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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables capacitará a los Gobiernos Regionales para la implementación del Protocolo Base de Actuación Conjunta

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables capacitará a los Gobiernos Regionales para la implementación del Protocolo Base de Actuación Conjunta

El Protocolo Base de Actuación Conjunta (PBAC), tiene como objetivo articular intersectorialmente los procedimientos, acciones y servicios vinculados al abordaje de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en todo el Perú, tanto a nivel regional como local. Dicho protocolo es un mecanismo de articulación del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

El Protocolo debe considerar de forma especial la situación de las mujeres que, por su condición de tal, están más expuestas a sufrir violencia o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en la Ley N°30364, tales como las mujeres indígenas, andinas y amazónicas, las afrodescendientes, las mujeres con discapacidad y aquellas que se encuentran en situación de exclusión social, entre otras. Es por ello, que el 16 de junio del presente año, la Dirección General Contra la Violencia de Género emitió el Oficio Múltiple N° 0016-2022-MIMPDGCVG, dirigido a las Gerencias de Desarrollo Social o la que haga sus veces de los Gobiernos Regionales, a fin de solicitar información respecto del avance en el proceso de adecuación territorial del PBAC.

Es indispensable que los PBAC estén adaptados a cada contexto y respondan a las necesidades de la ciudadanía en el territorio, por lo que en repuesta el MIMP, a través de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios,  viene ejecutando el ciclo de fortalecimiento de capacidades al funcionariado para asegurar la idónea implementación del Protocolo, programándose para el presente año las asistencias técnicas presenciales y virtuales a las regiones de Pasco, Piura, Loreto, Cusco, San Martín y La Libertad.

Finalmente, para cualquier consulta y/o solicitud de asistencia técnica pueden comunicarse al correo electrónico: pbac@mimp.gob.pe

Para descargar el PBAC ingrese aquí:
PBAC




Violencia contra mujeres con discapacidad

Violencia contra mujeres con discapacidad foto CONADIS

Se denomina persona con discapacidad a “aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. De acuerdo a la Ley N° 29973, Ley general de la persona con discapacidad.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada y ratificada por el Perú el año 2007, reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. Con las mujeres con discapacidad se da una situación de doble discriminación, que da lugar a que formas extremas de violencia como el abuso y la violación sexuales queden en total impunidad.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[1], ha instado al Estado peruano erradicar y prevenir la discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad incorporando perspectivas de género en todos los programas y asegurando la plena e igual participación de esas mujeres en los procesos de adopción de decisiones; las mujeres y las niñas con discapacidad deben recibir una protección especial a efectos de prevenir y erradicar la violencia contra ellas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), expresa su preocupación por el hecho que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres con discapacidad, son particularmente vulnerables a la violencia.

Asimismo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belén do Pará – 1994), recomienda a los Estados parte tener en cuenta la especial situación de vulnerabilidad a la violencia de las mujeres con discapacidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que los niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor que los que no tienen discapacidad, según una revisión encargada por la OPS. Las niñas y niños cuya discapacidad se acompaña de enfermedad mental o menoscabo intelectual son los más vulnerables, pues sufren violencia sexual con una frecuencia 4,6 veces mayor que sus homólogos sin discapacidad[2].

La Ley n.° 30364, define la violencia contra los integrantes del grupo familiar, como cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Pone especial atención en las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Su objetivo es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres, durante todo el ciclo de su vida, por su condición de tales; en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física, como la discapacidad[3].  Considera el enfoque de interseccionalidad, el cual reconoce que la experiencia que las personas tienen de la violencia se ve influida por factores como la discapacidad[4].

El artículo 2° del reglamento de la Ley n° 30364 reconoce a las personas en condición de vulnerabilidad, entre las que incluye a las que, por razón de una discapacidad se encuentran con dificultades para ejercer a plenitud sus derechos. Asimismo, reconoce entre 18 modalidades, la violencia contra mujeres con discapacidad[5].

 




XVI Condecoración Orden al Mérito de la Mujer

orden merito

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la XVI Condecoración Orden al Mérito de la Mujer, reconocimiento que han recibido alrededor de 300 mujeres desde que se institucionalizó en el año 2003.

La edición 2019, destaca a las mujeres por su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y promoción de la igualdad de género. Son 12 categorías que caracterizan este reconocimiento:

  • Promoción de los derechos de las mujeres y real acceso a la igualdad.
  • Desempeño en las áreas de ciencia y tecnología, fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú, empresa, labor social, artes y deporte.
  • Por superar adversidades y ser ejemplo de vida (mujeres con discapacidad y adultas mayores).
  • En mérito a su trabajo en la protección y protección de mujeres indígenas, de pueblos afroperuanos.
  • Por cuidar el medioambiente y conservar la biodiversidad.

La candidata deberá ser presentada por una institución pública, privada u organización civil. No podrá ser inscrita en más de una categoría. Tampoco podrá ser presentada ni presentar candidata, ninguna funcionaria o servidora pública en ejercicio de sus funciones.

Las personas que ya han recibido alguna condecoración con la Orden al Mérito, tampoco podrán volver a postular.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de agosto. Se pueden hacer de manera electrónica en el portal web del MIMP, o de manera física remitiendo el expediente a la sede central del MIMP  (Jr. Camaná 616, Lima 1).

La selección está a cargo del Consejo Especial de la Condecoración, quién invita a otras instituciones para que participen en este proceso. Los resultados se conocerán el 27 de setiembre, y la ceremonia de condecoración es el 15 de octubre del presente año.

El MIMP invita a las organizaciones e instituciones públicas y privada a reconocer las buenas acciones, el talento, el éxito y la solidaridad de mujeres que destacan en el área de la vida social, cultural, económica y política del país, y presentar su candidatura para lograr su reconocimiento público de la sociedad y del Estado.

En este enlace puede encontrar mayor información:

https://www.mimp.gob.pe/ordenmerito/

  • Elaborado por: Susana Zapata



Mujeres, discapacidad y violencia

Introducción

En Perú, 1 millón 575 mil 402 personas presentan alguna discapacidad de las cuales 754 671 son hombres y 820 731 son mujeres, lo que significa que el 52 % de las personas con discapacidad son mujeres (ENEDIS, INEI, 2012).
Si bien es cierto, hay avances con relación a los derechos de las personas con discapacidad, la brecha sigue siendo amplia y muestra desigualdades en el acceso a los recursos y a la participación activa de las mujeres y los hombres en la sociedad que presentan esta condición.

La discapacidad no es un problema individual, es un fenómeno social, que se agrava debido a una cultura de discriminación, a la falta de políticas y de recursos, que no facilitan la participación e inclusión en el desarrollo del país de las personas que  presentan  discapacidad.

En el caso particular de las mujeres con discapacidad, destaca la falta de oportunidades laborales y condiciones educativas inclusivas.

La reclusión en las actividades domésticas afecta tanto a las mujeres con algún tipo de discapacidad, como a las que tienen familiares en dicha condición, debido a que la totalidad de las labores de cuidado recaen sobre ellas.  De esta manera, se afianzan  los roles de género impuestos a las mujeres, que además se ejercen en condiciones de subordinación y precariedad.

Mujeres, discapacidad y educación

La educación es un componente clave para el desarrollo cuyo acceso está condicionado por las oportunidades disponibles.  Las personas con discapacidad la tienen difícil en ese aspecto;  pues el grueso de ellas se concentran entre las que han alcanzado la educación primaria (ENEDIS, 2012). Se suma a esto, las brechas de género, puesto que del total de personas con discapacidad el 29 % de mujeres nunca fueron a la escuela frente al 15 % de hombres. Como se puede ver en el cuadro adjunto, la brecha de acceso a la educación se acorta en el nivel inicial y primaria, sin embargo, se extiende en el nivel secundaria, donde solo el 19 % de las mujeres con algún tipo de discapacidad acceden al colegio frente al 26% de hombres.

Personas con discapacidad según  sexo y nivel educativo alcanzado a nivel nacional

Fuente: Encuesta Especializada en Discapacidad. INEI, 2012./ Elaboración: Observatorio Nacional de la violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

Estas cifras son más preocupantes en el área rural, donde el 57 % de las mujeres no cuenta con ningún nivel educativo y solo el 33 % de mujeres que viven en el medio rural estudió la primaria

Personas con discapacidad  en el medio rural según sexo y nivel educativo alcanzado a nivel nacional

Fuente: Encuesta Especializada en Discapacidad. INEI, 2012./ Elaboración: Observatorio Nacional de la violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

Mujeres, discapacidad y empleo

Los bajos niveles de educación de las personas con discapacidad que nos muestra la ENEDIS (2012) constituyen  un importante factor que le impide el acceso a un empleo. Según la citada encuesta,  de 1 millón 575 mil 402 personas que presentan alguna discapacidad,  el 76.8 % están fuera del mercado de trabajo y únicamente el 21.7% pertenece a la  población económicamente activa.

Fuente: Encuesta Especializada en Discapacidad. INEI, 2012.

Este  mismo informe, evidencia también una brecha por género en el acceso al empleo, al mostrar un mayor porcentaje de varones (26,1%) que de mujeres (12,8%) formar parte de la población que contaba con un empleo. Así también, es de destacar, que el 83.7% de las mujer forma parte de la población no económicamente activa, es decir, que no tiene empleo  o que ya no lo busca.

Se considera, por lo tanto, que toda política orientada a promover oportunidades de empleo a esta población debe estar  en estrecha relación con el cierre de brecha educativa y la de género.

Las cifras sobre el nivel educativo de las mujeres con algún tipo de discapacidad no hacen sino evidenciar la urgencia de mejorar su calificación laboral para favorecer su inclusión en el mercado de trabajo.  En este sentido, es necesario promover políticas públicas con un enfoque de género que favorezcan el acceso a la educación y empleo.

Mujeres, discapacidad y violencia

Los datos presentados en educación y en empleo muestran un tipo de violencia encubierta que afecta a las mujeres con discapacidad y que no termina de develarse. Sin embargo, hay una violencia evidente que se viene registrando en los Centros Emergencia Mujer.
Entre enero y marzo del presente año, en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) registró 29 287 casos de violencia psicológica, física, sexual y económica atendidos a nivel nacional, de los cuales 409 corresponden a personas con algún tipo de discapacidad, de las que el 71 % fueron mujeres y el 29 % fueron hombres.

Personas con discapacidad atendidas en los CEM que han sufrido violencia según sexo a nivel nacional, 2018

Fuente: Registro de casos de los CEM del  Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual -MIMP, (Enero-Marzo 2018.)

La mayor parte de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia tienen entre 18 y 59 años, mientras que en el caso de los hombres la mayor parte son adultos mayores de 60 a más años.

Personas con discapacidad atendidas en los CEM que han sufrido violencia según  grupos de edad  a nivel nacional, 2018

Fuente: Registro de casos de los CEM del  Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual -MIMP, (Enero-Marzo 2018.)

Así mismo, desde el 2015 hasta marzo de 2018 en los CEM atendieron 785 casos de tentativa de feminicidio a nivel nacional, de los cuales 11 corresponden a mujeres con discapacidad.

Cabe señalar que  ejercer violencia  contra una persona con discapacidad es un agravante para el sistema jurídico peruano que conllevaría a una pena de 8 años por delitos graves hasta a 15 años de prisión.

 

La discapacidad no es un  problema social, sino las condiciones que la hacen intolerable. Con políticas inclusivas y de protección podemos tener una sociedad inclusiva para todas las personas.

En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se trabaja para dar visibilidad a este problema en el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y en las regiones en coordinación con las Oficinas Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).