Introducción
Los sectores que integran la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y la comisión de violencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, se reunieron para presentar los avances del Plan de Acción Conjunta 2019.El PAC (Decreto Supremo n° 008-2018-MIMP), es una estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres y brindar protección y atención a las víctimas, con énfasis en los casos de alto riesgo. Se trata de la decisión del Estado de enfrentar la grave situación de violencia contra las mujeres con acciones y metas concretas.
Tiene su origen en la Comisión de Emergencia creada el año 2018 (Decreto Supremo 008-2018–MIMP). El Plan tiene 90 metas, y es monitoreado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, creada por la Ley n° 30364. Una de las metas es la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Al respecto se destacada la aprobación del Protocolo Base de Actuación Conjunta, norma que articula la actuación de todas las entidades del Estado para proteger y atender a las mujeres víctimas de violencia. Además, se aprobó el Protocolo de Actuación Conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer y los Establecimientos de Salud.
Otro avance importante, es la creación de 3 600 nuevos patrocinios en materia de familia a cargo del Ministerio de Justicia, y la elaboración y distribuido material comunicacional para prevenir la violencia sexual en las comunidades awajún del Departamento de Amazonas, producido por el Ministerio de Cultura, acción que refuerza la prevención con enfoque intercultural.
El Ministerio de la Mujer, la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo ha realizado el seguimiento a todas las metas del Plan de Acción Conjunto, a través de múltiples reuniones y visitas a todas las entidades comprometidas en el Plan.
Si bien se contaron avances, también se habló de las dificultades que se presentan para el cumplimiento de los compromisos por los diferentes sectores, como el presupuesto y cuestiones administrativas que tienen que ver con la estructura presupuestal de los sectores. Además, se plantearon desafíos para erradicar la violencia como:
- La articulación de todas las entidades del Estado. Debido a que la violencia es un problema multicausal, es necesario el trabajo coordinado y articulado de las diferentes entidades del Estado que tienen que ver con la prevención, atención y sanción.
- El incremento de las medidas de protección a las víctimas por parte de la Policía Nacional del Perú. Para tal fin, la PNP implementará medidas de protección a través del Programa Vecindario Seguro. Con el Ministerio del Interior elaborarán instrumentos para medidas efectivas de protección, con asistencia técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Retiro de docentes procesados por violación sexual. Se busca asegurar que las instituciones educativas sean espacios seguros para niños y niñas. Para tal fin, se debe implementar registros confiables que permitan identificar a los docentes vinculados con actos de violación sexual. La reunión se realizó el 8 de julio. Participaron Sylvia Cáceres Pizarro, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Vicente Zevallos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Víctor Raúl Rucoba Tello, viceministro de Seguridad Pública, Guido Alfredo Rospigliosi Galindo, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Elvia Barrios Alvarado del Poder Judicial, Eliana Revollar Añaños de la Defensoría del Pueblo, representante del Ministerio Público, representantes de los sectores Cultura, Interior y Salud.
Datos:
- En el 2018 se destituyó definitivamente a 685 docentes y administrativos sentenciados por violación sexual.
- Las medidas de protección a víctimas de violencia se incrementaron en 148% entre el 2016 y 2018.
- En el 2019 se han dictado más de 58 medidas de protección.
- Elaborado por: Susana Zapata
