El pasado jueves 20 de junio se realizó en el MIMP la presentación del estudio “Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género. Entre legados e innovaciones” de los investigadores Stéphanie Rousseau, Eduardo Dargent y Aurora Escudero, ganadores del XIX Concurso Anual de Investigación organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).
Rutas de atención en los Centros Emergencia Mujer
El trabajo de campo fue realizado en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), tomando como muestra dos espacios territoriales que cuentan con un cúmulo histórico y organizativo como son Villa El Salvador (Lima) y Huamanga (Ayacucho). El estudio presenta un análisis de los servicios de atención del Estado y de instituciones aliadas que complementan estos servicios, en favor de las personas víctimas de violencia de género. Estudia la legislación peruana con respecto a la violencia y cómo interviene para la protección de las víctimas, a partir de la Ley 30364. Precisa en qué dimensiones ha mejorado la atención estatal y qué aspectos continúan impidiendo una atención adecuada frente a la magnitud y gravedad del problema.
La investigación parte de tres hipótesis:
- Los legados institucionales que continúan manteniendo otras prioridades sobre la violencia de género.
- Las presiones sociales y/o ciudadanas que pueden lograr una mejor capacidad estatal para responder a demandas.
- La continuidad de una burocracia insensible.
Algunas conclusiones
En las conclusiones el estudio destaca los avances del Estado con relación al incremento de recursos y la cantidad de personal capacitado para la atención de la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. La apertura de nuevos Centros Emergencia Mujer regulares y/o en Comisarías de Familia. El aumento de recursos para la atención de emergencias, mejoramiento de la infraestructura para la atención adecuada en los casos de violencia y el mayor involucramiento en las coordinaciones intersectoriales o territoriales.
También se destacó la aprobación de la Ley 30364, y de los mecanismos permanentes como la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, máximo órgano del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, y el Grupo de Trabajo Nacional, brazo técnico que realiza el seguimiento del cumplimiento de la mencionada Ley. Esto ha permitido avances en la coordinación y articulación intergubernamental y nuevos protocolos que precisan y fortalecen la acción estatal, como es el Protocolo de Actuación Conjunta de los Centros Emergencia Mujer y Comisarias o Comisarias Especializadas en Materia de Protección Contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú. Finalmente, la creación de la Comisión de Emergencia del 2018, la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia y la aprobación del Plan de Acción Conjunto 2018 y 2019.
Aún con todos los avances, persisten limitaciones en la atención del Estado, de tal manera que garantice en el acceso a la justicia a las víctimas como:
- Insuficientes recursos humanos para la atención de la demanda, el seguimiento al cumplimiento de las audiencias, el seguimiento a las medidas de protección para realizar exámenes físicos y psicológicos de acuerdo al mandato de la Ley.
- Carencia de capacitación específica sobre violencia de género a operadores de justicia.
- Las medidas de atención y/o protección desborda la capacidad logística de los CEM y la PNP.
- Insuficiente número de casas de refugio para la demanda de protección para las víctimas.
- Ausencia de políticas de acompañamiento fuera del Estado, debido a que el desgaste emocional y laboral de los trabajadores en violencia genera el no cumplir con la totalidad de las expectativas de las víctimas.
- Prevalencia del enfoque “familista” sobre los derechos y libertad de la víctima y temor del involucramiento de operadores de justicia, como el sector salud.
Le invitamos a revisar la investigación, aquí le dejamos el link para que pueda descargar el texto completo.
