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MIMP realiza conferencia internacional sobre trata de personas y su impacto en la población indígena y amazónica

MIMP realiza conferencia internacional sobre trata de personas y su impacto en la población indígena y amazónica

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó la conferencia “Desafíos para la comprensión y la gestión de conocimiento de la trata de personas en la población indígena y de la selva” con el objetivo de visibilizar los impactos de este problema en la población indígena y nativa de Ecuador, Bolivia, Colombia, México y Perú. Así como brindar información actualizada sobre el estado situacional de la trata de personas; los logros y retos de los mecanismos normativos y sociales en los mencionados países.

En la inauguración del evento, Milagros Monge Gómez, Directora General Contra la Violencia de Género del MIMP, manifestó que la trata de personas es uno de los crímenes más graves en nuestra sociedad. “En una época en que la esclavitud pareciera no existir, hay mujeres, adolescentes, niñas, explotadas sexual y laboralmente, sometidas a prostitución ajena, es un fenómeno complejo, por ello creemos importante fortalecer capacidades en operadores, operadoras y funcionariado, para abordarlo con un enfoque interseccional” concluyó.

El evento que se desarrolló de manera virtual el 15 de agosto del presente año, contó con reconocidos especialistas y académicos internacionales, que expusieron sobre el impacto de la trata de personas en las poblaciones indígenas en sus respectivos países como la Dra. Solanda Goyes Quelal, Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura de Ecuador; el Dr. Marco Baldivieso Jinés, magister en Derecho Constitucional y ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia; el Defensor de Grupos Étnicos en Colombia, Dr. Rafael Ramírez Restrepo y el  experto en derecho indígena y docente de la Facultad Interamericana de Litigación A.C. México, Dr. Adán Rivera Morelos.

En representación del Perú, participó el Dr. Antonio Salazar García, Director General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, quien presentó los avances y desafíos que aún tenemos como país.

La conferencia estuvo dirigida a los funcionarios, operadores y tomadores de decisión de la ruta de atención en trata de personas de la Poder Judicial, Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, Superintendencia Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Defensoría del Pueblo, de los gobiernos locales y regionales de los tres departamentos. Participaron también las trabajadoras y trabajadores del sector, correspondientes a los servicios del Programa Nacional Aurora y de las Unidades de Protección Especial (UPE).

Este evento del MIMP, organizado a través de la Dirección de Asistencias Técnica y Promoción de Servicios de la Dirección General contra la Violencia de Género, forma parte del III Curso de Nivel Básico-2022 “Abordaje Interseccional de la Trata de Personas como Modalidad de Violencia de Género”, dirigido a operadores, operadoras, funcionariado y tomadores de decisión de servicios, con énfasis en las regiones de Loreto, Cusco y Tacna.

Según reportes del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior –MININTER:

  • De enero a marzo del 2022, se registraron 75 denuncias por trata de personas, el 92% víctimas eran mujeres y 8% hombres.
  • En el acumulado de enero 2017 a marzo 2022, se registraron 2 950 denuncias por trata de personas,85% corresponden a víctimas mujeres y 15% son hombres.



Violencia en mujeres privadas de libertad

Violencia en mujeres privadas de libertad

Es cualquier acción o conducta que, dentro de una relación íntima o posterior a ella, causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológica o afectación económica-patrimonial, a las mujeres privadas de libertad.

Por razones de género, la prisión para la mujer tiene un significado diferente que para los varones. Además, que la cárcel es de por sí un espacio opresivo, expresa también las desigualdades de género de la sociedad, ya que las mujeres privadas de libertad reciben un tratamiento diferente al de los presos varones dentro del sistema penitenciario. Asimismo, la prisión tiene un significado distinto para las mujeres, no solo las afecta a ellas sino también a sus hijos/as, y su ausencia en el hogar la culpan por lo que pueda pasarles. La violencia carcelaria también se expresa a través de quienes tienen a su cargo el cuidado de estas mujeres, y se manifiesta en forma de violencia física, sexual y psicológica.

Al respecto, el Informe Especial de la Defensoría del Pueblo denominado “Condiciones de las mujeres en establecimientos penitenciarios de cuatro departamentos del Perú”, se señala que, las mujeres privadas de libertad presentan mayor vulnerabilidad en los casos de gestantes, madres que viven con sus niños/as, adultas mayores, autoidentificadas población LGTBI, población indígena, población con discapacidad, mujeres con VIH/SIDA, con Tuberculosis, entre otros[1].

La Defensoría del Pueblo señala que es responsabilidad del Estado el respeto a la dignidad, integridad y vida de las personas privadas de libertad, con la ciudadanía y ante los organismos internacionales. En ese sentido, el Perú se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT)[2].