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MIMP inicia programa de capacitación en trata de personas con enfoque de género para mejorar la atención a víctimas

MIMP inicia programa de capacitaciones en trata de personas con enfoque de género para mejorar la atención a víctimas 2022
  • El curso anual de capacitaciones está dirigido a operadores de justicia, funcionarias y funcionarios públicos.

 Con la finalidad de contribuir a mejorar la atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres que son víctimas de trata de personas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -a través de la Dirección General contra la Violencia de Género y la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes- ha iniciado un programa anual sobre trata de personas con enfoque de género, para el fortalecimiento de capacidades de operadores, operadoras, funcionarios y funcionarias.  Acciones que responden a los compromisos del Sector en la Política Nacional Frente a la Trata de Personas y sus formas de exploración al 2030.

Este programa empezó el pasado 6 de junio, con el curso básico “Abordaje interseccional de la trata de personas como modalidad de violencia de género” dirigido a las regiones de Lima y Madre de Dios, y posteriormente se desarrollará en 10 regiones, a través del aula virtual del MIMP.

Este conjunto de capacitaciones fue presentado en la conferencia “Sistemas de protección nacional e internacional a población nacional, migrante y refugiada en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en el Perú” por Sharon Gorenstein, directora de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del MIMP, quien además refirió que en nuestro país, 2 875 personas fueron víctimas de trata de personas entre el 2017 y 2021. De este universo, el 79.6% fueron mujeres, siendo la trata por explotación sexual la modalidad más frecuente con un 61%.

“Y son las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y los estereotipos de género, los que propician las condiciones para que este delito persista” manifestó.

En la conferencia, se abordaron también otros aspectos de este tema: la trata como una modalidad de violencia de género, que afecta mayormente a mujeres, niñas, y adolescentes; la importancia de la aplicación del enfoque de género, la mirada interseccional y el interés superior del niño/a; y las necesidades particulares de las personas LGBTI, migrantes y refugiados.

El evento contó con la participación especial de Juan Manuel Guerrero Almaraz, experto en trata de personas, miembro de la Barra Interamericana de Abogados de México, de la Academia Internacional de Licenciados en Derecho; Roxana Dávila de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes; Marcela Rojas, representante de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes del MININTER; Iván David Jacobo Bustamante, Coordinador del Equipo Técnico de la Comisión contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Lima Metropolitana.

Prensa MIMP




MIMP: Incluyen desapariciones de mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros actos violentos como modalidades de violencias de género

MIMP Incluyen desapariciones de mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros actos violentos como modalidades de violencias de género

A través del Decreto Supremo N.º 005-2022-MIMP, publicado en el diario El Peruano, se incluye la desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes por particulares; la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva y; el acoso a través del proceso judicial a la lista de modalidades de violencia de género, considerados en el Reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Esta visibilidad se da a través de la modificatoria a los artículos 6 y 8 del Reglamento de la Ley N.º 30364, con la que, entre otras cosas, el Perú se vuelve el primer país en América del Sur en reconocer expresamente las desapariciones de mujeres como una forma de violencia de género.

Además, la modificatoria está amparada en las recomendaciones que hace el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en su Recomendación General N.º 2, donde sugiere considerar la desaparición de mujeres llevada a cabo por particulares como una forma de violencia de género, dado que las desapariciones de mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, la trata o los feminicidios, por lo que resulta un avance importante visibilizar esta problemática en la legislación especializada sobre la materia.

En el artículo 6, con respecto a la finalidad del proceso se señala en el inciso 6.3 que “las medidas adoptadas para la atención de casos de desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes por particulares se regirán de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente en la materia”.

MIMP Incluyen desapariciones de mujeres niñas niños adolescentes y otros actos violentos como modalidades de violencias de género

Descargue aquí el Decreto Supremo Nº 005-2022-MIMP

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Culminó con éxito el seminario internacional de prevención de la violencia de género contra las mujeres

Culminó con éxito el seminario internacional de prevención de la violencia de género contra las mujeres

El seminario contó con la participación de más de 300 personas de distintas regiones del país, instituciones y organizaciones orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en alianza con Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), realizó el Seminario Internacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, el cual contó con la participación de más de 300 personas de distintas regiones del país, instituciones y organizaciones orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres.

Como parte del evento, 36 panelistas compartieron su trabajo en prevención, retos pendientes y oportunidades para construir una sociedad libre de violencia hacia las mujeres. De esta manera, se abordó la problemática desde distintas perspectivas, incluyendo la sociedad civil, el sector privado, la academia, la cooperación internacional y los medios de comunicación. Además, se resaltó la importancia del involucramiento de mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes para enfrentar esta problemática.

Por otro lado, la Directora General contra la Violencia de Género del MIMP, Silvia Romero Borda, presentó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género, denominada “Mujeres libres de violencia”, la cual será implementada desde el 2022 en articulación con entidades del gobierno nacional y regional. Al respecto, la adjunta por los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar Añaños, manifestó la relevancia de esta estrategia para contrarrestar la problemática.

Como parte de las experiencias compartidas, la representante del Ministerio de Igualdad de España, Elisa Nieto Maestro, expuso la experiencia del país en la implementación de acciones para la prevención primaria.

El evento contó con la participación de la Viceministra de la Mujer, María Pía Molero Mesía, y el Coordinador General de la Cooperación Española en Perú, José Luis Pimentel Bolaños.

Asimismo, se contó con la presencia de la Directora General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Cecilia Tello Guerrero; la representante del gobierno regional de San Martín, Milagros Sánchez Vargas y el representante del gobierno regional de Cusco, Willian Rivas Vega, entidades con las cuales se iniciará la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género.




Adecuado procesamiento de los casos de violencia de género en población con discapacidad

Adecuado procesamiento de los casos de violencia de género en población con discapacidad

Un conjunto de pautas específicas para la adecuada protección y acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en particular mujeres, niñas, niños y adolescentes, ofrece el manual. “Adecuado procesamiento de los casos de violencia de género en población con discapacidad” elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

El documento aborda la violencia hacia las personas con discapacidad desde una mirada interseccional, precisa las consideraciones que las entidades del Sistema Nacional Especializado de Justicia deben tener al momento de evaluar el riesgo, así como las medidas idóneas y complementarias para proteger de manera efectiva a las víctimas.

Define los elementos del enfoque de discapacidad presentes en una política de acceso a la justicia y protección y, finalmente identifica las rutas de atención que siguen las víctimas, los diferentes pasos en cada instancia, agrega pautas y el rol de los funcionarios/as en la atención de los casos.

Ha sido elaborado con los aportes de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del MIMP, otras entidades del Estado, organizaciones de sociedad civil, y del equipo técnico del UNFPA.

Datos:

  • De acuerdo con el Censo 2017 (INEI) el 10.4% de la población nacional presenta algún tipo de discapacidad.
  • En el año 2020, los CEM atendieron un total de 1 683 casos de violencia hacia personas con discapacidad, cifra que representa el 1.46% del total de los casos atendidos. De este total, el 9.5% son reincidentes, y el 35.1% de ellos son de riesgo es severo. En el 61.1% de estos casos, la presunta persona agresora y la persona usuaria tienen un vínculo familiar. El 2% son casos de violencia económica, el 44.3%, psicológica, el 31.2% física y el 22.5% sexual. En el 73.7% de casos la víctima es una mujer.

Acceda aquí al documento:

Adecuado procesamiento de los casos de violencia de género en población con discapacidad
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Ejecutivo prioriza la violencia de género en la Política General de Gobierno 2021 – 2026

Ejecutivo prioriza la violencia de género en la Política General de Gobierno 2021 – 2026

Mediante Decreto Supremo n.° 164-2021-PCM, el Ejecutivo aprobó la Política General de Gobierno para el periodo 2021–2026, que establece los 10 principales ejes de gobierno, los lineamientos y las líneas de intervención, los cuales se articulan con las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Visión del Perú al 2050.

El objetivo de la norma es orientar el desarrollo y actualización de las políticas y planes vigentes, con el fin superar las brechas en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el acceso a los servicios elementales.

Cabe mencionar que la política aprobada prioriza:

“Garantizar el funcionamiento e interoperabilidad del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” e 

“Impulsar una acción multisectorial permanente para garantizar acciones de prevención, la atención, recuperación y acceso a la justicia de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren de violencia, especialmente las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual”.

Dos acciones que se relacionan con la Ley n.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y con la Política Nacional de Igualdad de Género. De esa manera la Política General 2021–2026, demuestra el compromiso de Gobierno de fortalecer y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia, especialmente a las niñas, niños, adolescentes y a las víctimas de violencia sexual.

La norma es de aplicación inmediata por todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales.

Puede visualizar el Decreto Supremo que aprueba la Política General de Gobierno 2021-2026 aquí:
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Manual para el dictado de medidas de protección a víctimas de violencia en el marco de la Ley 30364

Manual para el dictado de medidas de protección a víctimas de violencia en el marco de la con la Ley 30364

La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaron el Manual para el dictado de medidas de protección en el marco de la Ley 30364, herramienta teórico-practica, que tiene como objetivo mejorar la atención y protección de víctimas de violencia.

El documento aborda aspectos transversales de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y pone énfasis en la necesidad de una justicia con enfoque de género e interseccionalidad, pone en consideración factores de vulnerabilidad como la edad, la identidad de género, la cuestión étnica, incluye a la población LGTBI y mujeres trans, migrantes, niñas, adolescentes, y demás mujeres en su diversidad, a fin de garantizar su atención y protección integral, de acuerdo con sus necesidades.

El manual, pone énfasis también en el proceso especial, aquel proceso donde el Estado asume la tutela judicial de la persona afectada por la violencia. Asimismo, desarrolla pautas clave para la adopción de medidas de protección idóneas para cada víctima, desde la atención inicial, los cuidados para evitar su revictimización, además de las pautas para la correcta evaluación del riesgo.

A manera de ejemplo, presenta un conjunto de casos prácticos para su resolución de acuerdo con las características del problema, las víctimas, y sus necesidades específicas.

Se espera que este manual didáctico, contribuya a fortalecer el abordaje de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes el grupo familiar.

Puede visualizar el manual aquí:
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Violencia contra mujeres con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Violencia contra mujeres con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Diversos estudios señalan que la violencia contra las mujeres es un factor que se asocia al VIH de múltiples maneras. En las relaciones de pareja altamente jerarquizadas, las mujeres están expuestas al contagio, y las lleva a soportar situaciones humillantes y de daño físico por parte de la pareja bajo la amenaza de dar a conocer públicamente su problema, abandonar la casa o quitarles a sus hijos/as.

Incluye la violencia contra mujeres embarazadas viviendo con VIH, quienes sufren discriminación y maltrato psicológico en el sistema de salud cuando, por ejemplo, se le niega el derecho a la cesárea, única vía para evitar el contagio al/a recién nacido/a.

Uno de los instrumentos para la prevención y atención de las personas víctimas de violencia con VIH, es el “Protocolo de Actuación Conjunta entre los Centros Emergencia Mujer – CEM y los Establecimientos de Salud – EESS para la atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley n.° 30364 y personas afectadas por violencia sexual”[1].

El mencionado protocolo, dispone acciones para garantizar la provisión y abastecimiento oportuno de insumos, medicamento, exámenes o pruebas complementarias, entre ellos la entrega de los “Kit de emergencia para la atención de casos de violencia sexual”[2]. Asimismo, dispone medidas de protección y atención a las víctimas, con énfasis en los casos de alto riesgo, es por ello por lo que los kits contienen antirretrovirales para prevención de VIH/SIDA y exámenes para evitar enfermedades de transmisión sexual ante casos de violación sexual

Asimismo, el “Protocolo base de actuación conjunta en el ámbito de la atención integral y Protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (PBAC)[3] establece la “atención con calidez, empatía, celeridad y oportunidad y sin ningún tipo de discriminación”, a las mujeres y los integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia.

El PBAC contiene disposiciones específicas en casos de violencia sexual, sobre el abordaje especializado a niñas, niños y adolescentes que representan casos de extremo cuidado, entre ellas, dispone brindar tratamiento profiláctico VIH/SIDA, antirretrovirales entre otros[4].

A nivel mundial, el 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Sida, con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la prevención de la enfermedad y la no discriminación a las personas afectadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas recoge la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes lideran las acciones de prevención y emiten recomendaciones a los distintos países sobre el tema.

  • [1] Aprobado con Decreto Supremo Nº 008-2019-SA.
  • [2] Directiva Sanitaria 083-MINSA/2019/DGIESP “Directiva Sanitaria para el uso del Kit para la atención de casos de violencia sexual”.
  • [3] Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2019-MIMP
  • [4] En el marco de la Resolución Ministerial Nº 227/2019/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria para el uso del Kit para la atención de casos de violencia sexual.



El Estado Peruano aprobó la Política Nacional frente a la trata de personas y sus diferentes formas de explotación al 2030

El Estado Peruano aprobó la Política Nacional frente a la trata de personas y sus diferentes formas de explotación al 2030

El delito de trata de personas vulnera derechos fundamentales de las personas como la dignidad y la libertad. Afecta especialmente a mujeres, adolescentes, niñas y niños a quienes se les capta, transporta, traslada, acoge y retiene mediante amenazas, falsas promesas o violencia de cualquier tipo, con el fin de explotarles en diversas actividades como la prostitución y otras formas de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, servidumbre, esclavitud, u otras formas de explotación[1].

Frente a ello, el Estado peruano ha aprobado la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación[2], en el marco de la Ley Nº 28950, Ley contra la Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la Ley Nº 31146, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, entre otras normas conexas.

La Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, tiene alcance al año 2030, constituyéndose como el instrumento marco de políticas públicas en materia de lucha contra la Trata de personas, con pertinencia cultural y lingüística[3], que orientará la acción del Estado en sus tres niveles de gobierno para el desarrollo de intervenciones articuladas.

La mencionada Política Nacional es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado, sector privado y la sociedad en general, en cuanto les sea aplicable. Las entidades del Estado deben asumir sus roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo a lo dispuesto en la mencionada norma.

La conducción de la Política Nacional está a cargo del Ministerio del Interior, que tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento y la evaluación de conformidad con las pautas metodológicas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico–CEPLAN. Las otras entidades del Estado brindan oportunamente información al MININTER para el seguimiento de la norma.

La Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, cuenta con tres Objetivos prioritarios que son:

  1. Objetivo Prioritario 1: Ampliar la vigilancia preventiva contra la Trata de Personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
  2. Objetivo Prioritario 2: Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de Trata de Personas.
  3. Objetivo Prioritario 3: Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas.

Para lograr alcanzar los objetivos prioritarios, la mencionada Política Nacional cuenta con 19 lineamientos que se operativizan mediante 42 servicios que serán provistos por 11 Sectores y 4 Organismos autónomos.

Puede visualizar el Decreto Supremo Nº 009-2021-IN y la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación aquí:

Decreto Supremo Nº 009-2021-IN
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[1] Ley Nº 28950, Ley contra la Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
[2] Decreto Supremo Nº 009-2021-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02.09.2021
[3] Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2021-IN




Modifican el Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Modifican el Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Con Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP, el Ejecutivo aprueba la modificación de los artículos 14, 15, 16, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 34, 37 y 67 del Reglamento de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La norma señala que la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público son las entidades encargadas de recibir las denuncias de manera presencial o a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias. En caso la denuncia se haga en la PNP, esta debe registrarse en el Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL).

Cuando las víctimas de violencia son niñas, niños y adolescentes, o personas agresoras son menores de 18 años y mayores de 14 años, la denuncia se hace en la Fiscalía de Familia o la que haga sus veces.

En el caso de personas adultas mayores en situación de riesgo, se comunica a la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En los lugares donde no se cuenta con este servicio se hace lo propio con el Poder Judicial.

Los casos de violencia pueden ser denunciados también por profesionales de la salud, de educación u otros funcionarios/as públicos/as que, en el desempeño de sus funciones tomen conocimiento sobre estos hechos. Sin que se tenga que presentar la documentación de la persona afectada.

Las víctimas y personas denunciantes no requieren presentar documento que acredite su identidad, basta con que las instituciones receptoras verifiquen en el Sistema Integrado del RENIEC la identidad de la persona. En caso no se encuentre inscrita en el RENIEC o es extranjera que no cuenta con documentación, se informa al Centro Emergencia Mujer (CEM) de la jurisdicción. En los lugares donde no hay este servicio, se acude a Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para interponer una denuncia no es exigible presentar certificados, informes, exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia.

En las disposiciones complementarias finales de la norma se mencionan responsabilidades y plazos para los sectores involucrados: la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial realizan las acciones necesarias para poner en funcionamiento la Plataforma Digital Única de Denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones coordina con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Presidencia del Consejo de Ministros (Secretaría de Gobierno Digital) la estrategia de difusión masiva sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial difunden entre los operadores que participan en la ruta de atención de los casos de violencia, las modificaciones del Reglamento de la Ley.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público,  Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú,  Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, aprueba el “Protocolo Interinstitucional de Atención de Denuncias Digitales sobre Casos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”, en un plazo de noventa (90) días a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo.

Encuentre aquí :

Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP
Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP




Violencia económica poco visible siempre presente

violencia económica

El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, presentó los resultados del estudio Violencia económica y patrimonial, una modalidad de violencia que pasa desapercibida en las relaciones personales y familiares, pero que afecta la vida de muchas mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
La violencia económica es un tipo de violencia definida por la Ley 30364, como la acción u omisión que causa menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Esta se presenta de diferentes maneras:

  • Perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes de la persona afectada.
  • Pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de bienes o derechos patrimoniales.
  • Limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades.
  • Evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
  • Limitación o control de los ingresos.
  • Percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
  • Prohibir, limitar o condicionar el desarrollo profesional o laboral, restringiendo la autonomía económica.
  • Sustraer los ingresos, así como impedir o prohibir su administración.
  • Proveer en forma diminuta y fraccionada los recursos necesarios para el sustento familiar.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, atiende este tipo de violencia en los Centros Emergencia Mujer, fuente en la que el Observatorio Nacional sustenta la investigación, cuyos resultados presentamos a continuación, de manera breve.

Tipos violencia económica atendidos en los CEM

Según los registros de los CEM, en los años 2017 y 2018 atendieron 15 013 nuevos casos de violencia económica en todo el país. Esta cifra representa el 4,6 % del total de casos de violencia económica atendidos en los CEM. Siendo que el CEM atiende diferentes tipos de violencia, se pudo observar que este tipo de violencia está unida a otros tipos de violencia como la física, psicológica y sexual.  Es la violencia física la que más se cruza con la económica (39,5%).

Violencia Económica Patrimonial_15

Entre los tipos de violencia más atendidos, está la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias (45%) que las afecta en todo su ciclo de vida.

Sin embargo, dentro de este grupo, las más afectadas son las personas entre los 30 a 59 años (2 776 mujeres). A este tipo de violencia le sigue la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y la pérdida, destrucción, apropiación y retención indebida de objetos, instrumento de trabajo, documentos de personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.

Violencia Económica Patrimonial_16

¿Quiénes son las víctimas de violencia económica?

El 87% de casos atendidos correspondió a mujeres y (13%) a varones. Las mujeres que más sufrieron violencia económica tenían entre 30 a 59 años de edad (50,1%) seguido del grupo de edad de 0 a 17 (13%) y de 60 años (6%).

Las niñas, niños y púberes (1 220) personas cuyas edades estaban entre 0 a 11 años, sufrieron violencia por evasión de obligaciones alimentarias. Por su lado, el grupo de 12 a 17 años (658) adolescentes sufrieron también este tipo de violencia.

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Si vemos las edades de las mujeres que sufren violencia económica, se podría estar hablando de mujeres en edad de desarrollo productivo, y con relaciones de pareja. En el caso de los niños y adolescentes podría atribuirse este tipo de violencia a la negación de manutención por parte del progenitor.

¿Quiénes son las personas agresoras?

De un lado, quienes ejercen violencia contra las mujeres cuyas edades están entre los 18 a 59 años, es su pareja o ex pareja (83,2%), el conviviente (39,0%), el ex conviviente (34,6%) y el cónyuge (21,5%). Las personas adultas mayores de 60 a más también sufrieron violencia económica por parte de un familiar varón (4,5). Por otro lado, las mujeres también ejercieron violencia (5%). En este caso la mayor frecuencia de agresiones son de mujeres de 39 a 59 años, quienes ejercieron violencia contra personas de 18 a 59 años (40,5%).

Violencia Económica Patrimonial_20

Si revisamos el vínculo familiar entre la persona agresora y la víctima, concluiremos que es el padre el que ejerce violencia sobre las mujeres (47,4%) especialmente en los grupos de edad de 0 a 17 años, y la madre (6,1%).

En el caso de los hombres, el agresor es un mismo hombre (78%), cuya edad está entre 39 a 59 años, y la víctima es un hombre de 60 a más años (1,6%). La frecuencia se repite con relación a la edad de la victimaria y de la víctima en el caso de las mujeres agresoras (22%) ejercieron violencia en (59%) de personas cuyas edades estaban entre 18 a 60 años.

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¿Cuáles son las manifestaciones de violencia económica de pareja o expareja?

Se ha encontrado que, la violencia económica se expresa en la evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias (33,3%), en la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades (26,4%) y (10%). en la pérdida, destrucción, apropiación y retención indebida de objetos, instrumento de trabajo, documentos de personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.

Los mayores agresores son los hombres (95%) cuyas edades están entre los 30 y 59 años (51,6%) y los hombres entre los 18 a 29 años (31,6%). El principal agresor es el conviviente (30,0%), los ex convivientes (34,6%) y los cónyuges (21,5%).

En el caso de los hombres, el 7,4% es violentado por su pareja (35,2%), su exconviviente (35,2%) y su conviviente (20,4%). El mayor tipo de violencia sufrida por los hombres es la pérdida, destrucción, apropiación y retención indebida de objetos, instrumento de trabajo, documentos de personales, bienes, valores y derechos patrimoniales (31,5%) y es ejercida por su pareja de 30 a 39 años.

Un dato que nos ha llamado la atención, es la asociación de la violencia económica con características de tentativa de feminicidio asociado a la violencia económica. Se ha registrado 40 casos en que 33 de estos presentaba violencia económica con violencia psicológica y física.

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Violencia económica por parte de familiares

Si revisamos el vínculo familiar entre la persona agresora y la víctima, vemos que es el padre el que ejerce violencia sobre mujeres (47,4%) especialmente en los grupos de edad de 0 a 17 años, y la madre 6,1% y, se concentra en las edades de 0 a 15 años.

En el caso de los hombres sufren violencia familiar económica por evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias (40,1%), la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades (24,4%) y la privación de medios indispensables para vivir una vida digna (11,6%). Esto se da con mayor frecuencia en las edades de 0 a 17 años.

Violencia económica en personas con discapacidad

Los CEM atendieron 217 casos de violencia a personas con discapacidad. De este total sufrió violencia por parte de un familiar (54,8%) y por parte de su pareja (41,9%).

¿En qué regiones de país se ejerce mayor violencia económica?

En el ámbito nacional podemos decir que es Lima Metropolitana donde se registra más casos de violencia económica (27.7%) seguido de Arequipa (7,3%), Puno (5,8) y Lima provincias (5,8%).

En zona rurales se ubica Huánuco (10,4%) seguido de Junín (9,9%), Cusco (7,5%) Cusco (7,5%) Ayacucho (6,9%), Ancash (6,8) con mayor incidencia de violencia.

En las zonas urbanas son las provincias de Lima Metropolitana (30,7%), Arequipa (8,1%), Puno (6,4%) Lima provincia (6,3%) Piura (4,8%) donde se han registrado más casos.

Se ha encontrado también información sobre violencia económica a mujeres migrantes (1%) de los casos atendidos. Las más violentadas con las mujeres de Venezuela (44,4%), Colombia (15,3%) Bolivia (9,7%) Ecuador (5,6%).

¿Qué podemos decir con relación a los hallazgos?

El estudio nos ha servido también para encontrar patrones que pueden repetirse, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento según los datos y los contextos en los que se produce la violencia. Nos ayudan a clasificar el riesgo y a esbozar predicciones respecto al problema.

En el caso de las mujeres . La violencia económica muestra  un riesgo moderado (52,0%).

Con relación a las características de la víctima y su victimario: es una mujer entre los 30 a 59 años de edad, quien la agrede es un hombre de 30 a 59 años, con el que tiene un vínculo relacional de pareja. Entre los factores de riesgo están el acceso que tiene el agresor a la víctima, consumo de alcohol, tiene conducta vigilante y/o celos patológicos. Por su parte, la víctima presenta vulnerabilidad, dependencia económica y síndrome de indefección.

En el caso de niñas y niños. La víctima tiene entre 6 a 11 años, su presunta persona agresora es un hombre o mujer (por cada 4 hombres agresores hay una mujer agresora). La edad del o la agresora es de 30 a 59 años, es su padre o madre. Entre los factores de riesgo se han determinado el acceso, la vulnerabilidad y el síndrome de indefección.

En el caso de los ancianos. La víctima es mayor de 60 años, la presunta persona agresora es una mujer u hombre, que puede ser un hijo o hija. Entre los factores de riesgo, está presente conductas de crueldad, desprecio y falta de arrepentimiento.

Violencia Económica Patrimonial_47En conclusión, la información especializada sobre la violencia económica y/o patrimonial que afecta mujeres, y personas en situación de vulnerabilidad, busca despertar el interés de los y las operadoras de las políticas de violencia contra las mujeres y la población en situación de vulnerabilidad a tomar medidas para prevenirla en la relación de pareja y en el entorno familiar.

Mayor información sobre el estudio, puede encontrarlo en la siguiente dirección:

Violencia económica: ¿quiénes son las víctimas y cómo les afecta?

  • Elaborado por:  Susana Zapata



Violencia simbólica: se impone gracias al lenguaje que persuade y ordena

violencia simbólica

Introducción

La violencia simbólica se impone gracias al lenguaje que persuade y ordena, nos dice Violeta Barrientos Silva, en la larga conversación que tuvimos en el Observatorio, sobre este tipo de violencia naturalizada, y tan presente en nuestra vida cotidiana. A continuación, una reflexión de lo que significa y cómo el lenguaje moldea las relaciones entre hombres y mujeres, en las relaciones  familiares  y de pareja.

¿Qué es la violencia simbólica?

La violencia simbólica tiene que ver con los mensajes, creencias, normas de derecho y religiosas que poco a poco generan una situación de poder de un individuo sobre otro que luego todo el mundo acepta, hasta los propios subordinados. Es lo que ocurre en el racismo y el sexismo que llegan a interiorizarse. La violencia simbólica se impone gracias al lenguaje que persuade u ordena y así genera una creencia y conductas que pueden ser discriminadoras, prejuiciosas y generadoras de estereotipos.

La sociedad y el Estado hacen que las personas seamos aleccionados a través de mandatos legales, educativos y religiosos, pero también a través de mensajes dados por los medios y el mercado hacia conductas determinadas que pueden ser excluyentes. Así, por ejemplo, mediante el poder del lenguaje se nos ha persuadido (gracias a la publicidad, los estímulos del mercado) o impuesto (gracias a la ley del estado o la ley divina) creencias racistas o sexistas. Todos estos mensajes llegan a la familia y a los individuos que los interiorizan.

¿La familia es un espacio donde se genera y reproduce violencia simbólica?

Sí. Mediante los discursos en su interior que se reproducen de generación en generación. Por ejemplo, roles que deben aprender los niños y niñas, roles que asumen los padres. En la familia nuclear y en la extendida se generan muchos prejuicios, sobre todo de varones hacia mujeres o prejuicios respecto a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Se producen disputas de poder.

La familia, al igual que otros espacios, es un lugar donde se aprende; si tengo un modelo de padre no violento y responsable, puede que mis probabilidades de aprender de él sean más altas. O de pronto vivo con una madre soltera que pese al prejuicio contra ella me da mensajes no machistas. Es decir que a la familia llegan mensajes que son asimilados o también resistidos (reproducidos) por sus integrantes.

“En la familia nuclear y en la extendida se generan muchos prejuicios…”

La violencia simbólica es lo que no se ve ¿cómo se expresa en la relación de pareja?

No confundamos a la violencia simbólica con la violencia psicológica, la violencia simbólica implica conductas que se interiorizan por los mensajes que recibimos de diversas fuentes y que se hacen costumbre e incluso son aprobados socialmente. Esto puede hacer por ejemplo hasta hoy, que los varones de la familia, así como la sociedad piensen que las mujeres deben hacer las tareas domésticas, cuidar de los enfermos y de los ancianos todo el día, sin considerar tiempos de descanso ni que ellos pueden compartir estas tareas.

¿Cómo este tipo de violencia se expresa en la violencia física hacia las niñas y niños?

Se expresa en la creencia de que, por ejemplo, el castigo es bueno para el aprendizaje. Incluso cuando no se aplica la violencia física, se aplica la violencia psicológica, maltratando al niño o niña, como un “inferior” por su edad. Esto es muy delicado. Tanto niñas y niños pueden estar limitados por la ley como menores de edad, pero hoy tienen derechos que los protegen porque las vivencias a temprana edad pueden ser muy distintas. Hay niños muy precoces y que se han hecho adultos por experiencias de vida particulares. Entonces se trata de respetar al niño o niña sin minusvalorarlo por su edad.

¿Cómo se expresa la violencia simbólica en el abuso sexual intrafamiliar?

La familia no significa que uno es propietario de las personas que la componen que no tendrían derecho a su propia opinión, privacidad y libertad personal. Sin embargo, hasta las propias normas de derecho alguna vez consintieron estos abusos que se “normalizaron” entre la población. Por ejemplo, el Código penal hasta 1984 decía que una violación sexual podría remediarse si es que la víctima se casaba con el agresor. O sea que un posible delito fundaba una familia. De esta manera la cuestión quedaba subsanada, y esto porque antaño la virginidad o castidad de la mujer (y solo la de la mujer) era el bien más preciado que ofrecer en un matrimonio, pues la mujer era considerada un bien de intercambio para generar alianzas. Entonces ella misma no disponía de su libertad personal y cuerpo. También estaba aceptado que, al interior de cualquier familia, nadie se metiera pues era territorio del jefe de familia. Así, a nadie se le ocurría pensar que podía haber abuso sexual contra la esposa.

“…hasta las propias normas de derecho alguna vez consintieron estos abusos…”

Lamentablemente, aunque las normas legales cambiaron, queda un aprendizaje cultural que perdura. El racismo y el clasismo también han tenido mucho que ver. La creencia de que unas personas dominan a otras porque saben más, porque tienen más dinero, nos hace repetir conductas de abuso que vienen desde la Colonia. De ahí que, en algunas familias, por ejemplo, se tengan miembros próximos a ella que vienen de provincia, tratados como sirvientes, sin ningún respeto hacia ellos, a sus cuerpos o a su privacidad. Y se considera normal porque la violencia simbólica provoca justamente ese efecto, hace perdurar viejos moldes culturales y costumbres por mucho que las leyes cambien.

¿Qué mitos y estereotipos atribuibles al género reproducen la violencia en la familia?

Por lo general los mitos y estereotipos se fabrican más hacia quienes están abajo en un eje de dominación para mantener las cosas como están. Lo peor es que para que permanezcan inmutables se cree en que hasta son biológicos o genéticos. Hace tiempo, por ideas racistas, se pensaba que “los indios” estaban para el trabajo físico y no intelectual porque así era su biología. Nada más falso. A Dios gracias, esas ideas fueron siendo superadas, pero, así como el racismo, el sexismo permanece aún vigente.

El mito o el estereotipo son falsas ideas que todos conocemos; para empezar la división sexual del trabajo, es decir que las mujeres hagan trabajos no pagados o de menor importancia que les ocupa todo el tiempo y que los hombres asuman tareas pagadas, de más responsabilidad y con horarios es una forma de violencia que ha privado a las mujeres de recursos económicos por siglos. Estas creencias se han introducido en todas las esferas, hasta en las mismas mujeres que tienen poder político. De allí el pensar, por ejemplo, que la mujer es la única responsable de la familia. No es extraño ver que las mujeres con cargos públicos como primera cosa se definan como “madres”, mientras que no vemos a ningún hombre en un cargo público que se asuma así.

Otro gran eje de mitos y estereotipos ha sido la sexualidad, haciendo creer que, por ejemplo, los varones “necesitan” por su fisiología, de aventuras sexuales, pornografía o prostitución, incluso varones casados, y están hechos para la calle, mientras que las mujeres no tienen iniciativa y tienen en lugar de sexualidad, un “instinto maternal”, y están hechas para la casa. Esto ha generado muchísimas tensiones en las parejas por siglos. Entonces, los mitos o estereotipos permiten hacernos una falsa idea de lo que son ciertas personas haciéndolas inferiores, restándoles derechos y capacidad, lo que genera discriminación y violencia contra ellas.

¿De qué manera estos se convierten en exigencias para las relaciones con la pareja y los hijos/as?

La violencia simbólica al ser un fenómeno social, también rodea a la pareja y a la familia. Cuando aprendemos a ser hombres o mujeres, según nuestra cultura, hay una serie de exigencias para ello que luego repetimos al interior de nuestra familia, que las imponemos a nuestra pareja o hijos/as. Así, hasta que –en algunos casos- por alguna razón, algún integrante de la pareja o la familia cuestiona estas prácticas. La educación, el derecho, los discursos religiosos, la publicidad, los medios, nos influyen todo el tiempo dentro y fuera de nuestras casas y es a nosotros y nosotras evaluar de modo crítico qué aceptamos reproducir y qué no. Si no me gusta el sexismo en la publicidad o medios, no veo tal o cual programa, no consumo tal o cual producto. De ahí la importancia de contar con distintas opciones y no de salir a comprar una lonchera y ver que todas son rosadas.

¿Dónde se encuentran las raíces de la violencia simbólica que construye las diferencias entre hombres y mujeres?

Principalmente en la cultura y la comunicación. Los seres humanos tendemos a tejer costumbres y discursos a partir de una realidad. Por ejemplo, ante una realidad de productos vegetales, hemos inventado una forma de cocinar y una gastronomía. Estamos reelaborando constantemente la realidad mediante lo cultural. Entonces, ante una realidad corporal en que las mujeres eran las capaces de estar embarazadas y portar crías, mientras los varones podían fecundar a varias mujeres a la vez, se estructuró una cultura que podía dar lugar, por ejemplo, a que el varón pudiera tener varias esposas a la vez, teniendo un poder sobre ellas. O, por ejemplo, sobre esa realidad biológica de la mujer, las sociedades consideraron que las mujeres no tenían que educarse pues su función era meramente procreativa. Así nuestras abuelas eran analfabetas y llegaban a tener más de diez hijos y no les alcanzaba la vida sino para cuidarlos. Eso no significaba que la mujer no tuviera más capacidades para ello, sino que se la confinaba a solo un rol. Esto es una violencia estructural que empobreció a la mujer económicamente al no tener trabajo ni educación, y también le impidió llegar a posiciones de poder político o a ser creadora artística o intelectual. Este es un gran déficit histórico del que hay que recuperarse lo antes posible.

¿Cómo podemos generar cambios en una sociedad, que acepta y naturaliza la violencia simbólica?

Ya han visto que los mandatos legales son importantes, pero no bastan. Se trata de inculcar nuevos hábitos, discursos, presencias allí donde hubo ausencias. Hay que recalcar entonces la importancia, por lo tanto, de los productos mediáticos con mensajes alternativos a cualquier tipo de discriminación sexista, racista o clasista, de los productos de mercado, de la publicidad, de los discursos educativos y hasta religiosos para contribuir a no naturalizar más la violencia. Ya ha ido ocurriendo respecto a un país que interiorizó muchas jerarquías raciales y que ha ido evolucionando hacia un mayor respeto de unos/as y otros/as.

Otra cuestión muy importante es la recuperación de voces, de una mayor visibilidad de quienes han estado ausentes de la historia, imposibilitados de generar su propia auto representación, o sea de decir qué son sin que lo tenga que decir un estereotipo por ellos. Y me estoy refiriendo no solo ya a las mujeres sino a otros grupos que, por su cultura, idioma, origen fueron también violentados en este país siendo aún la mayoría.

  • Entrevista: Susana Zapata