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MIMP: realizan Seminario Internacional para fortalecer Sistemas Nacionales Especializados de Justicia en favor de la protección a mujeres víctimas de violencia

MIMP realizan Seminario Internacional para fortalecer Sistemas Nacionales Especializados de Justicia en favor de la protección a mujeres víctimas de violencia

Evento contó con la participación de referentes internacionales quienes contaron experiencias y desafíos en la lucha contra la violencia de género .

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) llevó a cabo el seminario internacional denominado “Avances y desafíos de los Sistemas Nacionales Especializados de Justicia para protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en Latinoamérica”, con el objetivo de sensibilizar y fortalecer las capacidades de los operadores de justicia y de los actores estratégicos en la importancia de trabajar de manera conjunta y especializada en la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, recogiendo las buenas prácticas que se vienen obteniendo y desarrollando en la región.

El evento fue inaugurado por la ministra Anahí Durand, quien recalcó que “la violencia contra las mujeres es una problemática que afecta gravemente a nuestra sociedad, por ello, se requiere poner todo el esfuerzo para superarla con el apoyo de todas las instituciones. Los servicios de justicia deben asegurar el bienestar de las víctimas y sancionar oportuna y drásticamente a los causantes de la violencia en cualquiera de sus formas. No debemos seguir tolerando la violencia”, acotó.

Asimismo, la titular del sector resaltó que la violencia no solo afecta a las víctimas que la padecen directamente; sino también, a su familia y a todo su entorno. “Con el Sistema Especializado de Justicia, aspiramos al éxito de un proceso acorde con los principios y recomendaciones de estándares internacionales con énfasis en la violencia con grupos en situación de vulnerabilidad”, remarcó.

A su turno, la viceministra de la Mujer, María Pía Molero, indicó que “es importante continuar con esta ruta de trabajo conjunto en favor de prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Conocer las experiencias ejecutadas en otros países nos permite tener una visión amplia y seguir mejorando todos nuestros procesos para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”.

Las ponencias estuvieron a cargo de Laura Carrera Lugo (México), por la universidad de Navarrete; Mabel Bianco (Argentina), presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer; Alejandra Mora Mora (Costa Rica), máxima autoridad de género en la Secretaría General de la OEA y Elvira Álvarez Olazabal (Perú), Jueza Suprema integrante de la Primera Sala Civil y Social de la Corte Suprema, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.

Las ponentes dieron cuenta de los avances y desafíos en sus respectivos países en materia de acceso a la justicia para las mujeres sosteniendo puntos de encuentro, entre los que destacan: (i) la necesidad de contar con presupuesto para implementar reformas y mejoras en los sistemas de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres, (ii) considerar las estrategias preventivas como la base de las intervenciones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, (iii) incorporar el enfoque de género en todos los estamentos y documentos normativos en materia de violencia, (iv) estudiar el perfil y trabajar más con los agresores, (v) fortalecer la articulación entre actores de distintos niveles (local, regional y nacional) y desde los diferentes sectores o entidades, (vi) considerar que el contexto de pandemia por Covid-19 ha exacerbado la violencia contra las mujeres, (vii) la necesidad de fortalecer las capacidades de las y los operadores/as a través de cursos de especialización en materia de violencia basada en género.

Este evento virtual contó con la participación de la Viceministra de Seguridad Pública – Olga Luz Chagua Timoteo; la Fiscal Suprema Provisional y Representante del Ministerio Público ante la Comisión de Alto Nivel de la Ley N°30364 – María Sokolich Alva; la directora general de la Dirección contra la violencia de género del MIMP – Silvia Romero Borda y la directora general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Zoila Isabel Macavila Román.

Prensa MIMP

 




Manual para el dictado de medidas de protección a víctimas de violencia en el marco de la Ley 30364

Manual para el dictado de medidas de protección a víctimas de violencia en el marco de la con la Ley 30364

La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaron el Manual para el dictado de medidas de protección en el marco de la Ley 30364, herramienta teórico-practica, que tiene como objetivo mejorar la atención y protección de víctimas de violencia.

El documento aborda aspectos transversales de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y pone énfasis en la necesidad de una justicia con enfoque de género e interseccionalidad, pone en consideración factores de vulnerabilidad como la edad, la identidad de género, la cuestión étnica, incluye a la población LGTBI y mujeres trans, migrantes, niñas, adolescentes, y demás mujeres en su diversidad, a fin de garantizar su atención y protección integral, de acuerdo con sus necesidades.

El manual, pone énfasis también en el proceso especial, aquel proceso donde el Estado asume la tutela judicial de la persona afectada por la violencia. Asimismo, desarrolla pautas clave para la adopción de medidas de protección idóneas para cada víctima, desde la atención inicial, los cuidados para evitar su revictimización, además de las pautas para la correcta evaluación del riesgo.

A manera de ejemplo, presenta un conjunto de casos prácticos para su resolución de acuerdo con las características del problema, las víctimas, y sus necesidades específicas.

Se espera que este manual didáctico, contribuya a fortalecer el abordaje de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes el grupo familiar.

Puede visualizar el manual aquí:
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Trata, explotación y violencia sexual en la minería informal de Piura y Madre de Dios

Balance sobre la situación actual de la trata explotación sexual y violencia sexual en zonas de minería informal de Madre de Dios y Piura

Un panorama general sobre la situación de la trata con fines de explotación sexual en el país, especialmente en Madre de Dios y Piura, nos brinda el CIES y PROMSEX en el Balance sobre la situación actual de la trata, explotación y violencia sexuales en zonas de minería informal de Madre de Dios y Piura.

El estudio confirma que, tanto a nivel nacional como en los departamentos antes mencionados, la trata de personas tiene como principal finalidad la explotación sexual, en segundo lugar, la explotación laboral y en tercer lugar la venta de niños/as o mendicidad. Sin embargo, es Madre de Dios uno de los casos emblemáticos, donde el vínculo con la minería ilegal atraviesa múltiples factores en los que la explotación sexual de mujeres mayores y menores de edad es una las mayores expresiones de la violencia de género.

Tanto en Madre de Dios como en Piura, las víctimas de trata son en su gran mayoría, mujeres de nacionalidad peruana, menores de edad y, en segundo lugar, mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años, que son explotadas en bares, cantinas, restaurantes o night clubs, fachada de prostíbulos ilegales. 

Madre de Dios, tiene una de las tasas más altas de incidencia de trata con 101.61 sobre mil habitantes, además de ser uno de los destinos clave de las rutas de trata a nivel nacional, principalmente en los alrededores de la carretera Interoceánica y en Puerto Maldonado. En el caso de Piura, niñas y mujeres de otros países ingresan por el Ecuador y otras por Iquitos y Yurimaguas.

La falsa oferta de trabajo es la principal modalidad de captación de mujeres, aunque se identifican también otras modalidades como la seducción y el padrinazgo. El estudio encontró también prácticas como el uso de la violencia y amenazas, restricción de la libertad, endeudamiento, privación de la libertad, retención de documentos de identidad y vínculos de dependencia con los tratantes.

Existen una serie de actores involucrados en este delito y factores que merecen destacar como la pobreza, la vulnerabilidad de las mujeres en sus lugares de origen, así como sus planes, expectativas de vida, acceso a servicios, entre otros que motivan a las mujeres a entrar en redes de tratantes.

La complejidad de este problema motiva a seguir investigando, con el fin de desarrollar estrategias efectivas por parte del Estado y otros actores, para hacer frente este delito que viola los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Puede visualizar el documento aquí:
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Violencia en mujeres privadas de libertad

Violencia en mujeres privadas de libertad

Es cualquier acción o conducta que, dentro de una relación íntima o posterior a ella, causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológica o afectación económica-patrimonial, a las mujeres privadas de libertad.

Por razones de género, la prisión para la mujer tiene un significado diferente que para los varones. Además, que la cárcel es de por sí un espacio opresivo, expresa también las desigualdades de género de la sociedad, ya que las mujeres privadas de libertad reciben un tratamiento diferente al de los presos varones dentro del sistema penitenciario. Asimismo, la prisión tiene un significado distinto para las mujeres, no solo las afecta a ellas sino también a sus hijos/as, y su ausencia en el hogar la culpan por lo que pueda pasarles. La violencia carcelaria también se expresa a través de quienes tienen a su cargo el cuidado de estas mujeres, y se manifiesta en forma de violencia física, sexual y psicológica.

Al respecto, el Informe Especial de la Defensoría del Pueblo denominado “Condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios de cuatro departamentos del Perú”, se señala que, las mujeres privadas de libertad presentan mayor vulnerabilidad en los casos de gestantes, madres que viven con sus niños/as, adultas mayores, autoidentificadas población LGTBI, población indígena, población con discapacidad, mujeres con VIH/SIDA, con Tuberculosis, entre otros[1].

La Defensoría del Pueblo señala que es responsabilidad del Estado el respeto a la dignidad, integridad y vida de las personas privadas de libertad, con la ciudadanía y ante los organismos internacionales. En ese sentido, el Perú se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT)[2].




Violencia contra mujeres migrantes

Violencia contra mujeres migrantes foto Minsa

Es cualquier acción o conducta que, dentro de una relación íntima o posterior a ella, causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o afectación económica-patrimonial, a las mujeres migrantes.

Esta modalidad se expresa mediante actos de amenaza y de separación de sus hijos/as, especialmente cuando la condición de migrante es irregular; y por ello, “en muchos casos, las mujeres son abandonadas y la pareja se niega a apoyar la realización de los trámites migratorios, esto las deja en un status migratorio irregular y en situación proclive a la afectación de sus derechos (vida, salud, integridad, entre otros)[1].

Además, las mujeres migrantes se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad a ser víctima de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes o violencia de género, requiriendo que se adopten medidas específicas que garanticen su protección y debida atención[2], puesto que, “desde que salen de la jurisdicción del Estado del que son origen o del que son nacionales, los migrantes se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a la desigualdad que experimentan frente a los nacionales del país de destino. Esta situación de vulnerabilidad se agrava en determinados casos como el de mujeres, niños, niñas, adolescentes y/o migrantes irregulares, quienes se encuentran más expuestos a la vulneración de sus derechos[3].

La situación de las personas migrantes presenta diferentes modalidades, reconocidas de la siguiente manera:

  • Migrante regular: es aquella persona, que cumple con los canales regulares y legales de ingreso a un país, cuenta con documentación, visados y permisos específicos para sus actividades de permanencia, de manera temporal, trabajo o estudio.
  • Migrante irregular: es aquella persona que evade las reglas y procedimientos preestablecidos por los Estados para la entrada, permanencia o realización de actividades específicas como el trabajo y los estudios. El migrante irregular no tiene autorización necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades de inmigración. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, esta migración se produce cuando se cruzan las fronteras evadiendo los lugares destinados para el control migratorio; cuando se ingresa con documentación falsificada o adulterada; cuando se permanece en el país de destino con un visado o autorización vencido; cuando se incumple con la orden de abandonar el país; o cuando se realizan actividades para las cuales no se cuenta con autorización.
  • Refugiada: es aquella persona, que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país ; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. [4]

Actualmente el Perú cuenta con un importante marco normativo que reconoce los derechos de las personas migrantes, entre ellas la Ley n.° 30364 y su Reglamento, así como el Decreto Legislativo n.° 1236, que en su artículo 17, señala que es obligación de la autoridad migratoria poner en conocimiento de las autoridades competentes los “casos de niños, niñas y adolescentes, mayores de edad con discapacidad, miembros de poblaciones indígenas y otros que se encuentren en situación de vulnerabilidad así como de víctimas de presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, y quienes requieren protección en atención a una grave amenaza o acto de violación o afectación de sus derechos fundamentales, especialmente las víctimas de violencia familiar y sexual, todos ellos extranjeros o extranjeras, para que se adopten las acciones administrativas o jurisdiccionales que correspondan a su derecho.”

Asimismo, la Defensoría del Pueblo, en el Documento de trabajo denominado “Violencia basada en género contra las mujeres migrantes en el Perú”, señala que las mujeres migrantes son más vulnerables al abuso sexual, el acoso sexual y la violencia física. En ese sentido, emite recomendaciones para las distintas entidades del Estado respecto a la problemática de las mujeres migrantes en el Perú.

  • [1] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Violencia Basado en Género, Marco Conceptual para las Políticas Públicas y la Acción del Estado. MIMP – Primera Edición, 2016, pág. 44.
  • [2] Decreto Legislativo N° 1236, Decreto Legislativo de Migraciones.
  • [3] MIMP, Op. Cit, Pág. 43.
  • [4] V MIMP, Op. Cit. Pág. 41.



Violencia contra mujeres con discapacidad

Violencia contra mujeres con discapacidad foto CONADIS

Se denomina persona con discapacidad a “aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. De acuerdo a la Ley N° 29973, Ley general de la persona con discapacidad.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada y ratificada por el Perú el año 2007, reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. Con las mujeres con discapacidad se da una situación de doble discriminación, que da lugar a que formas extremas de violencia como el abuso y la violación sexuales queden en total impunidad.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[1], ha instado al Estado peruano erradicar y prevenir la discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad incorporando perspectivas de género en todos los programas y asegurando la plena e igual participación de esas mujeres en los procesos de adopción de decisiones; las mujeres y las niñas con discapacidad deben recibir una protección especial a efectos de prevenir y erradicar la violencia contra ellas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), expresa su preocupación por el hecho que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres con discapacidad, son particularmente vulnerables a la violencia.

Asimismo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belén do Pará – 1994), recomienda a los Estados parte tener en cuenta la especial situación de vulnerabilidad a la violencia de las mujeres con discapacidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que los niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor que los que no tienen discapacidad, según una revisión encargada por la OPS. Las niñas y niños cuya discapacidad se acompaña de enfermedad mental o menoscabo intelectual son los más vulnerables, pues sufren violencia sexual con una frecuencia 4,6 veces mayor que sus homólogos sin discapacidad[2].

La Ley n.° 30364, define la violencia contra los integrantes del grupo familiar, como cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Pone especial atención en las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Su objetivo es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres, durante todo el ciclo de su vida, por su condición de tales; en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física, como la discapacidad[3].  Considera el enfoque de interseccionalidad, el cual reconoce que la experiencia que las personas tienen de la violencia se ve influida por factores como la discapacidad[4].

El artículo 2° del reglamento de la Ley n° 30364 reconoce a las personas en condición de vulnerabilidad, entre las que incluye a las que, por razón de una discapacidad se encuentran con dificultades para ejercer a plenitud sus derechos. Asimismo, reconoce entre 18 modalidades, la violencia contra mujeres con discapacidad[5].

 




Trata de personas con fines de explotación sexual

Trata de personas con fines de explotación sexual foto Minsa

La trata de personas se define como: “la conducta dirigida a facilitar la captación, traslado, o retención de personas recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, como: la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación sexual, esclavitud sexual, explotación laboral, y extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos[1].

En el caso de niños, niñas y adolescentes se considera trata incluso cuando no se recurre a ninguno de los medios antes descritos.

Las formas agravadas de trata de personas se presentan cuando:

  • El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública.
  • El agente es promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condición y actividades para perpetrar este delito.
  • Exista pluralidad de víctimas;
  • La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad.
  • El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar.
  • El hecho es cometido por dos o más personas.
  • La víctima se encuentra en estado de gestación.
  • Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la vida y la seguridad de la víctima.
  • La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o permanentemente, de alguna discapacidad física o mental.
  • El agente es parte de una organización criminal.

Descargar la infografía

  • [1] Ley n.° 28950, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes



¿Qué hacer en casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad?

Qué hacer en casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad

En el contexto de la emergencia sanitaria en que se encuentra el país y a pesar de las disposiciones que restringen la libertad de tránsito, la desaparición de mujeres se ha continuado produciendo, siendo otro de los problemas que enfrentan las familias. La Defensoría del Pueblo en su Reporte Igualdad y Violencia N° 2 marzo 2020 “¿Qué paso con ellas en el aislamiento social obligatorio?” muestra su preocupación por la desaparición de las mujeres, especialmente de las niñas y adolescentes1.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Interior, desde el 16 de marzo (Inicio del Estado de Emergencia por el COVID-19) al 31 de mayo, se han registrado 2 126 personas desaparecidas, el 58% son mujeres y el 42% son hombres. Del total de mujeres desaparecidas, el 64% tienen entre 12 a 17 años de edad, mientras que, del total de hombres desparecidos el 31% tienen entre 30 a 59 años de edad, siendo los grupos de edad con mayor concentración de casos de personas desaparecidas por sexo.

Por ello, es importante recordar que el Estado Peruano aprobó, en el mes de febrero del presente año, el Protocolo Interinstitucional de Atención de Casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros Casos de Desaparición (en adelante, el Protocolo), mediante el D.S. N° 002-2020-IN. Este instrumento establece acciones coordinadas entre el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público, entre otras instituciones que intervienen en la atención de la denuncia, difusión, investigación, búsqueda, ubicación y empleo de mecanismos tecnológicos para la organización y difusión de información sobre estos casos.

En el protocolo se regula y detalla las situaciones en las cuales se activa la Alerta de Emergencia, la misma que se usa tanto para niñas, niños y adolescentes como para mujeres en situación de violencia de alto riesgo. A través de la alerta de emergencia se hace uso de mensajes de texto y otros medios de comunicación para difundir la noticia de desaparición, cuya finalidad es ubicar a la persona desaparecida en el menor tiempo posible y reducir los riesgos de un eventual daño a su vida e integridad física. Se activa dentro de las 72 horas desde que se tomó conocimiento de la desaparición debido a que las primeras horas son las más importantes para encontrar a la víctima, sin perjuicio de continuar con las acciones de búsqueda de acuerdo a ley.

Además, el Protocolo indica cuándo y cómo se considera que mujer desaparecida se encuentra en situación de violencia de alto riesgo: i) existen hechos de violencia contra la mujer desaparecida, señalados al momento de la presentación de la denuncia por desaparición; ii) exista una denuncia por violencia en el marco de la Ley N°30364, previa a la desaparición; iii) la pareja o ex pareja de la mujer desaparecida registre denuncia por violencia; iv) la mujer desaparecida cuente con medidas de protección; o v) existe altos índices de violencia contra mujeres en las zonas donde se produjo la desaparición.

Con el fin de difundir este importante instrumento e informar a la ciudadanía acerca de las acciones que deben realizar las instituciones del sector público involucradas ante un caso de desaparición, específicamente de personas en situación de vulnerabilidad, el MIMP ha elaborado una cartilla informativa sobre los 5 procedimientos básicos para la atención eficiente y articulada en casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia en situación de alto riesgo.

Así, en esta cartilla se detalla de una forma clara y sencilla los siguientes puntos: 1) Presentación y atención de la denuncia por desaparición, 2) acciones básicas para el trámite de la denuncia, 3) recepción de información sobre personas desaparecidas. Mecanismos para la recepción de la información, 4) investigación y búsqueda y 5) ubicación. Ello permitirá que la población cuente con un documento accesible, que les permita conocer los pasos y obligaciones de la PNP ante una denuncia por desaparición.

Descargue la Cartilla de Protocolo de atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad

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[1] Reporte Igualdad y Violencia N° 2 marzo 2020, Defensoría del Pueblo




Foro Violencia de género hacia las mujeres migrantes y refugiadas en el Perú

Violencia de género hacia las mujeres migrantes y refugiadas en el Perú

La migración es un fenómeno que la humanidad ha experimentado desde tiempos antiguos. Siempre ha existido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse a los ya existentes. A lo largo de la historia la migración han sido una poderosa fuente de diversidad cultural, racial y económica, lo cual ha fomentado el desarrollo a través del intercambio. Sin embargo, no siempre se da en un contexto óptimo.

Entendemos por migración al “desplazamiento de poblaciones humanas desde un origen usual a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en el ámbito sociológico, según se hable de migraciones humanas” (Raffino, 2019).

Cuando hablamos de migraciones no podemos dejar de mencionar los desplazamientos de personas por conflictos bélicos, por hambrunas o catástrofes naturales, que buscan asilo y nuevas oportunidades en otras ciudades, así como los exiliados y las poblaciones expulsadas por motivos raciales o políticos de sus patrias, que se convierten en ciudadanos errantes hasta volver a fundar un hogar en otro lado (Raffino, 2019).

Por las condiciones en las que migran las personas, se convierten en un grupo de especial atención, en primer lugar, debido a las políticas restrictivas que por lo general obstaculizan su proceso migratorio en algunos países. En razón de ello, una significativa parte de migrantes suele hallarse en situación irregular, colocándose en un plano de desigualdad frente a los nacionales del país de destino, tienen mayor vulnerabilidad también frente a condiciones informales y abusivas de empleo, prácticas de discriminación y xenofobia, e incluso ante las redes de trata y tráfico de migrantes; lo cual propicia situaciones de violencia dirigida a esta población.

La migración en el Perú

El INEI señalan que, en agosto 2017, se incrementó la migración al Perú en 437 mil 405, cifra superior en 7,7% a la registrada en agosto 2016. Las/os extranjeras/os registrados provinieron de Chile (38,6%), siguen: Ecuador 16,9%, Estados Unidos, 10,0%, Bolivia 5,6%, Colombia 5,0%, España 4,4%, Brasil 4,0%, México 2,8%, Argentina 2,7%, Panamá 2,5% y otros países 7,5%. De las personas extranjeras que ingresaron al país, el 52,0% fueron hombres y el 48,0% mujeres (INEI, 2017).

La violencia a las mujeres migrantes e integrantes del grupo familiar

Los procesos de migración establecen escenarios inevitables que contribuyen de alguna forma la aparición o perpetuación de la violencia que se manifiesta de diferentes formas, especialmente en las poblaciones más vulnerables como las mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores.

En el Perú aún es escaza la información sobre la violencia a mujeres migrantes y los integrantes del grupo familiar, sin embargo, existen servicios del Estado en los que se atiende a población que migra y son víctimas de violencia. Los Centros Emergencia Mujer, registraron desde enero a octubre del 2019, 1 569 casos de personas extranjeras que han sido víctimas de violencia, el 55% no posee carnet de extranjería. De este grupo, el 86.5% son mujeres, el 27.6% tiene entre 0 a 17 años, el 71.9% tiene entre 18 a 59 años, y 0.5% son personas adultas mayores; asimismo el 50% sufre o ha sufrido violencia física principalmente.

El PNCVFS a través de sus servicios, ha atendido a personas migrantes procedentes de Venezuela en un 84%, seguida de Bolivia con un 3.2%, Colombia y Ecuador ambas con un 1.8%, entre otros países de menor frecuencia (PNCVFS, 2019).

En el foro Violencia hacia mujeres e integrantes del grupo familiar en situación de migrantes. Análisis de los casos atendidos en los Centros Emergencia Mujer, presentaremos las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres e integrantes del grupo familiar en condición de migrantes, condición de vulnerabilidad para ser violentadas, agravadas por las desigualdades en las relaciones de género.

Violencia hacia mujeres migrantes y refugiadas en el Perú
Violencia hacia mujeres migrantes y refugiadas en el Perú

Objetivos:

Identificar los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres migrantes y los integrantes del grupo familiar, sus características, contextos, condiciones de riesgo y vulnerabilidad, entre otros; con el fin de generar conocimiento sobre el problema, para el diseño de estrategias y políticas públicas atención y prevención.

Día, lugar y hora:

Martes 3 de diciembre de 2019 de 8:30 a 11:30 am.
Auditorio: Hotel Sol de Oro, Calle San Martín 305, Miraflores
Aforo: 250 participantes

Dirigido:

Este foro estuvo dirigido a:

  • Operadores y operadoras de servicios
  • Investigadores e investigadoras
  • Docentes
  • Profesionales que trabajan el tema
  • Estudiantes

Temario:

Violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas: un análisis de casos atendidos en los Centros Emergencia Mujer

  • Expositor: Orlando Angulo López, especialista estadístico del Observatorio  Nacional, MIMP

Situación de las mujeres migrantes en el Perú

  • Expositor:  Representante del  Programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Violencia de género hacia mujeres migrantes y refugiadas

  • Expositor:  Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Servicios de atención a mujeres migrantes y refugiadas

  •  Expositora:  Representante del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual

Constancia

Las constancia serán enviadas al correo electrónico una semana después culminado el evento.

Video – Ponencia principal

Video – Panelistas

 Descargue las presentaciones


Elaborado por: Susana Zapata.