Debido a relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, construidas sobre la base de las diferencias de género, las primeras han sufrido un menoscabo en sus derechos a la igualdad, a la libertad, a una vida libre de violencia, y a su seguridad personal, de manera reiterada y permanente. Todos estos derechos se vulneran por las situaciones de violencia de género que sufren muchas mujeres en nuestro país, siendo la expresión más grave, el feminicidio.
De acuerdo con los registros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el año 2020 ocurrieron 131 muertes de mujeres con características de feminicidio. El 83% contra mujeres adultas y 13% contra niñas y adolescentes . Según registros de la PNP, entre el tercer y cuarto trimestre del mismo año se incrementaron las denuncias por violencia sexual en 22,6% con relación a los trimestres anteriores. No obstante, menos del 30% de mujeres que sufren violencia acuden a una institución a solicitar ayuda. La mayoría de ellas busca ayuda en las comisarías (83,9 %), el 7,8 % en las fiscalías y el 5,6 % en el juzgado.
Con el propósito de sumar esfuerzos interinstitucionales para contribuir a que las mujeres que denuncian reciban una atención de calidad, el MIMP y la Academia de la Magistratura (AMAG), con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), han iniciado el Programa de Especialización de Violencia basada en Género, espacio de formación en el que jueces, juezas y fiscales tienen la oportunidad de analizar la normatividad y los estándares para la gestión de casos de violencia, desde los enfoques de género y derechos humanos.
Es así que, en la primera edición del Programa participaron 54 magistradas/os y fiscales, quienes llevaron cursos sobre las características y causas de la violencia de género, los alcances conceptuales y herramientas operativas de la Ley Nº 30364 y la relevancia de aplicar el enfoque de género en los casos de violencia contra las mujeres.
Cabe mencionar que esta estrategia de formación se enmarca en el proceso de implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), iniciativa apoyada técnica y financieramente por el UNFPA desde el año 2020 y, en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MIMP y la AMAG, que tiene como objetivos:
- Elaborar y diseñar propuestas académicas, actividades de formación y capacitación académica u otras acciones encaminadas a fortalecer el sistema de justicia vinculadas a género, violencia y no discriminación contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
- Contribuir a la capacitación y sensibilización de magistrados/as y servidores vinculados al servicio de justicia con enfoque de género.
- Articular esfuerzos y coordinar estrategias y/o acciones conjuntas para transversalizar el enfoque de género en el diseño e implementación de políticas, normativa, proyectos, asesorías técnicas, programas y cursos de especialización y/u otras actividades destinadas a promover y proteger los derechos de las mujeres.
Iniciativas como esta contribuyen a comprender la importancia de una actuación oportuna, eficaz y eficiente en casos de violencia basada en género por parte de las instituciones involucradas en los servicios de atención y protección de las víctimas. La articulación interinstitucional para lograr estrategias como el Programa de Especialización de Violencia basada en Género seguirá aportando a lograr un país donde todas las mujeres estén libres de violencia y puedan ejercer sus derechos y libertad a plenitud.
[1] Programa Aurora. Portal Estadístico. https://portalestadistico.aurora.gob.pe/