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MIMP realiza conferencia internacional sobre trata de personas y su impacto en la población indígena y amazónica

MIMP realiza conferencia internacional sobre trata de personas y su impacto en la población indígena y amazónica

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó la conferencia “Desafíos para la comprensión y la gestión de conocimiento de la trata de personas en la población indígena y de la selva” con el objetivo de visibilizar los impactos de este problema en la población indígena y nativa de Ecuador, Bolivia, Colombia, México y Perú. Así como brindar información actualizada sobre el estado situacional de la trata de personas; los logros y retos de los mecanismos normativos y sociales en los mencionados países.

En la inauguración del evento, Milagros Monge Gómez, Directora General Contra la Violencia de Género del MIMP, manifestó que la trata de personas es uno de los crímenes más graves en nuestra sociedad. “En una época en que la esclavitud pareciera no existir, hay mujeres, adolescentes, niñas, explotadas sexual y laboralmente, sometidas a prostitución ajena, es un fenómeno complejo, por ello creemos importante fortalecer capacidades en operadores, operadoras y funcionariado, para abordarlo con un enfoque interseccional” concluyó.

El evento que se desarrolló de manera virtual el 15 de agosto del presente año, contó con reconocidos especialistas y académicos internacionales, que expusieron sobre el impacto de la trata de personas en las poblaciones indígenas en sus respectivos países como la Dra. Solanda Goyes Quelal, Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura de Ecuador; el Dr. Marco Baldivieso Jinés, magister en Derecho Constitucional y ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia; el Defensor de Grupos Étnicos en Colombia, Dr. Rafael Ramírez Restrepo y el  experto en derecho indígena y docente de la Facultad Interamericana de Litigación A.C. México, Dr. Adán Rivera Morelos.

En representación del Perú, participó el Dr. Antonio Salazar García, Director General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, quien presentó los avances y desafíos que aún tenemos como país.

La conferencia estuvo dirigida a los funcionarios, operadores y tomadores de decisión de la ruta de atención en trata de personas de la Poder Judicial, Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, Superintendencia Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Defensoría del Pueblo, de los gobiernos locales y regionales de los tres departamentos. Participaron también las trabajadoras y trabajadores del sector, correspondientes a los servicios del Programa Nacional Aurora y de las Unidades de Protección Especial (UPE).

Este evento del MIMP, organizado a través de la Dirección de Asistencias Técnica y Promoción de Servicios de la Dirección General contra la Violencia de Género, forma parte del III Curso de Nivel Básico-2022 “Abordaje Interseccional de la Trata de Personas como Modalidad de Violencia de Género”, dirigido a operadores, operadoras, funcionariado y tomadores de decisión de servicios, con énfasis en las regiones de Loreto, Cusco y Tacna.

Según reportes del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior –MININTER:

  • De enero a marzo del 2022, se registraron 75 denuncias por trata de personas, el 92% víctimas eran mujeres y 8% hombres.
  • En el acumulado de enero 2017 a marzo 2022, se registraron 2 950 denuncias por trata de personas,85% corresponden a víctimas mujeres y 15% son hombres.



MIMP: realizan Seminario Internacional para fortalecer Sistemas Nacionales Especializados de Justicia en favor de la protección a mujeres víctimas de violencia

MIMP realizan Seminario Internacional para fortalecer Sistemas Nacionales Especializados de Justicia en favor de la protección a mujeres víctimas de violencia

Evento contó con la participación de referentes internacionales quienes contaron experiencias y desafíos en la lucha contra la violencia de género .

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) llevó a cabo el seminario internacional denominado “Avances y desafíos de los Sistemas Nacionales Especializados de Justicia para protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en Latinoamérica”, con el objetivo de sensibilizar y fortalecer las capacidades de los operadores de justicia y de los actores estratégicos en la importancia de trabajar de manera conjunta y especializada en la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, recogiendo las buenas prácticas que se vienen obteniendo y desarrollando en la región.

El evento fue inaugurado por la ministra Anahí Durand, quien recalcó que “la violencia contra las mujeres es una problemática que afecta gravemente a nuestra sociedad, por ello, se requiere poner todo el esfuerzo para superarla con el apoyo de todas las instituciones. Los servicios de justicia deben asegurar el bienestar de las víctimas y sancionar oportuna y drásticamente a los causantes de la violencia en cualquiera de sus formas. No debemos seguir tolerando la violencia”, acotó.

Asimismo, la titular del sector resaltó que la violencia no solo afecta a las víctimas que la padecen directamente; sino también, a su familia y a todo su entorno. “Con el Sistema Especializado de Justicia, aspiramos al éxito de un proceso acorde con los principios y recomendaciones de estándares internacionales con énfasis en la violencia con grupos en situación de vulnerabilidad”, remarcó.

A su turno, la viceministra de la Mujer, María Pía Molero, indicó que “es importante continuar con esta ruta de trabajo conjunto en favor de prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Conocer las experiencias ejecutadas en otros países nos permite tener una visión amplia y seguir mejorando todos nuestros procesos para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”.

Las ponencias estuvieron a cargo de Laura Carrera Lugo (México), por la universidad de Navarrete; Mabel Bianco (Argentina), presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer; Alejandra Mora Mora (Costa Rica), máxima autoridad de género en la Secretaría General de la OEA y Elvira Álvarez Olazabal (Perú), Jueza Suprema integrante de la Primera Sala Civil y Social de la Corte Suprema, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.

Las ponentes dieron cuenta de los avances y desafíos en sus respectivos países en materia de acceso a la justicia para las mujeres sosteniendo puntos de encuentro, entre los que destacan: (i) la necesidad de contar con presupuesto para implementar reformas y mejoras en los sistemas de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres, (ii) considerar las estrategias preventivas como la base de las intervenciones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, (iii) incorporar el enfoque de género en todos los estamentos y documentos normativos en materia de violencia, (iv) estudiar el perfil y trabajar más con los agresores, (v) fortalecer la articulación entre actores de distintos niveles (local, regional y nacional) y desde los diferentes sectores o entidades, (vi) considerar que el contexto de pandemia por Covid-19 ha exacerbado la violencia contra las mujeres, (vii) la necesidad de fortalecer las capacidades de las y los operadores/as a través de cursos de especialización en materia de violencia basada en género.

Este evento virtual contó con la participación de la Viceministra de Seguridad Pública – Olga Luz Chagua Timoteo; la Fiscal Suprema Provisional y Representante del Ministerio Público ante la Comisión de Alto Nivel de la Ley N°30364 – María Sokolich Alva; la directora general de la Dirección contra la violencia de género del MIMP – Silvia Romero Borda y la directora general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Zoila Isabel Macavila Román.

Prensa MIMP

 




Esterilizaciones forzadas en el Perú 

Esterilizaciones forzadas

Los procedimientos quirúrgicos y esterilización realizados a una persona contra su voluntad o sin consentimiento libre e informado, son considerados grave violación de derechos humanos. Cuando ha sido tolerada o promovida por el Estado, se está ante un crimen de lesa humanidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La Ley n.° 26842, Ley General de Salud, establece que “toda persona tiene derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo los métodos denominados naturales, y a recibir, con carácter previo a la prescripción o aplicación de cualquier método anticonceptivo, información adecuada sobre los métodos disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias y efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su uso o aplicación puede ocasionar.

Para la aplicación de cualquier método anticonceptivo se requiere del consentimiento previo del paciente. En caso de métodos definitivos, la declaración del consentimiento debe constar en documento escrito”.

De acuerdo con la información del Ministerio Público[1], entre 1996 y 2000 se identificaron 2 091 presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, las que no habrían dado su consentimiento, ni se les habría brindado la información necesaria. 

Mediante Decreto Supremo n.° 006-2015-JUS, el Estado declaró de interés nacional la atención prioritaria a las víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001, con asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral. Asimismo, se crea el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

[1] Expediente nº 26-2011, seguido ante la Tercera Fiscalía Supraprovincial (Decreto Supremo nº 006-2015-JUS).




Estado peruano fortalece la interoperabilidad en el Sistema nacional especializado de justicia

Estado peruano fortalece la interoperabilidad en el Sistema nacional especializado de justicia

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó, mediante Decreto Supremo N° 145 – 2021-PCM, el fortalecimiento de la Interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) para la protección y Sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La finalidad del reglamento es implementar la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia, a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y el uso de los bloques de interoperabilidad. De esta manera se garantiza el funcionamiento armónico y cohesionado de los procesos y plataformas digitales existentes en dicho Sistema.

La norma es de aplicación de las entidades que conforman el SNEJ, constituido por: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Es importante precisar que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM programa, dirige, coordina, supervisa y evalúa la implementación progresiva y urgente de la interoperabilidad en el SNEJ; asimismo, promoverá el uso de plataformas digitales transversales, bloques de interoperabilidad y medidas de seguridad digital para dicho fin.El Sistema Nacional Especializado de Justicia implementará mecanismos de notificación, a través de tecnologías y medios digitales o electrónicos, y en caso de no contar con ningún mecanismo, se utilizarán las plataformas Casilla Única Perú y Mesa Digital Perú.  Además, harán uso de las firmas digitales en los expedientes y en los documentos e información que se comparten en las plataformas de interoperabilidad del Estado.

Es importante mencionar que toda entidad que conforma el Sistema Nacional Especializado de Justicia, titular de un software público vinculado con soluciones o sistemas de información que automaticen la gestión documental, gestión de expediente electrónico y archivo digital debe ponerlo a disposición de los otros integrantes del Sistema a través de la Plataforma Nacional de Software Público Peruano (PSPP).

También se disponen acciones para el desarrollo de capacidades del SNEJ para alfabetizar en conceptos y criterios en el tema de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como generar competencias digitales.

De esa manera el Estado peruano sigue avanzando en la lucha contra violencia hacia las mujeres y a los integrantes del grupo familiar, haciendo uso de la tecnología digital, que permita articular la atención en el ámbito de la justicia de manera inmediata y oportuna.

Para más información revise el Decreto Supremo Nº 145-2021-PCM aquí.
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Modifican el Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Modifican el Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Con Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP, el Ejecutivo aprueba la modificación de los artículos 14, 15, 16, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 34, 37 y 67 del Reglamento de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La norma señala que la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público son las entidades encargadas de recibir las denuncias de manera presencial o a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias. En caso la denuncia se haga en la PNP, esta debe registrarse en el Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL).

Cuando las víctimas de violencia son niñas, niños y adolescentes, o personas agresoras son menores de 18 años y mayores de 14 años, la denuncia se hace en la Fiscalía de Familia o la que haga sus veces.

En el caso de personas adultas mayores en situación de riesgo, se comunica a la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En los lugares donde no se cuenta con este servicio se hace lo propio con el Poder Judicial.

Los casos de violencia pueden ser denunciados también por profesionales de la salud, de educación u otros funcionarios/as públicos/as que, en el desempeño de sus funciones tomen conocimiento sobre estos hechos. Sin que se tenga que presentar la documentación de la persona afectada.

Las víctimas y personas denunciantes no requieren presentar documento que acredite su identidad, basta con que las instituciones receptoras verifiquen en el Sistema Integrado del RENIEC la identidad de la persona. En caso no se encuentre inscrita en el RENIEC o es extranjera que no cuenta con documentación, se informa al Centro Emergencia Mujer (CEM) de la jurisdicción. En los lugares donde no hay este servicio, se acude a Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para interponer una denuncia no es exigible presentar certificados, informes, exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia.

En las disposiciones complementarias finales de la norma se mencionan responsabilidades y plazos para los sectores involucrados: la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial realizan las acciones necesarias para poner en funcionamiento la Plataforma Digital Única de Denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones coordina con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Presidencia del Consejo de Ministros (Secretaría de Gobierno Digital) la estrategia de difusión masiva sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial difunden entre los operadores que participan en la ruta de atención de los casos de violencia, las modificaciones del Reglamento de la Ley.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público,  Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú,  Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, aprueba el “Protocolo Interinstitucional de Atención de Denuncias Digitales sobre Casos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”, en un plazo de noventa (90) días a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo.

Encuentre aquí :

Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP
Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP




Aprueban norma que fortalecerá el Sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

Aprueban norma que fortalecera el Sistema nacional especializado de justicia para la proteccion y sancion de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

El Poder Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional para la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 2021-2026 que precisa las metas, mecanismos de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ).

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Estrategia Nacional es el instrumento de gestión que articula y organiza la actuación de las instituciones que integran el SNEJ, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de las víctimas de violencia: Ministerio Publico, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Con la Estrategia Nacional se promueve la sostenibilidad de los servicios especializados del SNEJ con criterios técnicos, de manera planificada, ordenada, articulada, con mecanismos de monitoreo, seguimiento y capacitación, entre otros. Del mismo modo, se espera aportar en la intervención especializada de justicia, con enfoque de género, debida diligencia, intervención de oficio y oportuna” menciona Teresa Hernández Cajo, Directora General contra la Violencia de Género.

Seguido agrega que, “con esta herramienta se aspira al éxito de un proceso acorde con la Ley 30364 y estándares internacionales en la materia, con énfasis en la violencia a grupos en situación de vulnerabilidad como la población LGTBI, mujeres indígenas u originarias, afrodescendientes, adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros”.

El Decreto Supremo 011-2021-MIMP, publicado el 10 de julio en el diario El Peruano, señala un plazo de 75 calendario para la aprobación de las metas, mecanismos de seguimiento y evaluación en la implementación progresiva del SNEJ, e involucra en todo el proceso a las instituciones que lo conforman, para lo cual, cuentan con la asistencia técnica del MIMP, sector que tiene a su cargo la conducción de la Estrategia Nacional.

El informe de los avances anuales, se presentarán ante la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) órgano técnico del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, encargado de proponer y aprobar intervenciones de políticas para cumplir con la erradicación de toda forma de violencia en el país.

El SNEJ, se creó en el año 2018 con Decreto Legislativo N° 1368, con el fin de garantizar la sanción efectiva, oportuna e idónea de los delitos de violencia que impactan a las mujeres e integrantes del grupo familiar especialmente niñas, niños y adolescentes. Lo integran los servicios de asistencia jurídica y social (Centro Emergencia Mujer), defensa pública (MINJUSDH), protección y sanción, (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial).

Encuentre aquí:




Aprueban criterios y distribución de servicios en distritos judiciales integrantes del Sistema Nacional Especializado de Justicia

Aprueban criterios y distribución de servicios en distritos judiciales integrantes del Sistema Nacional Especializado de Justicia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), junto con los equipos técnicos del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, integrantes del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), aprobaron los criterios y lugares (provincias, distritos), donde se implementará o fortalecerá los servicios de protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Se trata de los distritos judiciales de Arequipa, Ancash, Lima Este, Callao y Ventanilla.

Para la distribución de los servicios se tuvo como criterios el enfoque centrado en el ciudadano (acceso y calidad de servicio), implementación articulada de los servicios del SNEJ, la carga procesal y la eficiencia en el uso de recursos públicos, todo ello en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 110-2020-EF que transfiere recursos presupuestales para la implementación del Programa Presupuestal Orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer en el año fiscal 2020.

De acuerdo con los criterios mencionados, en el distrito judicial de Ancash se han priorizado las provincias de Huaraz, Huari y Huaylas para la implementación de los nuevos servicios. En el distrito judicial de Arequipa, las provincias de Camaná, Caylloma (Majes) e Islay (Mollendo) y los distritos de Paucarpata, Cerro Colorado y Arequipa. En el caso de los distritos judiciales de Callao, Lima Este y Ventanilla, los nuevos servicios se ubicarán teniendo en cuenta la articulación y el funcionamiento del sistema.

El MIMP es el responsable del Programa Presupuestal Orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer y coordina su implementación y seguimiento en el marco de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que dirige el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar. De esta manera, el MIMP continúa articulando esfuerzos con las instituciones del Estado para garantizar la igualdad de género y lograr un Perú sin violencia.




CMAN: preocupa desaparición de mujeres y la entrega oportuna de kits de emergencia para casos de violación sexual durante la emergencia sanitaria

CMAN preocupa desaparición de mujeres y la entrega oportuna de kits de emergencia para casos de violación sexual durante la emergencia sanitaria

En su 19º sesión, el día viernes 29 de mayo del presente año, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), puso en agenda dos problemas que afectan a las familias y a las mujeres en esta emergencia sanitaria: la desaparición de mujeres, niños, niñas y adolescentes, y la entrega oportuna de kits de emergencia para casos de violación sexual.

Acerca de la desaparición de mujeres, niños, niñas y adolescentes, el Ministerio del Interior se comprometió a informar respecto de las denuncias, sobre las acciones realizadas para la ubicación de las personas desaparecidas, así como la aprobación e implementación del Portal de personas desaparecidas y el Registro Nacional de Información de personas Desaparecidas.

La Fiscalía de la Nación informará sobre los casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes desparecidas, que presenten indicios de hechos delictivos, así como las acciones de investigación y búsqueda que se han adoptado para estos casos.

Con relación a la entrega de kits de emergencia, se debe recordar que, se debe efectuar de manera obligatoria y gratuita a las mujeres víctimas de violencia sexual, a través de sus establecimientos de primer nivel de atención y en hospitales, en el marco de lo señalado en la Resolución Ministerial N° 227-2019/MINSA.

Al respecto, el MINSA se comprometió en enviar información sobre el número de casos de violación sexual atendidos, el perfil de las personas atendidas, así como sobre la atención integral brindada a las víctimas (física y psicológica) así como de la disponibilidad de Kits de emergencia a nivel nacional.

Por otro lado, las instituciones miembros del CMAN informaron sobre el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria, entre los que se encuentran las acciones adoptadas por el Poder Judicial respecto del uso de cuentas de correo institucionales y la implementación de líneas telefónicas móviles para la recepción de denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como la ampliación de competencias de los juzgados para la atención de estos casos.

Finalmente, se presentaron los avances de la ejecución del Plan de Acción Conjunto 2020 por parte de 8 instituciones (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo); y en la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados para la Reducción de la violencia contra las mujeres. Sobre este último se cuenta con 2 normas aprobadas hasta el momento: Decreto Supremo N° 110-2020-EF, de fecha 15 de mayo de 2020 que autorizó la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales; y la Resolución Ministerial N° 088-2020-MIMP, de fecha 27 de mayo de 2020, que aprobó la Matriz de Compromisos.




MIMP transfiere presupuesto a entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para la reducción de la violencia contra las mujeres

MIMP transfiere presupuesto a entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para la reducción de la violencia contra las mujeres

En el presente mes, el Ejecutivo aprobó, con Decreto Supremo N° 110-2020-EF, la transferencia de S/. 106, 059,913.00 (ciento seis millones cincuenta y nueve mil novecientos trece y 00/100 soles) del presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a otras instituciones del Gobierno Nacional (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público y Poder Judicial) y Gobiernos Regionales (Arequipa, Callao, Huánuco y Junín), con el fin de financiar las acciones priorizadas en el Programa Presupuestal Orientado a Resultados (PPoR) para la Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM).

Cabe señalar que, la reducción de la violencia contra las mujeres fue considerada prioridad para el Estado en materia de logro de resultados prioritarios del presupuesto1 ; en ese sentido, en el año 2019, se constituyó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la formulación del PPoR RVcM2 , el cual producto de un trabajo coordinado y articulado formuló el programa, aprobado mediante la Resolución Suprema N° 024-2019-EF, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de diciembre 2019.

En su formulación se ha adoptado el Modelo Ecológico de Violencia contra la Mujer suscrito por la OMS, que considera la violencia como el resultado de la interacción de múltiples factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales, que interactúan para aumentar la probabilidad de que se perpetre la violencia o de ser una víctima de violencia. A partir de este modelo se desarrolló el modelo explicativo (se sustenta en la mejor evidencia disponible respecto de los factores específicos dentro del Modelo Conceptual y su vinculación causal con los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres), el modelo prescriptivo (presenta y sustenta, en base a evidencias, las intervenciones seleccionadas que inciden en los factores del modelo explicativo o en la condición de interés directamente) y, finalmente, la Teoría de Cambio.

De acuerdo con la Teoría del Cambio, el PPoR a través de sus productos busca reducir i) la violencia física, sexual y psicológica en relación de pareja y feminicidio íntimo de pareja, ii) la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres fuera de la relación de pareja y iii) el acoso sexual. En ese sentido, considera 24 productos basados en evidencia y organizados en tres dimensiones: prevenir, atender y restaurar.

Cabe señalar que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su calidad de rector de la política de igualdad de género, encontrándose comprometido en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y lo integrantes del grupo familiar, coordina las acciones relacionadas con la implementación de las intervenciones priorizadas del PPoR.

 

programa presupuestal orientado a resultados para la reducción de la violencia contra la mujer transferencia financiera 2020
*Decreto Supremo N° 110-2020-EF, autorizan transferencias de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos
Nacionales

 

Presupuesto transferido a Gobiernos Regionales
*Anexo 2 del Decreto Supremo N° 110-2020-EF, autorizan transferencias de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Nacionales

 

[1] Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 (artículo 22°).
[2] Resolución Ministerial N°162-2019-EF/10




Comisión Multisectorial de Alto Nivel evalúa cumplimiento de metas 2019

Comisión Multisectorial de Alto Nivel evalúa cumplimiento de metas 2019

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), realizó el 18 de noviembre su reunión número 13, con el fin de revisar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Conjunto 2019, que tiene puesto el énfasis en los casos de violencia de alto riesgo.

En el año 2018,  el Gobierno aprobó mediante Decreto Supremo n° 008-2018-MIMP el Plan de Acción Conjunto, para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, el cual se desprende en planes anuales. En virtud del Plan 2019, es que la CMAN se reunió con el fin de revisar la ejecución de metas físicas y presupuestos del Plan, del mismo modo,  adoptar acuerdos con relación a sus metas.

La CMAN es el mecanismo de técnico del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, creado por Ley 30364. Tiene como fin, dirigir el Sistema Nacional, y articular las acciones del Estado que buscan erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Este órgano, está conformado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Educación, Salud, Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura, Defensa, Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, quien la preside.

El énfasis de la reunión estuvo en la evaluación de la ejecución de metas físicas y presupuestales de cada entidad que participa en el Plan de Acción Conjunto. Al respecto se resaltaron los siguientes avances:

  • Al 18 de noviembre, un tercio de las metas del Plan de Acción Conjunto habían sido cumplidas.
  • De los dos tercios de metas físicas restantes, poseen plazo de cumplimiento a diciembre. Las entidades vienen realizando todas las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento y se están monitoreando sus avances de manera permanente.
  • Para ello, la Secretaría Técnica de la CMAN y la Presidencia del Consejo de Ministros están realizando reportes de seguimiento semanales a las entidades que conforman el Plan de Acción Conjunto.

Principal acuerdo:

  • Las entidades a cargo de la ejecución de la Estrategia del Plan de Acción Conjunto 2019 se comprometen a informar a la Secretaría Técnica de la CMAN, de forma semanal, sobre su actualización de la ejecución de las metas y presupuesto del Plan de Acción Conjunto, así como a proporcionar los medios de verificación de dicho cumplimiento.

Retos que se plantea la CMAN:

    • La Secretaría Técnica de la CMAN realizará un informe balance final del cumplimiento del Plan de Acción Conjunto, en el que se recogerán los principales avances contra la violencia hacia las mujeres en virtud del cumplimiento del Plan de Acción Conjunto; así como los desafíos de cara al año 2020.

    • Elaborado por: Susana Zapata y Cristina Valega