las desigualdades de género de la sociedad, ya que las mujeres privadas de libertad reciben un tratamiento diferente al de los presos varones dentro del sistema penitenciario. Asimismo, la prisión tiene un significado distinto para las mujeres que son madres, no solo las afecta a ellas sino también a sus hijos/as, y debido a su ausencia en el hogar las culpan por lo que pueda pasarles. La violencia carcelaria también se expresa a través de quienes tienen a su cargo el cuidado de estas mujeres, y se manifiesta en forma de violencia física, sexual y psicológica.
Al respecto, el Informe Especial de la Defensoría del Pueblo denominado “Condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios de cuatro departamentos del Perú”, señala que las mujeres privadas de libertad presentan mayor vulnerabilidad en los casos de gestantes, madres que viven con sus niños/as, adultas mayores, autoidentificadas población LGTBI, población indígena, población con discapacidad, mujeres con VIH/SIDA, con Tuberculosis, entre otros[1].
La Defensoría del Pueblo señala que es responsabilidad del Estado el respeto a la dignidad, integridad y vida de las personas privadas de libertad, con la ciudadanía y ante los organismos internacionales. En ese sentido, el Perú se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT)[2].
