La CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) señala que “Los conflictos sociales agravan las desigualdades existentes entre los géneros y el riesgo de las mujeres de ser víctimas de distintas formas de violencia por razón de ser mujeres por parte de agentes estatales y no estatales”[1].
Asimismo, señala que la violencia relacionada a los conflictos sociales, se produce en cualquier lugar, por ejemplo, en los hogares, centros de detención y campamentos para desplazadas internas y refugiadas, entre otros. En estos espacios se producen hechos de violencia en cualquier momento, por ejemplo, durante la realización de actividades cotidianas como recoger agua y madera, ir a la escuela, camino al trabajo, especialmente en zonas rurales, cuando se defiende sus bienes, cosechas, terrenos, etc.
La CEDAW agrega que “existen múltiples perpetradores de violencia por razón de género relacionada con los conflictos […] las mujeres y las niñas son objeto cada vez con más frecuencia y deliberadamente de distintas formas de violencia y abusos”. Esto atañe también a otros conflictos derivados de los problemas ambientales o a los que se generan por una situación de desastre de gran magnitud. A esto se debe agregar una especial consideración respecto de las mujeres rurales, que están expuestas a un riesgo mayor, teniendo en cuenta la persistencia de roles subordinados en que todavía se las encasilla a las mujeres en muchas comunidades.
El artículo 35 de las recomendaciones de CEDAW[2], señala que, aunque todas las personas se ven afectadas negativamente por los conflictos sociales, las mujeres y las niñas son especialmente vulneradas, siendo objeto de violencia sexual que persiste incluso después de que terminan las hostilidades.
Por los motivos expuestos, el Estado debe prevenir todas las formas de violencia por razón de género, en particular la violencia sexual, en situaciones posteriores a los conflictos sociales.
