En el marco de la Ley nº 30364, la Región Ucayali implementó el Observatorio Regional de la Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, con el cual suman 17 en todo el territorio nacional, hasta la fecha. El presente año 2021 se han implementado tres Observatorios regionales en Puno, San Martín y Ucayali; en el año 2020 se instalaron 6 Observatorios regionales en Loreto, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Arequipa, Pasco; en el año 2019 fueron 7, en las regiones de Huánuco, Apurímac, Huancavelica, Ica, Callao, Ayacucho, y la Libertad; y en el 2018 se instaló el Observatorio regional de Tacna. Cabe mencionar que, los Gobiernos Regionales de Moquegua y Amazonas cuentan con Ordenanzas Regionales de creación de Observatorios Regionales, encontrándose en proceso de implementación.

Los Observatorios Regionales son mecanismos de articulación y coordinación de las Instancias Regionales de Concertación que brindan información y generan conocimiento, en sus ámbitos territoriales, referido a la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; así como de las intervenciones generadas para su prevención, atención y protección de las víctimas, y/o sanción y reeducación de las personas agresoras, a través de la presentación de estadísticas, normativas (ordenanzas, resoluciones), red de servicios locales, entre otros.

Debemos indicar que:

1. Los observatorios deben actuar como mecanismos de observación y tienen por finalidad lograr un mayor conocimiento de la realidad social de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, para que la sociedad tome conciencia y actúe. Asimismo, deben promover acciones políticas que transformen la sociedad.
2. El público objetivo de los Observatorios son los/as operadores/as de servicios públicos, las víctimas de la violencia, los medios de comunicación, los/as planificadores/as de políticas, los/as activistas, entre otros actores que trabajan o están interesados en el tema de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
3. En los Observatorios, la difusión de la información debe reflejar la realidad y los problemas más sentidos por la población, brindando una mirada global e integradora que trascienda a los mitos que suelen reproducir y justificar la violencia y desigualdad. Es decir, además de la violencia se debe mirar la educación, la salud, el empleo, la cultura, la política, el arte, la migración, etc.
4. Los Observatorios deben poner atención en los contenidos y la claridad de los conceptos a fin que la divulgación sea efectiva.  Por ejemplo, el concepto «violencia hacia las mujeres» se refiere a la violencia que afecta a las mujeres en un contexto de dominación estructural de lo masculino frente a lo femenino, y por ello también se denomina violencia de género.  En nuestras políticas se usan el término «enfoque de género» o «perspectiva de género» y no existe el término «ideología de género».
5. Los Observatorios Regionales deben contar, además del equipo consultivo conformado por Instancia Regional de Concertación, con un equipo técnico que se encargue del funcionamiento operativo del Observatorio.

Dentro de ese marco, la Dirección General contra la Violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia técnica y acompañamiento a los Gobiernos Regionales, que lideran las Instancias de Concertación Regional, para la creación e implementación de los Observatorios regionales, en cumplimiento de la Ley nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Para mayor información sobre los Observatorios regionales en el país, puede visitar el siguiente enlace: https://observatorioviolencia.pe/observatorios-regionales/

A través de la V Edición de la Marca de Certificación «Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer».

Como titular de la Marca de Certificación «Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer», el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) convocó a las instituciones públicas y privadas a participar en la V Edición del procedimiento para obtener la Licencia de Uso de la referida certificación.

La Marca de Certificación es el reconocimiento que otorga el MIMP, cada dos años, a las personas jurídicas, públicas o privadas, que cumplen con estándares de calidad en el desarrollo de acciones de promoción de la igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación, al interior de sus organizaciones y hacia la comunidad.

El lanzamiento de la V Edición estuvo presidido por la titular del MIMP, Silvia Loli, quien destacó que la violencia ocasiona daños, riesgos y desventajas que impactan en las víctimas, en la sociedad y en las empresas. No solamente se expresa a nivel económico sino también en un clima laboral poco propicio para el avance y desarrollo integral de las personas.

“Desde el Estado nos interesa desarrollar un trabajo y una sinergia con las empresas públicas y privadas porque entendemos que una agenda que luche contra la violencia y la desigualdad, si no incluye el trabajo activo y comprometido de todas y todos no va a ser posible un avance sustancial”, refirió Silvia Loli.

En ese sentido agradeció a las empresas que han hecho un esfuerzo por introducir la agenda por la igualdad y lucha contra la violencia en el desarrollo de su labor cotidiana y por desarrollar acciones de prevención en sus entornos locales.

La ministra refirió también que en la IV Edición, concluida este año, se certificó a 63 personas jurídicas privadas como acreedoras de la Licencia de Uso de la Marca de Certificación, con vigencia hasta marzo del año 2022.

Dichas personas jurídicas provienen de 11 regiones del país (Lima, Arequipa, Puno, Amazonas, Loreto, Ica, San Martín, Callao, Huánuco, Ayacucho y La Libertad) y responden a diversos sectores económicos como construcción, educación, editorial, industria farmacéutica, arquitectura e ingeniería, comunicaciones, hotelería, consultoría, tecnología, textil, generación y distribución de energía eléctrica, minería y otros.

En esta V Edición, la Marca de Certificación contempla el cumplimiento de estándares de calidad, referidos a 4 criterios y 18 subcriterios de evaluación sobre la transversalización del enfoque de género, garantía de los derechos económicos y laborales de las mujeres, conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales, y la prevención y atención de la violencia de género, tal como se estipulan en las nuevas bases y el nuevo Reglamento de Uso de la Marca de Certificación.

Las personas jurídicas interesadas en participar en el procedimiento para obtener la Licencia de Uso de la Marca de Certificación, en la V Edición, podrán conocer los requisitos en la página web: https://www.mimp.gob.pe/empresasegura/Vedicion.php

Prensa MIMP

El 23 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la inauguración del Curso “Comunicación con enfoque de género para prevenir la violencia contra las mujeres”. Este tiene como objetivo garantizar un ejercicio del periodismo y de la publicidad que no violente ni discrimine, que fomente la igualdad y contribuya a prevenir la violencia contra las mujeres. Está dirigido principalmente a profesionales que se desempeñan en el ámbito de las Comunicaciones, específicamente periodistas, publicistas y carreras afines.

El curso es un esfuerzo conjunto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior; gracias a la colaboración institucional de la Agencia Española de Cooperación Internacional – AECID. Cabe señalar que el curso cuenta con el auspicio de la Oficina UNESCO en Perú.

Este se divide en tres módulos: i) el enfoque de género como aproximación: conceptos generales básicos; ii) los medios de comunicación y el rol del periodismo en la prevención de la violencia de género contra las mujeres; y, iii) el quehacer publicitario y el potencial para transformar contenidos para prevenir la violencia de género contra las mujeres. El curso se llevará a cabo durante tres semanas con un total de 18 horas lectivas. Cuenta con 40 participantes de diferentes disciplinas de las comunicaciones, provenientes de las regiones de Lima, San Martín, Cajamarca, Puno, Junín, La Libertad, Piura e Ica.

¡Éxitos a todas y todos los/as participantes!

A través de un pronunciamiento emitido el 8 de julio, la Instancia Regional de Concertación de Ica, muestra su preocupación por la violencia a las mujeres a través de las redes sociales a mujeres, y reitera su compromiso de seguir trabajando para construir una sociedad libre de violencia, con ejercicio de derechos y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

PRONUNCIAMIENTO DE LA INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACIÓN PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA REGIÓN ICA

El avance de las tecnologías de la información y comunicación han permitido que las redes sociales se desarrollen y se utilicen regularmente en nuestro día a día. Estas redes son espacios digitales que permiten difundir y obtener información de cualquier índole, con un amplio alcance, lo que ha generado que ciertos fenómenos cambien o se acentúe, como son, el ciberbullying, el ciberacoso y la violencia.

El Plan Nacional contra la Violencia de Género reconoce distintas modalidades, entre ellas la Violencia y las tecnologías de la información y comunicación, donde se expone que el internet normalizó la explotación sexual de mujeres, niñas y niños y la violencia en su contra.

Ante las fotografías y videos modificados que circulan en distintas redes sociales, donde se denigra la dignidad de las mujeres al superponer su imagen en situaciones y/o conversaciones irreales, muchas con contenido sexual, los miembros de esta Instancia consideramos que constituyen –indudablemente- un hecho de violencia.

Desde la Instancia rechazamos cualquier forma de violencia contra las mujeres, y demandamos a las autoridades competentes una investigación célere y las personas involucradas sean sancionadas con severidad.

Invocamos a la población al uso responsable de las redes sociales y a no difundir o compartir imágenes o videos donde se observa actos de violencia contra la mujer, por el contrario, denunciar estos hechos a la Policía Nacional o Fiscalía Penal. Asimismo, comunicarse al CEM a través de la Línea 100, con el fin de garantizar la atención y recuperación integral de la salud de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para construir una sociedad libre de violencia donde las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Ica, 08 de julio de 2020.

La Libertad es la novena región cuya Instancia Regional de Concertación (IRC) adopta medidas para evitar el incremento de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, agudizadas en el aislamiento social obligatorio por la pandemia Covid-19.

Al igual que las instancias regionales de Ayacucho, Callao, Cusco, Ica, Huancavelica, Huánuco, Lima Metropolitana y Tacna, la IRC de La Libertad emitirá un pronunciamiento en el que reafirmará su compromiso en la atención y protección a las víctimas de violencia.

Asimismo, se comprometen a reforzar la articulación interinstitucional para la prestación de servicios esenciales de prevención de la violencia; implementar el uso de recursos tecnológicos para optimizar la atención y protección de las víctimas; garantizar la ejecución inmediata de las medidas de protección; coordinar y garantizar el descarte del Covid-19, así como el tratamiento y cuidado que requieran las víctimas de violencia; entre otros compromisos.

El acuerdo fue tomado en la sesión presidida por el Gobierno Regional, efectuada el 16 de junio del presente año, en la que participó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia de la Dirección General Contra la Violencia de Género, con el objetivo de brindar recomendaciones técnicas para reforzar las funciones de las IRC y precisar los alcances del Decreto Legislativo Nº 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante el estado de emergencia.

A partir de esta sesión, la Instancia Regional de Concertación se declaró en sesión permanente, a fin de coordinar y articular las acciones necesarias para la inmediata atención y protección a las víctimas de violencia.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recuerda que, en cualquier situación de violencia contra las mujeres, la persona víctima o un/a testigo puede comunicarse con la Línea 100, las 24 horas del día, para recibir orientación o acudir a una comisaría para denunciar el hecho y recibir protección.

La Instancia Regional de Concertación de La Libertad

Fue creada con Ordenanza Regional 023-2018, de fecha 15 de octubre de 2018. Está conformada de la siguiente manera:

1. El Gobernador Regional del Gobierno Regional de la Libertad, quien ejerce la presidencia. Este cargo es indelegable, bajo responsabilidad.
2. El/la Gerente/a de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad.
3. El/la Gerente/a de la Gerencia Regional de Salud de la Libertad.
4. El/la Gerente/a Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
5. El/la Gerente/a Regional de Presupuesto.
6. El/la jefe/a de la Jefatura Policial de la Libertad.
7. El/la presidente/a de la Corte Superior de Justicia de la Región La Libertad.
8. El/la presidente/a de la Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Región La Libertad.
9. El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
10. El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ascope.
11. El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.
12. Dos representantes del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP.
13. El/la Defensor/a de la Oficina Defensorial de la Región La Libertad.
14. El/la directora/a de la Oficina Desconcentrada de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
15. Un/una Representante de Asociaciones u Organizaciones No Gubernamentales (ONG) involucradas en lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar de la región.

De acuerdo con las Agencias de Cooperación Internacional como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)¹ y ONU Mujeres² , durante esta crisis sanitaria, las mujeres son las que corren mayor riesgo de sufrir violencia de pareja y otros tipos de violencia como la explotación sexual, el tráfico de personas, la violencia cibernética, y el feminicidio, el grado más extremo de la violencia contra las mujeres.

Según la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada con D.S. Nº 008-2019-MIMP, el feminicidio “es la muerte de mujeres a manos de hombres motivada por el odio, desprecio, placer o sentido de propiedad sobre la mujer, es decir sexismo”³ .

En el Perú, 12 mujeres fueron víctimas del delito de feminicidio y 17 víctimas de posible feminicidio, entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, en pleno aislamiento social obligatorio. De acuerdo con la publicación del Centro de Monitoreo y Alerta y el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, los feminicidios ocurrieron en los distritos fiscales de Arequipa (2), Ayacucho (2), Callao (2), Huánuco (1), Selva central (2), Tacna (1) y Tumbes (2).

Las víctimas de feminicidio eran madres, y tenían como ocupación principal el comercio. El mayor número de víctimas se concentra en el grupo etario de 25 a 34 años (6), mientras que, los agresores tienen en su mayoría entre 25 y 44 años.

Los delitos de feminicidio, en su mayoría, fueron cometidos por el conviviente o ex -conviviente de la víctima, en la casa de ambos, lo que advierte respecto al riesgo que implica el Estado de Emergencia para las mujeres, en tanto viven con sus agresores.

El medio utilizado es en su mayoría fue un objeto punzocortante (navaja, cuchillo, machete, etc.), y la mayoría de los victimarios tienen como ocupación ser agricultor.

En este mismo periodo, se registraron 25 casos de feminicidio en grado de tentativa y 42 posibles feminicidios en grado de tentativa, perpetrados mayormente por convivientes y ex -convivientes, en la casa de ambos (8) o en la casa de la víctima (7) en la mayoría de casos; las tentativas de feminicidio ocurrieron en los distritos fiscales de Arequipa (2), Huaura (1), Ica (1), Junín (3), La Libertad (1), Lambayeque (1), Lima (1), Lima Este (1), Lima Norte (1), Lima Sur (2), Loreto (2), Piura (1), Puno (1), San Martín (1), Selva Central (1), Sullana (2) y Ucayali (3).

También, en este caso la mayoría de las víctimas eran madres (21), aunque su ocupación principal difiere, puesto que eran amas de casa (18). El rango de edad de las víctimas de tentativa, en este caso es de 18-24 años (6), 25-34 años (7), 35-44 años (7), lo mismo sucede con la edad de los victimarios.

En estos casos, el medio más utilizado para cometer el delito fue objeto punzocortante (navaja, cuchillo, machete, etc.), y la mayoría de los victimarios tienen como ocupación ser obrero.

Debido al riesgo de violencia que supone para las mujeres el aislamiento social obligatorio, el Estado peruano aprobó Decreto Legislativo Nº 1470 “Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19”, con el objeto de establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado a fin de garantizar la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Es así que, se indica que, para el dictado de medidas de protección, el/la juez/a, considera los hechos que indique la víctima, evaluando el riesgo en el que se encuentra para dictarlas, priorizando aquellas que eviten el contacto entre la víctima y la persona denunciada, el patrullaje constante del domicilio de la víctima, así como el retiro de la persona denunciada del hogar. De no ser posible el retiro, se debe evaluar si la víctima cuenta con redes familiares o sociales de apoyo o si requiere que se le dé acogida en un Hogar de Refugio Temporal, o en otro centro.

La atención de los casos no puede exceder el plazo de 24 horas, desde que se produce la denuncia, antes de este Decreto el plazo era de 72 horas, entre otras medidas que buscan garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las víctimas.

Descarga la publicación

[1] Informe Técnico “COVID-19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género”.
[2] Publicación “Dimensiones de Género en la crisis del COVID-19 en Colombia: Impacto e implicaciones son diferentes para mujeres y hombres”.
[3] Numeral 5. Glosario de Términos de la Política Nacional de Igualdad de Género.

Cinco regiones del país, reafirmaron su compromiso para evitar el incremento de la violencia, que en esta emergencia sanitaria, continua afectando a las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

A través de sus Instancias Regionales de Concertación, Tacna, Huánuco, Cusco, Ica y Lima, analizaron la situación de violencia en sus regiones, problema que preocupa y motiva el desarrollo de medidas necesarias y urgentes, para responder a este grave problema en el contexto de aislamiento social obligatorio.

En sesiones ordinarias virtuales, las regiones se comprometieron a optimizar la atención y protección de las víctimas de violencia, desde la denuncia hasta la concreción de las medidas de protección y/o cautelares, con el uso de recursos tecnológicos amigables, accesibles, bilingües, que respondan al perfil socioeducativo de la población urbana y rural de sus regiones.

Entre otros compromisos, está el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la atención y garantía de los derechos a las víctimas de violencia como, brindar protección y seguridad en sus viviendas ejecutando las medidas de protección pertinentes, coordinando y garantizando el descarte del COVID-19, así como el tratamiento y cuidado que requieran las mujeres y los integrantes del grupo familiar que ingresen a hogares de refugio temporal, en el marco de la Ley N° 30364 y el Decreto Legislativo N° 1470.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), participó en las reuniones realizadas del 21 al 28 de mayo, a través de la Dirección General contra la Violencia de Género, con el objetivo de precisar los alcances del Decreto Legislativo N° 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia durante la emergencia sanitaria. Asimismo, hizo recomendaciones para la implementación o fortalecimiento de los Observatorios Regionales de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, que permitan contar con estadísticas actualizadas sobre la evolución de la violencia en los territorios, especialmente en el Estado de Emergencia por el COVID-19.

Las Instancias Regionales, son un componente del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Están conformadas por representantes del Gobierno Regional (quien ejerce la presidencia), Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, municipalidades provinciales, y asociaciones u organizaciones no gubernamentales involucradas en la lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar de cada región.

Datos sobre las Instancias Regionales de Concertación:

Aquí encontrará información sobre la creación e integrantes de las Instancias Regionales de Concertación

Profesionales de los gobiernos regionales participaron en el curso virtual Implementando los observatorios regionales de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El curso dictado por el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, tuvo como objetivo brindar asistencia técnica a los equipos técnicos de los gobiernos regionales, con el fin de que implementen observatorios de sus regiones. El curso se desarrolló en 5 semanas y participaron 76 profesionales de 22 regiones, que serán los que diseñarán e implementarán los Observatorios Regionales.

A través de esta capacitación, el Observatorio Nacional, busca contribuir a que los gobiernos regionales y las Instancias de Concertación  implementen un sistema de información y conocimiento permanente con insumos para el diseño y la gestión de políticas públicas, con el fin de contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en sus regiones.

El curso se desarrolló en cinco módulos con método de autoaprendizaje, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los observatorios en la producción de información, generación de conocimiento, consolidación de datos y las acciones de incidencia para la mejora de la política regional de prevención y erradicación de la violencia.

Los Observatorio Regionales de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Los Observatorios Regionales como centros de información y conocimiento cumplirán funciones similares al Observatorio Nacional de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, adecuado a la realidad y problemática de su ámbito. Generarán información y conocimiento específico de su región, provincia y distrito, tales como estadísticas, ordenanzas, red de servicios locales, entre otros.

La información que difundan los observatorios sobre la violencia en sus regiones, será proporcionada por las entidades del Estado de su jurisdicción que conforman el Sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar: registros administrativos, encuestas nacionales e investigaciones locales referidas a la violencia que afecta a las mujeres en los diferentes tipos y escenarios que ya han sido reconocidos por el Plan Nacional Contra la Violencia de Género.

La creación de observatorios es un mandato de la Ley 30364 a los Gobiernos Regionales, que especifica que deben crear Instancias Regionales de Concertación, y estas a su vez deben crear Observatorios Regionales de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en concordancia con los lineamientos del Observatorio Nacional.

El curso implementando los Observatorios Regionales

El curso se desarrolló en cinco semanas, en el que se abordaron temas como: el modelo conceptual de un Observatorio Regional, sistema de indicadores, generación y presentación de datos, gestión tecnológica de la plataforma web del Observatorio, gestión estratégica del Observatorio Regional, entre otros temas.

A través de un método de educación-aprendizaje, se logró la participación activa, colaborativa y construir conocimiento para las habilidades prácticas en equipo, a través del aula virtual. Se desarrollaron conferencias virtuales, con tutoriales en línea, prácticas con un permanente acompañamiento para la elaboración de productos finales trabajados por los profesionales designados por cada región para diseñar propuestas de plataformas virtuales que se convertirán en sus observatorios.

Al finalizar el curso 12 regiones lograron culminar con el diseño de plataformas informativas como blog, página web. Participaron las regiones de Piura, Lambayeque, Lima Metropolitana, Callao, La Libertad, Apurímac, Ica, Cusco, Amazonas, Tumbes, Cajamarca, Puno. Las regiones de Tacna y Huánuco, que ya cuentan con plataforma, actualizaron y mejoraron sus diseños.

Después de este curso, el Observatorio Nacional, seguirá brindando la asistencia técnica que los y las profesionales capacitadas requieran para a concretar su Observatorio.

• Elaborado por: Susana Zapata