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MIMP: fortalece capacidades en prevención de la violencia con personas agresoras sentenciadas  

MIMP fortalece capacidades en prevención de la violencia con personas agresoras sentenciadas

A fin de contribuir con la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 150 operadores/as del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) participaron en el curso «Masculinidades y violencia de género», actividad que forma parte de la asistencia técnica que brinda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El curso desarrollado en cuatro clases virtuales durante el mes de octubre, tuvo como objetivo brindar herramientas conceptuales y metodológicas con enfoque de género, que ayudan a la reflexión sobre la construcción de la masculinidad y su vínculo con la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Las personas participantes han podido revisar críticamente cómo se construye el género y las masculinidades a lo largo del ciclo de vida, y de qué manera esta construcción se vincula con el ejercicio de la violencia masculina. Cómo reconocer prácticas igualitarias y no violentas en los hombres. Con una metodología participativa y vivencial se promovió la reflexión desde las propias experiencias de vida.

Desde el año 2016, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el INPE trabajan de manera articulada en la reeducación de las personas agresoras, a través del Programa reeducativo con enfoque de género para hombres sentenciados por violencia contra las mujeres, con el objetivo de que estas personas puedan detener el ejercicio de la violencia y contribuyan con la prevención de la violencia de género y la promoción de relaciones igualitarias.




No te enredes: consejos para prevenir la violencia en línea

No te enredes consejos para prevenir la violencia en línea

El avance tecnológico ha traído consigo acercar a las personas, comunicarnos con mayor facilidad, trascendiendo las barreras físicas y la distancia. Nos abre las puertas a un conocimiento inacabable, entretenimiento y ampliar nuestras fronteras como jamás fue imaginado. Sin embargo, los medios de comunicación digital también presentan nuevas modalidades de violencia de género contra las mujeres en su diversidad, y dentro de ellas las mujeres adolescentes y jóvenes son particularmente vulnerables.

De enero a agosto del 2021, la plataforma noalacosovirtual.pe recibió 958 denuncias de casos de acoso virtual. Entre las manifestaciones que más se reportaron se encuentran el hostigamiento, los insultos electrónicos, la ciberamenazas y la ciberpersecución. Además, en lo que respecta a las víctimas de estas manifestaciones de violencia, se reportó que el 89% de los casos fueron contra mujeres y el 67% de ellas a personas jóvenes de entre 12 y 29 años. Asimismo, las plataformas en las cuales ocurrieron los casos de acoso virtual reportados fueron Facebook, Whatsapp e Instagram.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realiza, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, la Intervención “Fortaleciendo la prevención, mediante una estrategia nacional articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación basada en el género en el Perú”, a partir de la cual se ha desarrollado la guía “No te enredes: consejos para prevenir la violencia en línea”. Este material brinda consejos para que las y los adolescentes en nuestro país puedan identificar y prevenir la violencia en línea, principalmente a través de las redes sociales. Este documento parte del reconocimiento de que Internet es un espacio útil y productivo; sin embargo, también puede convertirse en un espacio en el que se cometen actos violentos por lo que resulta necesario usarlo con cuidado y precaución.

Cabe resaltar que la guía fue validada con un amplio público y es importante agradecer a todas las personas e instituciones que participaron, y de manera particular los valiosos aportes brindados por las y los adolescentes a nivel nacional para la construcción de esta guía y a las y los 153 adolescentes que se capacitaron a partir de los talleres resultado del proceso de elaboración de este documento.

Esperamos que, a partir de esta guía, se generen cambios positivos en el contexto actual del uso de Internet y redes sociales por adolescentes, incidiendo en que ellas y ellos puedan ser agentes de cambio para construir el Internet como un espacio de libertad para todas y todos.

Puedes visualizar aquí la Guía
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Violencia contra mujeres indígenas u originarias

Violencia contra mujeres indígenas u originarias

Es cualquier acción o conducta que, causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o afectación económica-patrimonial, a las mujeres indígenas u originarias. Esta modalidad es todavía poca documentada, aunque crecientemente visible, que se agrava por la pobreza y la discriminación que enfrentan, dentro y fuera de sus pueblos de pertenencia. Según un informe elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia es uno de los problemas más alarmantes que enfrentan las mujeres indígenas en América Latina[1].

La CIDH hace el seguimiento a la situación de las mujeres indígenas bajo la premisa de que existe un vínculo estrecho entre los actos de violencia hacia ellas y la discriminación histórica que enfrentan por la intersección de su género, origen étnico y frecuente condición de pobreza. El informe señala que, a lo largo de la historia, las mujeres indígenas han sufrido racismo, exclusión y marginación, que influyen en la discriminación estructural que siguen enfrentando en todos los sectores de la sociedad[2].

La Comisión Interamericana señala que existen diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres indígenas, entre ellas:

  • La violencia en contexto de conflicto armado.
  • La violencia en contexto de proyectos de desarrollo, de inversión y de extracción.
  • La violencia relacionada con la militarización de las tierras indígenas.
  • La violencia doméstica.
  • La violencia en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
  • La violencia contra las lideresas y defensoras indígenas y contra las personas defensoras de derechos humanos que trabajan para promover sus derechos humanos.
  • La violencia en el medio urbano y durante procesos migratorios y de desplazamiento[3].

Según un estudio desarrollado en México, esta modalidad de violencia se encuentra relacionada con las estructuras tradicionales que se desarrollan en las relaciones familiares, comunitarias e institucionales, y por ello, se indica que, “(…) tiende a justificarse por el respeto a los usos y costumbres, lo que conlleva a no denunciar y a atestiguar silenciosamente las violencias que sufren” [4], expresado cuando las autoridades no reconocen la violencia como problema público, o no efectúan acciones para contextualizar los servicios, a fin que sean accesibles para todas las personas, denegando la existencia de diferencias culturales, monolingüismo, desconocimiento de procesos administrativos y legales, inexistentes servicios de cuidado familiar, entre otros[5].

En ese sentido, la CIDH recomienda e insiste en la necesidad de un enfoque holístico e interseccional para responder a la violencia contra las mujeres indígenas y erradicarla. Señala que las mujeres indígenas y sus comunidades sufren el impacto de la violencia de una manera muy específica, que vulnera sus derechos humanos.




CMAN: presentan avances en prevención y atención de la violencia contra las mujeres basada en género

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Integrantes de la CMAN (Comisión Multisectorial de Alto Nivel), presidida por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand Guevara, dieron cuenta del cumplimiento y avances en las políticas a su cargo para la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres basada en género.

La sesión se inició con la presentación de la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, aprobada el pasado mes de julio, la cual propone ampliar la vigilancia preventiva, mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización, así como fortalecer el proceso de reintegración de las víctimas por este delito, hacia el año 2030. La política contra la trata de personas, “engloba un amplio espectro de servicios que involucran a diversas entidades públicas, con el monitoreo y seguimiento del MININTER”, afirmó Gabriela Paliza Romero, Viceministra de Seguridad Pública.

Seguido, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) dio a conocer el cumplimiento de los compromisos y metas del año 2020, para reducir la violencia contra las mujeres, a cargo de los gobiernos regionales en el marco de los Convenios de Asignación por Desempeño (CAD) del FED (Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales).

Dick Castañeda, funcionario del MIDIS, informó que en ese periodo los gobiernos regionales cumplieron, en promedio, el 64% de las metas comprometidas en la detección de casos de violencia en gestantes que acceden al primer nivel de atención en salud. Asimismo, confirmó que se ha iniciado el proceso de aprobación de los convenios para el periodo 2021–2024.

Respecto a la Ley 31155, que previene el acoso político a las mujeres, el MIMP, MINEDU, MINJUS, MINSA, MINCUL, Poder Judicial y el JNE, reportan avances en la incorporación del acoso virtual en sus planes de capacitación a operadores y operadoras y a mujeres candidatas, la aprobación de los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública, la incorporación del tema en la ficha de registro de atenciones en los CEM, reporte de casos de acoso político contra candidatas en las Elecciones Generales 2021, campañas de sensibilización e información, entre otras acciones.

A continuación, el MIMP expuso sobre el avance en la implementación del PPoR RVcM (Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer) al primer semestre del presente año. Asimismo, presentó las modificaciones al Reglamento de la Ley N° 27942, que brinda información sobre sus derechos a la víctima de hostigamiento sexual, desde la denuncia, hasta el fin de la investigación y sanción; además, de asegurarle una atención efectiva y especializada. La nueva norma evita la politización del proceso de investigación en el ámbito universitario, precisó Kenny Pérez, Director de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios.

La ministra Durand, agradeció y reconoció el trabajo articulado y multisectorial de la CMAN, y expresó su compromiso de reforzar lo avanzando e impulsar la propuesta legislativa que actualice el padrón de agresores de mujeres, con el fin de que estas personas no sean contratadas por el Estado, ni desempeñen cargo en la administración pública.




MINSA mantiene tamizaje de violencia basado en género entre las atenciones de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por la Covid-19

MINSA mantiene tamizaje de violencia basado en género entre las atenciones de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por la Covid-19

El Ministerio de Salud aprobó la Directiva sanitaria para la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por la Covid-19 (Directiva N°131-MINSA/2021/DGIESP), con el fin de contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad materna.

La norma establece medidas técnicas, administrativas y procedimientos que garantizan el ejercicio de derechos, la prevención de la violencia, así como la atención integral a las gestantes y usuarios/as de planificación familiar en los servicios de salud reproductiva en el contexto de emergencia sanitaria nacional.

Con relación a las gestantes dispone la atención oportuna del parto y puerperio, con la debida protección de riesgos de contagio del Covid-19. Incluye visitas domiciliarias complementarias a las presenciales especialmente en casos de alto riesgo, señalando el Tamizaje de Violencia basado en género entre las atenciones prenatales presenciales a brindarse en el contexto COVID.

En zonas de difícil acceso a servicios de salud, dispone la implementación de casas maternas para la atención del parto institucional o de complicaciones obstétricas. La creación de estas casas maternas está a cargo de las Direcciones Regionales de Salud en coordinación con los gobiernos locales, quienes son responsables de su sostenibilidad.

En atención a la salud sexual y reproductiva, prioriza el servicio de teleconsulta, telecomunicación y telemonitoreo. Considera la elaboración de un padrón nominal de mujeres en edad fértil que incluye número de teléfono de la usuaria, para la programación de citas y monitoreo correspondiente.

En casos de violación sexual, asegura la continuidad de la atención integral a través del sistema de referencia y contrareferencia, el trabajo en red con los establecimientos involucrados en la atención de estos casos. Igualmente garantiza la entrega de kit de emergencia y la continuidad en la atención de la víctima.

La norma es de aplicación obligatoria en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas y mixtas, Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, Seguro Social de Salud (EsSalud), Sanidad de la Fuerzas Armadas y Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, es referencia para las IPRESS privadas.

La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud son responsables de la asistencia técnica para la aplicación de la Directiva y la supervisión de su cumplimiento.

Encuentre aquí la directiva sanitaria

DOCUMENTO NORMA
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Es necesario promover publicidad sin estereotipos de género

La publicidad sexista como acto de competencia desleal análisis crítico de las resoluciones del Indecopi

La publicidad sexista como acto de competencia desleal: análisis crítico de las resoluciones del Indecopi, es el estudio realizado por Cristina Valega Chipoco, presentado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; al respecto conversamos con la autora sobre la necesidad de cambiar la formalidad de las normas, para incluir un enfoque de género y derechos humanos.

“El problema no es que no pueda aparecer la sexualidad representada en la publicidad o en un producto de ficción, el problema es cuando las representaciones se construyen de manera disimétrica para hombres y mujeres y se reduce la complejidad de la vida y las relaciones a la consideración de las mujeres como objetos de placer sexual”. – Asunción Bernárdez

“Si las mujeres no hemos nacido para ser vistas y tratadas como objetos sexuales, el hecho de que así sea requiere una explicación”. Catharine Mackinnon

 Has analizado 17 resoluciones de Indecopi de piezas publicitarias que fueron denunciadas por su contenido discriminatorio. ¿Qué es lo que te ha motivado a realizar este estudio?

Cristina ValegaFueron tres mis motivos. El primero, que desde pequeña me cuestionaba sobremanera sobre por qué existía una gran cantidad de publicidades y representaciones en medios de comunicación que presentaban a las mujeres de forma hipersexualizada. Me preguntaba si esa consideración de las mujeres fundamentalmente como objetos sexuales por parte de los medios de comunicación -que no ocurría en igual medida con los varones- tendría algún tipo de influencia respecto del acoso sexual callejero y la violencia sexual que sufren las mujeres, y me parecía que era un asunto que merecía investigarse.

El segundo motivo surgió cuando ingresé a la Facultad de Derecho y descubrí que el Indecopi había tenido oportunidad de pronunciarse sobre diversos casos de publicidades cuestionadas por contener estereotipos de género discriminatorios contra las mujeres y que, respecto de prácticamente todos, había señalado que eran legales. Entonces, decidí leer las resoluciones y, al revisar la argumentación de aquella entidad administrativa, me di cuenta que había la posibilidad de cuestionar sus argumentos desde una perspectiva de género y de derechos humanos, para demostrar por qué aquellas 17 piezas publicitarias sí vulneraban el ordenamiento jurídico y, por tanto, eran actos de competencia desleal.

La tercera motivación es por la búsqueda de un derecho más justo, que tome en cuenta las perspectivas y las situaciones de las mujeres en el Perú.

 ¿Qué es la publicidad sexista como acto de competencia desleal?

Primero, el libro define que la publicidad sexista es aquella que contiene representaciones con estereotipos de género subordinantes de lo femenino. El estereotipo de género más presente en las 17 piezas publicitarias que Indecopi analizó fue el de la hipersexualización femenina o el de la cosificación sexual de las mujeres.

Posteriormente, se muestra como la publicidad sexista vulnera el principio de legalidad, contemplado en el artículo 17° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, en tanto vulnera principios y derechos constitucionales, como el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres -que incluye el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. El libro manifiesta la necesidad de interpretar el principio de legalidad al amparo de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (Convención CEDAW).

Asimismo, también se argumenta que la publicidad sexista vulnera el artículo 18° de aquella ley, que contempla el principio de adecuación social, en tanto se demuestra -con apoyo de las investigaciones empíricas- que las representaciones sexistas pueden objetivamente ayudar a generar en la realidad conductas discriminatorias contra las mujeres.

¿Cómo hacer para una norma que tiene un carácter formal, tenga en cuenta el contexto social y cultural?

Un punto crucial es tomar en cuenta investigaciones realizadas de otras disciplinas y fundamentar desde la evidencia los argumentos fácticos. Por ejemplo, el Indecopi en diversas resoluciones que las piezas publicitarias que cosificaban sexualmente a las mujeres no fomentaban la comisión de actos discriminatorios. Sin embargo, no amparó aquellas afirmaciones en evidencias empíricas. En el libro, precisamente, se citan algunas investigaciones que muestran factores asociados entre la exposición de mujeres hipersexualizadas y actos sexistas e incluso de normalización de la violencia sexual.

En ese sentido, es muy importante que la argumentación y la aplicación de las normas tome en cuenta el contexto social y cultural. El Derecho no puede ser lo que algunas personas intuyen o piensan, sino que debe fundamentarse.

¿Cuáles son los efectos del discurso publicitario en las identidades de mujeres y hombres?

Los medios de comunicación y la publicidad son instituciones sociales que transmiten mensajes sobre lo que es considerado “normal” y aquello que no lo es. Al respecto, investigaciones han mostrado que estos no solamente reproducen una realidad, sino que tienen la capacidad de crearla.

Concretamente sobre el impacto de los estereotipos de género publicitarios en las identidades de mujeres y hombres, existe suficiente evidencia empírica que demuestra que la normalización de aquellos estereotipos posee una influencia real en la generación de un daño psicológico, físico, económico, social y político a los individuos y grupos. Por ejemplo, existen vinculaciones entre la exposición a representaciones estereotipadas de las mujeres en la publicidad y la subrepresentación de estas en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como el menor interés de las mujeres por involucrarse en política o por asumir roles de liderazgo. En esa línea, además, la hipersexualización de las mujeres en la publicidad ha probado estar vinculada a la persistencia de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, a la normalización de la violencia sexual hacia ellas y al rechazo hacia ideas vinculadas a la equidad de género. Por ello, la representación de estereotipos de género en la publicidad no se trata de un tema de buen o mal gusto, sino que muchas de estas representaciones no son inocuas, y refuerzan y promueven una cultura de subvaloración de las mujeres y de normalización de situaciones de violencia y discriminación hacia las mismas.

¿Es necesario el enfoque de género en los organismos estatales como el Indecopi, al momento de analizar denuncias por estereotipos de género?

En efecto. Por un lado, el enfoque de género es necesario por parte de las y los operadores jurídicos porque implica tomar en cuenta si es que un hecho afecta de manera diferenciada a las mujeres que a los hombres. En ese sentido, si estamos hablando de publicidad sexista y son las mujeres las que son cosificadas sexualmente en mucha mayor medida que los hombres, no puede dejar de analizarse aquellas piezas publicitarias sin examinar el contexto de discriminación estructural y violencia de género en el que viven las mujeres en el país.

Además, el Tribunal Constitucional ya ha señalado que el enfoque de género es de aplicación obligatoria por todas las entidades públicas e instituciones privadas. No debemos olvidar que aplicar el enfoque de género no implica una decisión “a favor de las mujeres”. Únicamente implica que se debe examinar si una norma o un hecho las afecta de manera diferenciada. Es decir, es una herramienta para lograr la igualdad.

¿Cuáles deberían haber sido los resultados de las resoluciones, si el órgano promotor, hubiera tenido un enfoque de género?

El Indecopi hubiera reconocido que la publicidad con estereotipos de género que subordinan a las mujeres es contraria al ordenamiento jurídico y no únicamente un asunto de “mal gusto”. Por tanto, hubiera sancionado a las empresas y a las agencias publicitarias involucradas en aquellas piezas publicitarias. Ello hubiera contribuido a enviar el mensaje de que el Estado no tolera representaciones publicitarias ilegales y que fomentan la discriminación contra las mujeres, así como a proporcionar claridad frente a las empresas para que no continúen generando aquel tipo de publicidad, en tanto se encuentra dentro de las conductas prohibidas por la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

¿Cuál es el rol que le cabe al Indecopi como promotor del mercado y de la protección de los derechos de los consumidores, con relación a la publicidad?

En un modelo social de la competencia desleal como en el que nos encontramos, el Indecopi tutela a los competidores, a los consumidores y al interés público. Por tanto, si un acto publicitario vulnera el ordenamiento jurídico -como lo realiza la publicidad sexista- es un acto que, no solamente afecta los derechos fundamentales de las mujeres, sino que también afecta la eficiencia del mercado, que no puede amparar actos de competencia ilegales. En ese sentido, el rol del Indecopi es claro al tener que pronunciarse sobre la ilegalidad de este tipo de representaciones publicitarias.

8. ¿Que es necesario para que la publicidad comercial tenga otra mirada y respete los derechos humanos de los consumidores?

Considero que es vital que no nos quedemos en la mirada represiva y de sanción. En la actualidad, existen diferentes iniciativas que promueven publicidades sin estereotipos de género y promotoras de la igualdad. En esa línea, los medios de comunicación mismos pueden cumplir un rol positivo en la construcción de una sociedad más igualitaria; el asunto es que debe haber un proceso de toma de conciencia, de postura y de acción por parte de los mismos.

Un ejemplo de una actuación en esa línea es la campaña de ONU Mujeres titulada “Unstereotype Alliance” en la que esta institución, conjuntamente con las empresas Unilever, Procter & Gamble, WPP, Diageo, Jhonson & Jhonson, AT&T, Google y Facebook, se han propuesto combatir los estereotipos de género en la publicidad a nivel mundial. Las empresas han reconocido que la publicidad retrasa el progreso cuando recurre a los estereotipos de género.

¿Qué cambios necesita hacer la publicidad comercial en el Perú?

“…hoy en día se coloca mucho énfasis en cómo la promoción de la diversidad es un asunto de derechos fundamentales…”

En el Perú, la publicidad comercial debería tratar de ser más inclusiva. En la presente entrevista nos hemos centrado en los estereotipos de género, pero en nuestro país estos se cruzan con estereotipos raciales, de clase, de edad, entre otros que están presentes en los medios de comunicación. Sabemos que hay intereses comerciales detrás de la publicidad, pero también hoy en día se coloca mucho énfasis en cómo la promoción de la diversidad es un asunto de derechos fundamentales, pero que también le genera beneficios reputacionales y económicos a las empresas. Por tanto, no es que promover la diversidad y la igualdad les resulte contrario a las empresas.

* Cristina Valega Chipoco, abogada, investigadora especializada en asuntos jurídicos con enfoque de género.

  • Elaborado por Susana Zapata

 




Violencia económica poco visible siempre presente

violencia económica

El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, presentó los resultados del estudio Violencia económica y patrimonial, una modalidad de violencia que pasa desapercibida en las relaciones personales y familiares, pero que afecta la vida de muchas mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
La violencia económica es un tipo de violencia definida por la Ley 30364, como la acción u omisión que causa menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Esta se presenta de diferentes maneras:

  • Perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes de la persona afectada.
  • Pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de bienes o derechos patrimoniales.
  • Limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades.
  • Evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
  • Limitación o control de los ingresos.
  • Percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
  • Prohibir, limitar o condicionar el desarrollo profesional o laboral, restringiendo la autonomía económica.
  • Sustraer los ingresos, así como impedir o prohibir su administración.
  • Proveer en forma diminuta y fraccionada los recursos necesarios para el sustento familiar.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, atiende este tipo de violencia en los Centros Emergencia Mujer, fuente en la que el Observatorio Nacional sustenta la investigación, cuyos resultados presentamos a continuación, de manera breve.

Tipos violencia económica atendidos en los CEM

Según los registros de los CEM, en los años 2017 y 2018 atendieron 15 013 nuevos casos de violencia económica en todo el país. Esta cifra representa el 4,6 % del total de casos de violencia económica atendidos en los CEM. Siendo que el CEM atiende diferentes tipos de violencia, se pudo observar que este tipo de violencia está unida a otros tipos de violencia como la física, psicológica y sexual.  Es la violencia física la que más se cruza con la económica (39,5%).

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Entre los tipos de violencia más atendidos, está la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias (45%) que las afecta en todo su ciclo de vida.

Sin embargo, dentro de este grupo, las más afectadas son las personas entre los 30 a 59 años (2 776 mujeres). A este tipo de violencia le sigue la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y la pérdida, destrucción, apropiación y retención indebida de objetos, instrumento de trabajo, documentos de personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.

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¿Quiénes son las víctimas de violencia económica?

El 87% de casos atendidos correspondió a mujeres y (13%) a varones. Las mujeres que más sufrieron violencia económica tenían entre 30 a 59 años de edad (50,1%) seguido del grupo de edad de 0 a 17 (13%) y de 60 años (6%).

Las niñas, niños y púberes (1 220) personas cuyas edades estaban entre 0 a 11 años, sufrieron violencia por evasión de obligaciones alimentarias. Por su lado, el grupo de 12 a 17 años (658) adolescentes sufrieron también este tipo de violencia.

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Si vemos las edades de las mujeres que sufren violencia económica, se podría estar hablando de mujeres en edad de desarrollo productivo, y con relaciones de pareja. En el caso de los niños y adolescentes podría atribuirse este tipo de violencia a la negación de manutención por parte del progenitor.

¿Quiénes son las personas agresoras?

De un lado, quienes ejercen violencia contra las mujeres cuyas edades están entre los 18 a 59 años, es su pareja o ex pareja (83,2%), el conviviente (39,0%), el ex conviviente (34,6%) y el cónyuge (21,5%). Las personas adultas mayores de 60 a más también sufrieron violencia económica por parte de un familiar varón (4,5). Por otro lado, las mujeres también ejercieron violencia (5%). En este caso la mayor frecuencia de agresiones son de mujeres de 39 a 59 años, quienes ejercieron violencia contra personas de 18 a 59 años (40,5%).

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Si revisamos el vínculo familiar entre la persona agresora y la víctima, concluiremos que es el padre el que ejerce violencia sobre las mujeres (47,4%) especialmente en los grupos de edad de 0 a 17 años, y la madre (6,1%).

En el caso de los hombres, el agresor es un mismo hombre (78%), cuya edad está entre 39 a 59 años, y la víctima es un hombre de 60 a más años (1,6%). La frecuencia se repite con relación a la edad de la victimaria y de la víctima en el caso de las mujeres agresoras (22%) ejercieron violencia en (59%) de personas cuyas edades estaban entre 18 a 60 años.

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¿Cuáles son las manifestaciones de violencia económica de pareja o expareja?

Se ha encontrado que, la violencia económica se expresa en la evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias (33,3%), en la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades (26,4%) y (10%). en la pérdida, destrucción, apropiación y retención indebida de objetos, instrumento de trabajo, documentos de personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.

Los mayores agresores son los hombres (95%) cuyas edades están entre los 30 y 59 años (51,6%) y los hombres entre los 18 a 29 años (31,6%). El principal agresor es el conviviente (30,0%), los ex convivientes (34,6%) y los cónyuges (21,5%).

En el caso de los hombres, el 7,4% es violentado por su pareja (35,2%), su exconviviente (35,2%) y su conviviente (20,4%). El mayor tipo de violencia sufrida por los hombres es la pérdida, destrucción, apropiación y retención indebida de objetos, instrumento de trabajo, documentos de personales, bienes, valores y derechos patrimoniales (31,5%) y es ejercida por su pareja de 30 a 39 años.

Un dato que nos ha llamado la atención, es la asociación de la violencia económica con características de tentativa de feminicidio asociado a la violencia económica. Se ha registrado 40 casos en que 33 de estos presentaba violencia económica con violencia psicológica y física.

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Violencia económica por parte de familiares

Si revisamos el vínculo familiar entre la persona agresora y la víctima, vemos que es el padre el que ejerce violencia sobre mujeres (47,4%) especialmente en los grupos de edad de 0 a 17 años, y la madre 6,1% y, se concentra en las edades de 0 a 15 años.

En el caso de los hombres sufren violencia familiar económica por evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias (40,1%), la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades (24,4%) y la privación de medios indispensables para vivir una vida digna (11,6%). Esto se da con mayor frecuencia en las edades de 0 a 17 años.

Violencia económica en personas con discapacidad

Los CEM atendieron 217 casos de violencia a personas con discapacidad. De este total sufrió violencia por parte de un familiar (54,8%) y por parte de su pareja (41,9%).

¿En qué regiones de país se ejerce mayor violencia económica?

En el ámbito nacional podemos decir que es Lima Metropolitana donde se registra más casos de violencia económica (27.7%) seguido de Arequipa (7,3%), Puno (5,8) y Lima provincias (5,8%).

En zona rurales se ubica Huánuco (10,4%) seguido de Junín (9,9%), Cusco (7,5%) Cusco (7,5%) Ayacucho (6,9%), Ancash (6,8) con mayor incidencia de violencia.

En las zonas urbanas son las provincias de Lima Metropolitana (30,7%), Arequipa (8,1%), Puno (6,4%) Lima provincia (6,3%) Piura (4,8%) donde se han registrado más casos.

Se ha encontrado también información sobre violencia económica a mujeres migrantes (1%) de los casos atendidos. Las más violentadas con las mujeres de Venezuela (44,4%), Colombia (15,3%) Bolivia (9,7%) Ecuador (5,6%).

¿Qué podemos decir con relación a los hallazgos?

El estudio nos ha servido también para encontrar patrones que pueden repetirse, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento según los datos y los contextos en los que se produce la violencia. Nos ayudan a clasificar el riesgo y a esbozar predicciones respecto al problema.

En el caso de las mujeres . La violencia económica muestra  un riesgo moderado (52,0%).

Con relación a las características de la víctima y su victimario: es una mujer entre los 30 a 59 años de edad, quien la agrede es un hombre de 30 a 59 años, con el que tiene un vínculo relacional de pareja. Entre los factores de riesgo están el acceso que tiene el agresor a la víctima, consumo de alcohol, tiene conducta vigilante y/o celos patológicos. Por su parte, la víctima presenta vulnerabilidad, dependencia económica y síndrome de indefección.

En el caso de niñas y niños. La víctima tiene entre 6 a 11 años, su presunta persona agresora es un hombre o mujer (por cada 4 hombres agresores hay una mujer agresora). La edad del o la agresora es de 30 a 59 años, es su padre o madre. Entre los factores de riesgo se han determinado el acceso, la vulnerabilidad y el síndrome de indefección.

En el caso de los ancianos. La víctima es mayor de 60 años, la presunta persona agresora es una mujer u hombre, que puede ser un hijo o hija. Entre los factores de riesgo, está presente conductas de crueldad, desprecio y falta de arrepentimiento.

Violencia Económica Patrimonial_47En conclusión, la información especializada sobre la violencia económica y/o patrimonial que afecta mujeres, y personas en situación de vulnerabilidad, busca despertar el interés de los y las operadoras de las políticas de violencia contra las mujeres y la población en situación de vulnerabilidad a tomar medidas para prevenirla en la relación de pareja y en el entorno familiar.

Mayor información sobre el estudio, puede encontrarlo en la siguiente dirección:

Violencia económica: ¿quiénes son las víctimas y cómo les afecta?

  • Elaborado por:  Susana Zapata



Violencia simbólica: se impone gracias al lenguaje que persuade y ordena

violencia simbólica

Introducción

La violencia simbólica se impone gracias al lenguaje que persuade y ordena, nos dice Violeta Barrientos Silva, en la larga conversación que tuvimos en el Observatorio, sobre este tipo de violencia naturalizada, y tan presente en nuestra vida cotidiana. A continuación, una reflexión de lo que significa y cómo el lenguaje moldea las relaciones entre hombres y mujeres, en las relaciones  familiares  y de pareja.

¿Qué es la violencia simbólica?

La violencia simbólica tiene que ver con los mensajes, creencias, normas de derecho y religiosas que poco a poco generan una situación de poder de un individuo sobre otro que luego todo el mundo acepta, hasta los propios subordinados. Es lo que ocurre en el racismo y el sexismo que llegan a interiorizarse. La violencia simbólica se impone gracias al lenguaje que persuade u ordena y así genera una creencia y conductas que pueden ser discriminadoras, prejuiciosas y generadoras de estereotipos.

La sociedad y el Estado hacen que las personas seamos aleccionados a través de mandatos legales, educativos y religiosos, pero también a través de mensajes dados por los medios y el mercado hacia conductas determinadas que pueden ser excluyentes. Así, por ejemplo, mediante el poder del lenguaje se nos ha persuadido (gracias a la publicidad, los estímulos del mercado) o impuesto (gracias a la ley del estado o la ley divina) creencias racistas o sexistas. Todos estos mensajes llegan a la familia y a los individuos que los interiorizan.

¿La familia es un espacio donde se genera y reproduce violencia simbólica?

Sí. Mediante los discursos en su interior que se reproducen de generación en generación. Por ejemplo, roles que deben aprender los niños y niñas, roles que asumen los padres. En la familia nuclear y en la extendida se generan muchos prejuicios, sobre todo de varones hacia mujeres o prejuicios respecto a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Se producen disputas de poder.

La familia, al igual que otros espacios, es un lugar donde se aprende; si tengo un modelo de padre no violento y responsable, puede que mis probabilidades de aprender de él sean más altas. O de pronto vivo con una madre soltera que pese al prejuicio contra ella me da mensajes no machistas. Es decir que a la familia llegan mensajes que son asimilados o también resistidos (reproducidos) por sus integrantes.

“En la familia nuclear y en la extendida se generan muchos prejuicios…”

La violencia simbólica es lo que no se ve ¿cómo se expresa en la relación de pareja?

No confundamos a la violencia simbólica con la violencia psicológica, la violencia simbólica implica conductas que se interiorizan por los mensajes que recibimos de diversas fuentes y que se hacen costumbre e incluso son aprobados socialmente. Esto puede hacer por ejemplo hasta hoy, que los varones de la familia, así como la sociedad piensen que las mujeres deben hacer las tareas domésticas, cuidar de los enfermos y de los ancianos todo el día, sin considerar tiempos de descanso ni que ellos pueden compartir estas tareas.

¿Cómo este tipo de violencia se expresa en la violencia física hacia las niñas y niños?

Se expresa en la creencia de que, por ejemplo, el castigo es bueno para el aprendizaje. Incluso cuando no se aplica la violencia física, se aplica la violencia psicológica, maltratando al niño o niña, como un “inferior” por su edad. Esto es muy delicado. Tanto niñas y niños pueden estar limitados por la ley como menores de edad, pero hoy tienen derechos que los protegen porque las vivencias a temprana edad pueden ser muy distintas. Hay niños muy precoces y que se han hecho adultos por experiencias de vida particulares. Entonces se trata de respetar al niño o niña sin minusvalorarlo por su edad.

¿Cómo se expresa la violencia simbólica en el abuso sexual intrafamiliar?

La familia no significa que uno es propietario de las personas que la componen que no tendrían derecho a su propia opinión, privacidad y libertad personal. Sin embargo, hasta las propias normas de derecho alguna vez consintieron estos abusos que se “normalizaron” entre la población. Por ejemplo, el Código penal hasta 1984 decía que una violación sexual podría remediarse si es que la víctima se casaba con el agresor. O sea que un posible delito fundaba una familia. De esta manera la cuestión quedaba subsanada, y esto porque antaño la virginidad o castidad de la mujer (y solo la de la mujer) era el bien más preciado que ofrecer en un matrimonio, pues la mujer era considerada un bien de intercambio para generar alianzas. Entonces ella misma no disponía de su libertad personal y cuerpo. También estaba aceptado que, al interior de cualquier familia, nadie se metiera pues era territorio del jefe de familia. Así, a nadie se le ocurría pensar que podía haber abuso sexual contra la esposa.

“…hasta las propias normas de derecho alguna vez consintieron estos abusos…”

Lamentablemente, aunque las normas legales cambiaron, queda un aprendizaje cultural que perdura. El racismo y el clasismo también han tenido mucho que ver. La creencia de que unas personas dominan a otras porque saben más, porque tienen más dinero, nos hace repetir conductas de abuso que vienen desde la Colonia. De ahí que, en algunas familias, por ejemplo, se tengan miembros próximos a ella que vienen de provincia, tratados como sirvientes, sin ningún respeto hacia ellos, a sus cuerpos o a su privacidad. Y se considera normal porque la violencia simbólica provoca justamente ese efecto, hace perdurar viejos moldes culturales y costumbres por mucho que las leyes cambien.

¿Qué mitos y estereotipos atribuibles al género reproducen la violencia en la familia?

Por lo general los mitos y estereotipos se fabrican más hacia quienes están abajo en un eje de dominación para mantener las cosas como están. Lo peor es que para que permanezcan inmutables se cree en que hasta son biológicos o genéticos. Hace tiempo, por ideas racistas, se pensaba que “los indios” estaban para el trabajo físico y no intelectual porque así era su biología. Nada más falso. A Dios gracias, esas ideas fueron siendo superadas, pero, así como el racismo, el sexismo permanece aún vigente.

El mito o el estereotipo son falsas ideas que todos conocemos; para empezar la división sexual del trabajo, es decir que las mujeres hagan trabajos no pagados o de menor importancia que les ocupa todo el tiempo y que los hombres asuman tareas pagadas, de más responsabilidad y con horarios es una forma de violencia que ha privado a las mujeres de recursos económicos por siglos. Estas creencias se han introducido en todas las esferas, hasta en las mismas mujeres que tienen poder político. De allí el pensar, por ejemplo, que la mujer es la única responsable de la familia. No es extraño ver que las mujeres con cargos públicos como primera cosa se definan como “madres”, mientras que no vemos a ningún hombre en un cargo público que se asuma así.

Otro gran eje de mitos y estereotipos ha sido la sexualidad, haciendo creer que, por ejemplo, los varones “necesitan” por su fisiología, de aventuras sexuales, pornografía o prostitución, incluso varones casados, y están hechos para la calle, mientras que las mujeres no tienen iniciativa y tienen en lugar de sexualidad, un “instinto maternal”, y están hechas para la casa. Esto ha generado muchísimas tensiones en las parejas por siglos. Entonces, los mitos o estereotipos permiten hacernos una falsa idea de lo que son ciertas personas haciéndolas inferiores, restándoles derechos y capacidad, lo que genera discriminación y violencia contra ellas.

¿De qué manera estos se convierten en exigencias para las relaciones con la pareja y los hijos/as?

La violencia simbólica al ser un fenómeno social, también rodea a la pareja y a la familia. Cuando aprendemos a ser hombres o mujeres, según nuestra cultura, hay una serie de exigencias para ello que luego repetimos al interior de nuestra familia, que las imponemos a nuestra pareja o hijos/as. Así, hasta que –en algunos casos- por alguna razón, algún integrante de la pareja o la familia cuestiona estas prácticas. La educación, el derecho, los discursos religiosos, la publicidad, los medios, nos influyen todo el tiempo dentro y fuera de nuestras casas y es a nosotros y nosotras evaluar de modo crítico qué aceptamos reproducir y qué no. Si no me gusta el sexismo en la publicidad o medios, no veo tal o cual programa, no consumo tal o cual producto. De ahí la importancia de contar con distintas opciones y no de salir a comprar una lonchera y ver que todas son rosadas.

¿Dónde se encuentran las raíces de la violencia simbólica que construye las diferencias entre hombres y mujeres?

Principalmente en la cultura y la comunicación. Los seres humanos tendemos a tejer costumbres y discursos a partir de una realidad. Por ejemplo, ante una realidad de productos vegetales, hemos inventado una forma de cocinar y una gastronomía. Estamos reelaborando constantemente la realidad mediante lo cultural. Entonces, ante una realidad corporal en que las mujeres eran las capaces de estar embarazadas y portar crías, mientras los varones podían fecundar a varias mujeres a la vez, se estructuró una cultura que podía dar lugar, por ejemplo, a que el varón pudiera tener varias esposas a la vez, teniendo un poder sobre ellas. O, por ejemplo, sobre esa realidad biológica de la mujer, las sociedades consideraron que las mujeres no tenían que educarse pues su función era meramente procreativa. Así nuestras abuelas eran analfabetas y llegaban a tener más de diez hijos y no les alcanzaba la vida sino para cuidarlos. Eso no significaba que la mujer no tuviera más capacidades para ello, sino que se la confinaba a solo un rol. Esto es una violencia estructural que empobreció a la mujer económicamente al no tener trabajo ni educación, y también le impidió llegar a posiciones de poder político o a ser creadora artística o intelectual. Este es un gran déficit histórico del que hay que recuperarse lo antes posible.

¿Cómo podemos generar cambios en una sociedad, que acepta y naturaliza la violencia simbólica?

Ya han visto que los mandatos legales son importantes, pero no bastan. Se trata de inculcar nuevos hábitos, discursos, presencias allí donde hubo ausencias. Hay que recalcar entonces la importancia, por lo tanto, de los productos mediáticos con mensajes alternativos a cualquier tipo de discriminación sexista, racista o clasista, de los productos de mercado, de la publicidad, de los discursos educativos y hasta religiosos para contribuir a no naturalizar más la violencia. Ya ha ido ocurriendo respecto a un país que interiorizó muchas jerarquías raciales y que ha ido evolucionando hacia un mayor respeto de unos/as y otros/as.

Otra cuestión muy importante es la recuperación de voces, de una mayor visibilidad de quienes han estado ausentes de la historia, imposibilitados de generar su propia auto representación, o sea de decir qué son sin que lo tenga que decir un estereotipo por ellos. Y me estoy refiriendo no solo ya a las mujeres sino a otros grupos que, por su cultura, idioma, origen fueron también violentados en este país siendo aún la mayoría.

  • Entrevista: Susana Zapata



La violencia por orientación sexual e identidad de género

Un problema que requiere atención

En julio del 2013 un adolescente peruano se ahorcó cansado del acoso, palizas y rechazo que recibía de parte de su familia debido a su orientación sexual.

En febrero de 2015 otro adolescentes de 13 años se suicidó en Iquitos cansado de las agresiones recibidas en su colegio y por parte de su padre.

Diversos  organismos de las Naciones Unidas como OMS, OIT, UNESCO, UNICEF, ONUSIDA,  UNODC, ONU MUJERES, WFP,  han hecho un llamado a los Estados a que tomen medidas urgentes para poner fin a la violencia y discriminación que afecta a las personas que tienen una orientación sexual e identidad de género diferente.  La declaración emitida el 15 de setiembre 2015 señala:

“Todas las personas tienen el mismo derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización. Las leyes internacionales en materia de derechos humanos establecen obligaciones jurídicas para los Estados a fin de garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, puedan gozar de tales derechos”[…] Las Naciones Unidas y otras organizaciones han documentado violencia física y psicológica generalizada contra personas LGBTI en todas las regiones, incluyendo asesinatos, agresiones, secuestros, violaciones, violencia sexual, así como torturas y malos tratos, tanto en el ámbito institucional como en otros. Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y los jóvenes LGBTI se encuentran particularmente expuestos al riesgo de violencia física, psicológica y sexual en el ámbito familiar y comunitario.” (Naciones unidas, 2015) [2]

La  Organización Panamericana de la Salud (OPS)[1] señala que la homosexualidad “es una variación natural de la sexualidad de las personas”, sin consecuencias negativas para la persona o su familia, es decir, que no es un trastorno ni  enfermedad,  tampoco es una opción, pues no se elige ser así.

La  OPS afirma que no hay terapia para  “revertir” o “reconvertir”  la orientación sexual; siendo que todo intento aplicado por los padres o las instituciones se convierte en un atentado contra la autonomía y la  libertad de las personas

Es importante que en nuestro país se revierta la situación de invisibilidad y desprotección social a esta población. Muchas personas LGBTI sufren a diario insultos, agresiones y diferentes formas de atentados porque no se comprende y acepta su condición, lo cual les hace personas vulnerables. Es por esta razón que se hace necesario llamar la atención de toda la sociedad para que se reconozcan sus derechos por igual, respetando su diversidad y dignidad humana en todos los ámbitos.

En el Perú, gracias a los colectivos por los derechos de las personas LGTBI, se ha ido incrementando el interés de las instituciones públicas por responder a los problemas que los afectan, en especial en lo referente a la violencia y la discriminación. Un reciente informe de la  Defensoría del Pueblo[3] señala que son los estigmas, prejuicios y estereotipos que tiene la sociedad sobre la orientación sexual e identidad de género diferente, lo que los hace blanco de diversas agresiones y ataques contra su vida e integridad física. Sufren discriminación, exclusión y negación de derechos, tanto en los espacios públicos como en los privados; situación que no deberíamos permitir como sociedad.

Definiciones y conceptos

De acuerdo a los Principios de Yogyakarta[4], “la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso”. Entendiendo los siguientes conceptos:

Orientación sexual:
“La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género.”

Identidad de Género:
“La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a  través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”

LGBTI:
«Es el término con que la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unidad para los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH, adopta para agrupar de manera sencilla las categorías de orientación sexual, identidad de género y expresión de género» [5].

Intersexualidad:
Entendida como “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al standard de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente” (Mauro Cabral, 2005). Se refería a la persona que nace con ambos sexos. Actualmente, el términointersex es el más adecuado.

Políticas públicas

El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 – 2021 aborda como una de las 16  modalidades, la violencia por orientación sexual, referida a “todo acto o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona por su orientación sexual. La violencia hacia la diversidad sexual tiene como expresión más grave a los homicidios, asesinatos y violaciones sexuales a los cuales se les denomina crímenes de odio o violencia por prejuicio”.

El Plan Nacional de Derechos Humanos2018 – 2021[6], elaborado por todos los sectores del Poder Ejecutivo bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contempla el consenso y el compromiso del Estado en la adopción de políticas públicas específicas dirigidas a mejorar la situación de los derechos humanos de la población LGBTI, como grupo de especial protección.

Uno de los objetivos del mencionado Plan Nacional, es garantizar un país libre de discriminación y violencia, teniendo en cuenta que “las personas con diferente orientación sexual se encuentran más expuestas a la discriminación”. En ese sentido, propone garantizar a esta población el goce de una vida sin discriminación y/o violencia, el reconocimiento de las personas trans; y, el acceso a los servicios de salud de las personas LGBTI, priorizando los problemas que les afectan.

Ley 30364

La Ley 30364, señala que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta Ley debe ser la realización de los derechos humanos. Asimismo, considera el enfoque de interseccionalidad, el cual reconoce que la experiencia que las personas tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su orientación sexual, entre otros. El artículo 2° del reglamento de la ley,  reconoce que hay personas que tienen situaciones de vulnerabilidad  las que les impiden el goce de sus derechos, destacan como causa de ello la orientación sexual.

Asimismo, el artículo 20 de la citada norma establece en su inciso 2  que al recibirse una denuncia en las entidades del Estado, el personal encargado no debe hacer cuestionamiento sobre la vida sexual, la apariencia o la orientación sexual de las personas, o emitir juicios de valor al respecto.

Encuesta virtual para personas LGBTI del INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha realizado la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI el 2017[7], con la finalidad de generar información estadística que permita formular políticas públicas, acciones y estrategias que garanticen el reconocimiento y la protección de los derechos de esta población. Esta encuesta es de carácter exploratorio, debido a que no se disponía de información sobre este grupo poblacional para realizar un diseño muestral probabilístico.

La encuesta virtual fue respondida por 12 026 personas LGBTI de 18 y más años de edad, de las cuales el 46% señala que fue registrado con el sexo femenino al nacer y el 51% de sexo masculino.  la mayor cantidad de personas que respondieron viven en Lima (68,6%),seguido de Arequipa(5,4%), Callao (5,0%),y La Libertad(3,7%).

De las personas que respondieron la encuesta, el 72,8% dice que algún miembro de su familia conoce que es una persona LGBTI. De los cuales, el 39,2%  dice que al conocer su orientación/identidad sexual, no le respetaron, aceptaron o integraron dentro de la familia. El 6,8% manifiesta que su familia no lo apoya o acepta y el 2,6% manifiesta que ha experimentado discriminación y/oviolencia en la casa o ámbito familiar. El 64,4%dice que su familia no se identifica con la defensa de los derechos LGBTI.

Magnitud de la violencia

De todas las personas que respondieron, el 62% manifestó haber sufrido discriminación y/o algún tipo de violencia; mientras  el 11,% prefirió no responder.

El 54,7% manifestó que sí tiene temor de expresar su orientación sexual o identidad de género. Esto se debe a que la mayoría ha experimentado diferentes situaciones discriminatorias.

Al 51.8%  le gritaron Le gritaron,insultaron, amenazaron, burlaron y/o hostigaron, le dijeron que es inmoral, anormal o sucio, promiscuo, enfermo, escandaloso

Según la encuesta, la mayoría de los actos de discriminación y violencia ocurre en espacios públicos (39,2%) en el ámbito educativo (34,1%), en medios de transporte (24,2%), el ámbito laboral (14,8%), otras instituciones (12,3%), servicios de salud (10,7%), entre otros.

Respecto de quienes son las personas que ejercieron violencia o algún tipo de discriminación, podemos observar que el mayor porcentaje fue de compañeros (as) de escuela o padres de compañeros de escuela (33,1%), seguido de líderes religiosos, espirituales y/o comunidad religiosa (25,4%), luego funcionarios públicos, policía, serenazgo (20,4%), miembros de su propia familia como padres, hermanos (as), tíos, abuelos, sobrinos, entre otros (16,6%); en menor medida personal de salud (10,3%),empleados de servicios públicos (2,6%),amigos o conocidos (0,3%). Lo cual evidencia que estas personas muchas veces no encuentran soporte emocional, ni siquiera en su familia.

Las personas que más ejercen violencia o tienen actitudes discriminatorias son los compañeros en los centros educativos, por  lo que es necesaria una educación que promueve la tolerancia y la aceptación de otras orientaciones sexuales e  identidades de género para prevenir esta forma de violencia, así también, un trabajo de sensibilización e información a la sociedad en general.

La violencia y discriminación trae innumerables consecuencias en la salud y bienestar de las personas, las que respondieron a esta encuesta, señalan haber sufrido sentimientos de culpa o impotencia (34,7%), sentimientos de exclusión o aislamiento social (37,2%), estrés e irritabilidad (27,5%), ideas suicidas o intentos de suicidio (20,1%), trastornos alimenticios (19,4%). Asimismo, manifiestan sufrir ansiedad, depresión, ira, frustración, dolor, miedo, tristeza, decepción, ideas de venganza, ganas de morir, entre otros.

Según la encuesta, las personas LGBTI que han acudido a denunciar un acto de discriminación, lo han hecho en una comisaría (1.6%), organización LGBTI (0,3%), Fiscalía (0,3%),Poder Judicial (0,3%),Defensoría del Pueblo (0,2%), Municipalidad (0,2%), y al Centro de Emergencia Mujer CEM (0.1%). Lo que hace concluir que muy pocas personas que han sufrido violencia o discriminación de este grupo poblacional, ha acudido a denunciar el hecho.

Estadísticas  del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual

El 2017, los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP, atendieron 149 casos de personas LGTBI. De los cuales, 51 casos fueron violencia por orientación sexual, y 94 casos de violencia por identidad de género; 4 casos contenían ambas formas de discriminación.

De enero a noviembre del 2018, los CEM atendieron 74 casos de violencia por orientación sexual e identidad de género.De las cuales, 36 (49%) se identificaron como mujeres y 38 (51%) hombres;el 18% tenía entre 0 a 17 años de edad y el 82%, de 18 a 59 años.Los tipos de violencia que denunciaron fueron:Psicológica (49%), física (40%), sexual (11%). Según la evaluación de nivel de riesgo, el 14% de estos casos tenía un riesgo severo y requería atención inmediata.

La personas agresora en un 36% es mujer y el 64% es hombre. El vínculo relacional de la persona usuaria con la persona agresora es el siguiente: relación de pareja (7%), algún familiar (64%) y otra persona que no es pareja ni familiar (29%). Esto evidencia que gran parte de los actos violentos provienen de otros miembros de la familia, y en menor proporción de la pareja;.

Otras acciones implementadas por el MIMP

Atendiendo los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado Peruano, el 2016 se aprobó los Lineamientos para la atención de personas LGBTI[8] en los servicios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP, con la finalidad de disponer criterios técnicos para la atención integral de este colectivo cuando fuera víctima de hechos de violencia de género, familiar y/o sexual, y acuda al Programa para recibir atención especializada, libre de estigma y discriminación.

Descargar Resolución de la Dirección Ejecutiva
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De otro lado, el MIMP ha conformado la Mesa de Trabajo para promover los derechos de lesbianas (2016)[9] y la Mesa de Trabajo para promover los derechos de Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales  – GTBI (2016)[10], encargadas de promover propuestas de sensibilización para combatir la discriminación, desarrollar acciones para la protección de sus derechos fundamentales y la promoción del ejercicio de los mismos; así como la elaboración de propuestas de lineamientos de políticas públicas inclusivas.

 

Recursos de consulta

Fuentes

Fotografía: Diario correo en https://diariocorreo.pe/miscelanea/comunidad-lgtbiq-sale-a-marchar-hoy-por-el-dia-del-orgullo-gay-597953/

  • Elaborado por: Kaarina Valer Jaime/ Teresa Viviano Llave




Feminicidio y violencia sexual en el discurso periodístico

feminicidio

El feminicidio y violencia sexual en el discurso periodístico

La forma en que los medios de comunicación informan sobre los hechos de violencia de género, es un tema que ha sido siempre motivo de atención. Por un lado, se les reconoce haber contribuido a colocar en la agenda pública el problema, y haber incluido en el lenguaje periodístico el término feminicidio para referirse a las muertes de mujeres a manos de sus parejas y por otro lado, se les reclama que sigan siendo el espacio de reproducción de estereotipos que contribuyen a perpetuar la violencia contra las mujeres.

fue hallada desnuda y muerta sobre una cama, con signo de haber sido ultrajada, alguien había tratado de borrar las huellas de sangre sobre la pared de la habitación” (reportera Noticia TV)

CONCORTV¹, realizó un monitoreo en algunos medios de comunicación para conocer cómo a través del discurso, la radio y la TV de señal abierta, reconstruyen la violencia contra las mujeres y si el tratamiento informativo de este tipo de hechos se corresponde con las normas relacionadas con los medios y la que regula el horario familiar.

Como resultado de la revisión de horas de programación de radio y televisión² , se encontró que las noticias sobre hechos de violencia contra las mujeres, se clasificarían en notas ilustradas y notas ampliadas. Las primeras con abundante información y documentación; elementos que permiten al receptor comprender la violencia contra la mujer como un hecho particular y circunstancial, y las segundas hacen uso de recursos como la entrevista, el testimonio, opinión de oyentes o encuestas, lo que contribuye a que el receptor comprenda la violencia como un problema estructural, aunque estos son los menos.

La espectacularidad de la noticia: exageración, dramatización y morbo

En la TV se incorpora una cantidad de elementos relacionados con el espectáculo, se dramatizan los ataques de los hombres a las mujeres con mucha saña, y se repiten las imágenes durante toda la narración. Las que usan recursos como la entrevista, testimonios, declaraciones de la víctima, le ponen un tono dramático, y no siempre respetan el derecho a la privacidad de la identidad; lo que prima es el morbo. La tendencia no es narrar un hecho, se recrea un drama, la mayoría de ellos con finales trágicos. Se acentúa la atención en los detalles del crimen y pareciera que tanto dolor y tragedia es ficción.

La televisión recurre mucho al uso de adjetivos como “monstruo”, celoso, violento, ebrio, brutal, “fatídica historia”, “desgarradoras escenas de dolor”, ”desalmado”, etc.

La forma como se narra la noticia tiene carácter policial, porque hacen uso de términos policiales. La nota se inicia mencionando el asesinato de una mujer, la denuncia de un familiar, la captura de un presunto feminicida. Las noticias en algunos casos están situadas en la sección policial o le anteceden o preceden noticias policiales. Las imágenes ponen el acento en el crimen.

En las radios regionales, la presentación de la noticia es distinta. La información es ampliada con datos y contextualización de la noticia, entrevista a autoridades e instituciones involucradas en la atención y prevención de la violencia.

Las causas que se atribuyen a la violencia

La forma como se narra la noticia justifica la acción del agresor y refuerza estereotipos que buscan justificar la violencia mediante el uso de términos, por ejemplo, ¿Él llegó borracho? ¿Le reclamo algo? ¿Por qué le permitió tanto tiempo de violencia? “Según familiares de la víctima Gonzalo Plácido, cegado por los celos acuchillo a Milagros Guaringa”.

Los hombres y las mujeres son presentados de manera diferente en la noticia: los hombres aparecen como violentos, incapaces de controlarse, obsesivos; características atribuibles a delincuentes, asesinos, monstruos o desquiciados. Esta manera de presentar a los agresores haría una diferencia con hombres “normales”, los cuales estarían lejos de realizar estos actos, imposible imaginarlo por parte de otras mujeres que sufren violencia por parte de su pareja.

Las mujeres son mostradas como indefensas, pasivas objeto de violencia, la que calló porque estaba amenazada, la que soportó por años el maltrato y que finalmente fue maltratada: “Hace cinco años hubo maltrato, golpes, pero a pesar de esto, ella regresaba con él”. En algunos casos, se mencionan que hizo uso de sus derechos: puso una denuncia y pidió protección del Estado, por ejemplo. Se las menciona como madre, esposa no como ciudadana a la que violentaron sus derechos. Se profundiza en el rol de madre, algunas acompañadas del estigma de ser madre soltera y tener hijos de otro compromiso “Mily deja en la orfandad a dos niñas de 2 y 3 años, era madre soltera” “Milagros quien tiene hijos producto de otra relación está internada…” En cambio, los hombres no aparecen en su rol de padres. Muy pocas veces se elogia a las mujeres y se habla del truncamiento de su futuro.

Finalmente, las noticias analizadas en medios regionales, presentan algunas diferencias entre la TV y la radio local y la de cobertura nacional. En términos generales en lo visual y oral, no contribuyen a entender el problema de la violencia basada en género. No logran analizar el hecho como un problema social que tiene raíces en las desigualdades estructurales de género, y que se hace evidente en la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres.

Se refuerza el estereotipo de la naturaleza violenta y agresiva de los hombres. Se revictimiza a la mujer agredida calificando su conducta. Usa calificaciones que solo sirven para construir novelas policiales que entretienen, pero no educan. Todo esto en horario familiar.

Lo que podrían hacer lo medios

Los medios masivos de comunicación pueden ser aliados importantes en la construcción de una cultura de rechazo a la violencia de género. Por su capacidad de llegar a un gran número de población podrían hacer mucho, para socializar, motivar y propiciar debate y diálogo con relación a este problema que sigue afectando la vida de las mujeres. Lo pueden hacer en el marco de la responsabilidad social, compromiso ético, que está en relación con compromisos suscritos por el Estado peruano con tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, que son de obligatorio cumplimiento³ , así como la Constitución Política del Perú, políticas nacionales como la Ley de Igualdad de género, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el Plan nacional contra la violencia de género 2016-2021, además de sus propios códigos de ética adscritos al Código de Ética promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o al Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

  • 1.Lourdes Barrezueta Barzola, Tratamiento de la noticia del a violencia contra la mujer, basada en género en los informativos dela televisión (señal abierta) y la radio peruana, CONCORTV, Lima 2018.
  • 2.El monitoreo se realizó en las noticias de siete medios, dos de Lima y cinco ubicados en departamentos, entre los meses de mayo y abril, en la que se encontró noticias relacionadas con tres tipos de violencia basada en género: feminicidio íntimo, tentativa y violación sexual.
  • 3.Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y su Protocolo Facultativo, Aprobada por Resolución Legislativa Nº 27429 del 23/02/2001, y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ratificada el 2 de abril de 1996 (Convención de Belem Do Pará – 1994).

Descargue: Feminicidio en el discurso periodístico
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  • Elaborado por: Susana Zapata