Violencia contra mujeres indígenas u originarias

Es cualquier acción o conducta que, causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o afectación económica-patrimonial, a las mujeres indígenas u originarias. Esta modalidad es todavía poco documentada, aunque crecientemente visible, que se agrava por la pobreza y la discriminación que enfrentan, dentro y fuera de sus pueblos de pertenencia. Según un informe elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia es uno de los problemas más alarmantes que enfrentan las mujeres indígenas en América Latina[1].
La CIDH hace el seguimiento a la situación de las mujeres indígenas bajo la premisa de que existe un vínculo estrecho entre los actos de violencia hacia ellas y la discriminación histórica que enfrentan por la intersección de su género, origen étnico y frecuente condición de pobreza. El informe señala que, a lo largo de la historia, las mujeres indígenas han sufrido racismo, exclusión y marginación, que influyen en la discriminación estructural que siguen enfrentando en todos los sectores de la sociedad[2].
La Comisión Interamericana señala que existen diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres indígenas, entre ellas:
- La violencia en contexto de conflicto armado.
- La violencia en contexto de proyectos de desarrollo, de inversión y de extracción.
- La violencia relacionada con la militarización de las tierras indígenas.
- La violencia doméstica.
- La violencia en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
- La violencia contra las lideresas y defensoras indígenas y contra las personas defensoras de derechos humanos que trabajan para promover sus derechos humanos.
- La violencia en el medio urbano y durante procesos migratorios y de desplazamiento[3].
Según un estudio realizado en México, esta modalidad de violencia se encuentra relacionada con las estructuras tradicionales que se desarrollan en las relaciones familiares, comunitarias e institucionales, y por ello “(…) tiende a justificarse por el respeto a los usos y costumbres, lo que conlleva a no denunciar y a atestiguar silenciosamente las violencias que sufren”[4], es por ello que no se termina de entender y reconocer la violencia como problema público y no se efectúan acciones para contextualizar los servicios a fin de que sean accesibles para todas las personas, denegando la existencia de diferencias culturales, prevalencia de monolingüismo, desconocimiento de procesos administrativos y legales, inexistentes servicios de cuidado familiar, entre otros[5].
En ese sentido, la CIDH recomienda e insiste en la necesidad de un enfoque holístico e interseccional para responder a la violencia contra las mujeres indígenas de manera diferenciada. Señala que las mujeres indígenas y sus comunidades sufren el impacto de la violencia de una manera muy específica, que vulnera sus derechos humanos.