Con el objetivo de contribuir el adecuado cumplimiento de las funciones de las IRC (Instancias Regionales de Concertación) en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Dirección General contra la Violencia de Género, inicio un ciclo de conferencias virtuales sobre la materia.

Representantes de las IRC de Apurímac, Cusco, San Martín, participaron en la primera conferencia sobre el enfoque de género, una de las 4 que se desarrollarán durante el año, en que se abordarán las normas sobre prevención, atención, protección, recuperación de las víctimas, sanción y rehabilitación de las personas agresoras.

Durante el evento los y las participantes pudieron reflexionar sobre los desafíos para incorporar el enfoque de género en las acciones del Estado, para erradicar la violencia de género hacia las mujeres.

“El enfoque de género nos ayuda a darnos cuenta de cómo es que la violencia afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres, que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la discriminación. El enfoque nos pone los lentes para poder mirar de otra manera el trabajo con las mujeres, y pensar en acciones que no solo se enfoquen en ellas, sino también en la transformación de las relaciones de género, esas relaciones desiguales entre hombres y mujeres que no permiten avanzar, y que continúan reproduciendo y naturalizando la violencia contra las mujeres”, mencionó Jimena Barrenechea, coordinadora del Proyecto Fortalecimiento de la Prevención de la Violencia.

Para finalizar, Aissa Tejada Fernández, Directora de Políticas para una Vida Libre de Violencia, destacó los avances en materia de atención y de sanción de la violencia de género contra las mujeres,  “es por esto que ahora se está trabajando en la prevención, es así como parte del plan de fortalecimiento de capacidades se ha incluido dos normas entre las que se encuentra la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres que  se inicia en las tres regiones mencionadas” e hizo llamado a seguir participando e involucrase para lograr cambios importantes en este grave problema.

DATO:

De acuerdo con el INEI (2019) en Apurímac el 72,8% de mujeres de 15 a 49 años, alguna vez unidas, sufrieron violencia por parte de su pareja, en Cusco el 65,3% y en San Martín 55,2%.

En el marco de la Ley nº 30364, la Región Ucayali implementó el Observatorio Regional de la Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, con el cual suman 17 en todo el territorio nacional, hasta la fecha. El presente año 2021 se han implementado tres Observatorios regionales en Puno, San Martín y Ucayali; en el año 2020 se instalaron 6 Observatorios regionales en Loreto, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Arequipa, Pasco; en el año 2019 fueron 7, en las regiones de Huánuco, Apurímac, Huancavelica, Ica, Callao, Ayacucho, y la Libertad; y en el 2018 se instaló el Observatorio regional de Tacna. Cabe mencionar que, los Gobiernos Regionales de Moquegua y Amazonas cuentan con Ordenanzas Regionales de creación de Observatorios Regionales, encontrándose en proceso de implementación.

Los Observatorios Regionales son mecanismos de articulación y coordinación de las Instancias Regionales de Concertación que brindan información y generan conocimiento, en sus ámbitos territoriales, referido a la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; así como de las intervenciones generadas para su prevención, atención y protección de las víctimas, y/o sanción y reeducación de las personas agresoras, a través de la presentación de estadísticas, normativas (ordenanzas, resoluciones), red de servicios locales, entre otros.

Debemos indicar que:

1. Los observatorios deben actuar como mecanismos de observación y tienen por finalidad lograr un mayor conocimiento de la realidad social de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, para que la sociedad tome conciencia y actúe. Asimismo, deben promover acciones políticas que transformen la sociedad.
2. El público objetivo de los Observatorios son los/as operadores/as de servicios públicos, las víctimas de la violencia, los medios de comunicación, los/as planificadores/as de políticas, los/as activistas, entre otros actores que trabajan o están interesados en el tema de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
3. En los Observatorios, la difusión de la información debe reflejar la realidad y los problemas más sentidos por la población, brindando una mirada global e integradora que trascienda a los mitos que suelen reproducir y justificar la violencia y desigualdad. Es decir, además de la violencia se debe mirar la educación, la salud, el empleo, la cultura, la política, el arte, la migración, etc.
4. Los Observatorios deben poner atención en los contenidos y la claridad de los conceptos a fin que la divulgación sea efectiva.  Por ejemplo, el concepto «violencia hacia las mujeres» se refiere a la violencia que afecta a las mujeres en un contexto de dominación estructural de lo masculino frente a lo femenino, y por ello también se denomina violencia de género.  En nuestras políticas se usan el término «enfoque de género» o «perspectiva de género» y no existe el término «ideología de género».
5. Los Observatorios Regionales deben contar, además del equipo consultivo conformado por Instancia Regional de Concertación, con un equipo técnico que se encargue del funcionamiento operativo del Observatorio.

Dentro de ese marco, la Dirección General contra la Violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia técnica y acompañamiento a los Gobiernos Regionales, que lideran las Instancias de Concertación Regional, para la creación e implementación de los Observatorios regionales, en cumplimiento de la Ley nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Para mayor información sobre los Observatorios regionales en el país, puede visitar el siguiente enlace: https://observatorioviolencia.pe/observatorios-regionales/

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó hoy el libro Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer, 2015-2019, a través de la plataforma virtual zoom.

El documento tiene como objetivo contribuir a la formulación de políticas públicas de prevención, atención y erradicación de la violencia familiar, una de cuyas modalidades es el feminicidio. El documento ha sido se elaborado con información de los registros sobre víctimas de feminicidio y tentativas del Programa Nacional AURORA, de homicidios del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú y del registro sobre presuntos feminicidios y tentativas del Ministerio Público.

En cuatro capítulos desarrolla el marco teórico y legal sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio, las características de las víctimas de feminicidio y de los presuntos victimarios, las características de las víctimas, aspectos relacionados a la violencia física, psicológica y sexual que experimentan las mujeres, la metodología para determinar las cifras del feminicidio y, finalmente un anexo estadístico.

En el evento de presentación, estuvieron presentes el señor Dante Rafael Carhuavilca Bonett, Jefe del INEI y el señor Aníbal Sánchez Aguilar, Sub-Jefe del INEI; la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinoza; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, quienes comentaron la publicación.

PRESENTACIÓN	FEMINICIDIO EN EL PERÚ

Con el objetivo de conocer los avances y acciones para garantizar la atención, prevención y protección a las víctimas de violencia de género, se realizó la 21° reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) el pasado 22 de febrero.

La CMAN es el organismo máximo del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, integrada por sectores e instituciones del Estado, quienes sesionan periódicamente con el fin de aprobar estrategias de acción en la materia.

La reunión liderada por la ministra Silvia Loli Espinoza, quien preside la Comisión, se inició con información sobre el proceso de implementación de 21 Centros Emergencia en Comisarías, programados para el presente año, los cuales se suman a los 170 ya creados. Se prevé entonces, contar con 191 Centros Emergencia en Comisarías en el 2021.

Asimismo, se informó que ante la prórroga del estado de emergencia sanitaria el MIMP ha declarado como esenciales sus servicios de atención a las víctimas de violencia, y dispuesto su funcionamiento las 24 horas del día los siete días de la semana.

Seguido, y con la finalidad de promover la prevención, modificar patrones culturales y creencias que justifican la violencia contra las mujeres, el MIMP presentó los Lineamientos estratégicos para la prevención de la violencia de género contra las mujeres, documento que establece pautas para la acción articulada intersectorial y multisectorial con énfasis en la prevención primaria. Teresa Hernández Cajo, Directora General contra la Violencia de Género, mencionó que la propuesta responde a la necesidad de contar con una intervención unificada entre todos los sectores públicos que tienen competencia en la materia, e incluye también al sector privado.

En su turno, representantes de diferentes sectores informaron sobre las mejoras en el acceso de las mujeres a medios de defensa por órganos jurisdiccionales, el sistema interoperables que permite la atención rápida de denuncias, el trabajo para la reducción de la violencia en educación primaria y bilingüe en la política de inclusión social, con mujeres que forman parte de comedores populares y organizaciones sociales de base, y la maximización de la atención de las 17 fiscalías especializadas en violencia.

En el 2018, se creó el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ), con el fin de garantizar el acceso a la justicia y a la protección integral de las víctimas de violencia, luego de un trabajo coordinado entre las instituciones que lo integran, se presentó la Estrategia de Implementación progresiva en el territorio nacional de los nuevos juzgados para el año 2021.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) congregó a las/los integrantes de las Instancias Regionales de Concertación de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes, con el objetivo de identificar avances en el desarrollo de sus funciones, advertir nudos críticos o aspectos de mejora en la implementación de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, y plantear mecanismos para fortalecerlas.

El intercambio de avances y desafíos se realizó a través del primer taller Macrorregional virtual denominado “Intercambiando experiencias de gestión de las Instancias Regionales de Concertación para erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, organizado por el MIMP a través de la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia, de la Dirección General Contra la Violencia de Género.

Durante la jornada, se identificó la importancia de contar con planes de trabajo adecuados al estado de emergencia nacional, que garanticen la ejecución de actividades considerando las restricciones propias de la pandemia producto de la Covid-19. Asimismo, se planteó reforzar la implementación del Protocolo Base de Actuación Conjunta, herramienta que establece los procedimientos para todos los sectores y entidades involucrados en la atención y protección de las mujeres e integrantes del grupo familiar, víctimas de la violencia, a fin de asegurar la actuación integral de los servicios, adecuados al contexto de cada región.

El MIMP plantea fortalecer a las instancias a través de capacitación en gestión pública articulada, orientada a resultados, asistencias técnicas, talleres para el intercambio de experiencias, elaboración de lineamientos para mejorar la normativa que regula su creación y funcionamiento, así como el de los Observatorios Regionales de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y elaboración de materiales de difusión.

El evento fue clausurado por la viceministra de la Mujer, María Pía Molero Mesia, quien destacó la importancia del trabajo articulado, a nivel intersectorial, intergubernamental e interinstitucional de las instancias, para el seguimiento a los instrumentos de gestión del Sistema Nacional para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tales como los Observatorios Regionales y el Protocolo Base de Actuación Conjunta.

Cabe señalar que se realizarán otros cuatro talleres durante los meses de noviembre y diciembre, con lo cual se logrará congregar a las 26 regiones del país, cuyos Gobiernos regionales han creado sus respectivas Instancias de Concertación.

El análisis de casos de violencia a mujeres que viven en ámbitos rurales, realizado por el Observatorio Nacional, mostró que son las mujeres entre los 33 y 59 años, las que sufren más violencia. La información se presentó en el Foro Violencia hacia las mujeres en el ámbito rural. Análisis interseccional de casos atendidos en los Centros Emergencia Mujer.

La población del análisis

De un total de 229 014 casos de violencia atendidos en los Centros Emergencia Mujer (CEM) en los años 2017–2018, se analizaron 25 mil 195 casos nuevos de mujeres atendidas en los CEM, derivados por la Estrategia Rural, debido a que la víctima salió de su comunidad para proteger su vida y la de su familia.

¿Qué buscamos con el análisis sobre la violencia a mujeres en ámbitos rurales?

Como mecanismo del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Observatorio, busca contribuir a la generación de evidencias sobre las diferentes modalidades de violencia que afectan a las mujeres en los distintos espacios en los que se desarrollan.

Con este análisis, queremos visibilizar la situación de violencia que viven las mujeres en el ámbito rural, con el fin de generar espacios de diálogo y discusión que permitan aportar en la mejora de las políticas públicas para prevenir y atender este tipo de violencia.

¿A qué llamamos área rural?

Para efectos del análisis, se ha tomado en cuenta la definición del INEI, que considera área rural o centro poblado rural, al espacio geográfico que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente, ni es capital de distrito, o que, teniendo más de 100 viviendas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos.

La violencia hacia las mujeres de zonas rurales

Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres en zonas rurales, además de las características de las zonas geográficas en la que habitan, nos referimos también a un conjunto de situaciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, a lo que se suma su procedencia: indígena, andino y amazónico, mestizas y afroperuanas (Sanca 2018).

El Censo Nacional de 2017, señala que en el Perú existen 14 mil 931 127 mujeres, lo que equivale al 50,82 % de la población nacional. De ellas, 2 mil  996 720 (20,07 %) residen en áreas rurales.

Los departamentos con mayor población rural femenina son: Cajamarca, Puno, Cusco, Ancash, Piura, La Libertad, Junín, Huánuco, Loreto, Ayacucho, Huancavelica y San Martin.

Una de las características que tiene relación con el ejercicio de derechos ciudadanos, es el Documento Nacional de Identidad (DNI), al respecto, en el año 2015, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) reportó que hay más de medio millón de peruanos y peruanas sin documento de identidad. El 57 % son mujeres. Asimismo, se reportó que el 8,2 % de las mujeres rurales carecen de DNI, en cambio en las zonas urbanas el 2,6% de las mujeres no cuentan con este documento (ONU-Mujeres, 2015).

Las mujeres rurales se enfrentan a otras desigualdades que caracterizan a todas las mujeres:  96,4 % trabaja en condiciones de informalidad y su trabajo es visto como “ayuda”, principalmente ayuda al cónyuge o a familiares, por la que no percibe una remuneración. Por otro lado, en el ámbito rural el ingreso promedio mensual es de S/ 424,1 (USD 125), y solo el 4,0 % de las mujeres está afiliado a algún sistema de pensión.

Las mujeres se dedican, en promedio, 29 horas a actividades remuneradas y 47 horas al trabajo doméstico no remunerado, a la semana; mientras que los hombres, dedican 15 horas más a actividades remuneradas y 26 horas menos al trabajo doméstico no remunerado (INEI, 2017).

El perfil de las mujeres víctimas de violencia en zonas rurales

Las mujeres que sufrieron más violencia en las zonas rurales analizadas, están entre los 30 y 59 años (36%), seguida del grupo de 18 a 29 años (23,9%), luego el grupo de 12 a 17 años (22,6%) y las niñas entre 0 a 11 años (15,3%).

Con relación al nivel educativo el 77,2% de mujeres víctimas  tiene un nivel educativo de inicial a secundaria incompleta. El 2,1% tienen alguna discapacidad, 49% se encontraba gestando al momento en que acudió al Centro Emergencia Mujer. El 54,8% de las mujeres víctimas de violencia se considera mestiza, quechua (21,1) nativa o indígena de la Amazonía (11,5%), aymara (2,7%).

Quien agrede a las mujeres es en primer lugar es su pareja (52,5%) en segundo lugar un familiar (26,%). El 21.5% no tiene ningún vínculo relacional con la persona agresora. La violencia son hechos continuos en la vida de las mujeres, el (67%) manifestó que es agredida de manera reincidente.

El perfil de las personas que ejercen violencia contra las mujeres en zonas rurales

Las personas que ejercen violencia contra las mujeres son hombres (93%) cuyas edades están entre los 30 a 59 años de edad, el 26,8% son jóvenes, 4% son personas adultas mayores, y el 2,3% adolescentes.  54,9%) de los agresores tienen nivel educativo es inicial y secundaría. Respecto a su ocupación el 84% tiene como ocupación campesino, agricultor, conductor, docente, albañil, pescador, comerciante, mecánico, constructor y ganadero señalados en ese orden.

Casos de violencia por región

Los departamentos de Cusco (12,1%), Junín (9,0%), Ancash (8,0%), Cajamarca (7,0%) son los que presentan más casos de violencia atendidos en los CEM.

Tipos de violencia sufrida por las mujeres

Las mujeres que fueron atendidas en los CEM, sufrieron diferentes tipos de violencia. El principal fue la psicológica (9 516), seguida de la sexual (3 176), física (929) y económica (140). Estos tipos de violencia representan el 54,62% de la violencia que sufren las mujeres.

La violencia se presenta también de manera múltiple. La física y psicológica registró 8 600 casos, la económica y psicológica 1 122 casos. Se presenta también la triple violencia, la más frecuente es la económica – psicológica – física (816 casos).

La violencia afecta a las mujeres de todas las clases sociales, de todas las religiones y de todos los grupos étnicos, y en todos los ámbitos donde vivimos. Algunos sectores son más vulnerables como son las mujeres rurales, porque encuentran  muchas trabas para salir del problema: cuentan con menos información, mayor presión, control, miedo al momento de denunciar, y difícil acceso a recursos y servicios de ayuda.

Recurso informativo:

https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/29240-estrategia-rural-del-mimp-llega-a-208-comunidades-rurales-y-nativas-a-nivel-nacional

Introducción

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio del Interior (MININTER), han elaborado el Protocolo de actuación conjunta de los Centros Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías Especializadas en Materia de Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú, el cual ha sido aprobado mediante Decreto Supremo n° 006-2018-MIMP, publicado hoy en el diario El Peruano.

Todas las comisarías de la Policía Nacional del Perú, independientemente de la especialidad, están obligadas a recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias verbales o escritas de actos de violencia. 

El Protocolo

Establece consideraciones específicas para el tratamiento efectivo de los casos de violencia en niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, LGTBI, para estos servicios que por el tipo de problema que abordan, deben tener como obligación saber cómo detectarla, orientar a las víctimas y actuar adecuadamente, lo que mejorará la actuación e intervención con quienes la sufren.

El Protocolo propone elementos clave para el tratamiento de la víctima como el acogimiento, el reconocimiento de sus necesidades, el respeto a sus derechos y trato digno, considerando la edad, las características socioculturales, lengua, su situación de discapacidad, y el tipo de violencia, y las circunstancias, respeto y dignidad como persona. Asimismo, las rutas de atención para casos que constituyen y no constituyen flagrancia (es decir la detección de una persona justo cuando comete un delito sin necesidad de tener una orden judicial). Descarga el protocolo haciendo clic en el botón azul.

Procedimientos de atención

Cuando una víctima concurre a  un CEM en  Comisaría será recibida por un personal de atención al público, quien brindará orientación sobre:

• Los servicios que brinda el CEM y la Comisaría.
• Presentación  y trámite de la denuncia.

Así mismo:

• Derivará a la comisaría, si la persona usuaria o denunciante decide iniciar su atención con la presentación de la denuncia.
• Derivará al CEM, si la persona usuaria o denunciante quiere recibir previamente orientación para interponer la denuncia y acceder a los servicios especializados del CEM.

Ruta de atención  CEM en Comisarías

El Protocolo desarrolla un modelo de atención integral de intervención para garantizar el acceso de las mujeres y a los integrantes del grupo familiar a la justicia, en la necesaria tarea de trabajar coordinada y corresponsablemente para generar entornos libres de violencia a las mujeres y otras personas afectadas por la violencia familiar y de género.
Como estrategia de coordinación del Protocolo, se ha creado el Comité Técnico Interinstitucional, conformado por el/la coordinador/a del CEM y el comisario de la PNP.

El trabajo interinstitucional del Estado contra la violencia

La ley, 30364, establece un sistema de atención integral, de calidad, articulado y oportuno, que permita la detección de la violencia, el cese, brindar la protección a las víctimas, procurar la recuperación de las víctimas y sancionar a las personas agresoras, el Protocolo, es una herramienta para el trabajo articulado entre las instituciones involucradas en la atención del problema. El MIMP y el MININTER, suscribieron en el año 2016 con la finalidad de implementar los servicios especializados denominados Centro Emergencia Mujer en Comisarías.

Los/as Comisarios/as o el personal de las Comisarías coordinan con el personal del CEM, para el apoyo técnico en los siguientes servicios:

• Servicio en psicología:  Con la finalidad que emitan, a la brevedad posible el informe psicológico para ser anexado en el informe policial que se remitirá al Juzgado y de esta manera asegurar las medidas de protección.
• Servicio legal:  A fin que  las personas usuarias cuenten con orientación y asistencia legal gratuita.
• Servicio social: A fin que se proceda al recojo de información para proyectar con todo el equipo un diagnóstico integral de la situación de violencia,  la búsqueda de redes familiares y la realización de gestiones de apoyo social.

¿Qué es un CEM en comisaría?

Es un servicio especializado, interdisciplinarios, que brinda atención, orientación psicológica, social y legal a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar, que acuden a las comisarías a denunciar hechos de violencia. La importancia de un CEM en comisaría, radica en la atención directa que hace el equipo multidisciplinario a las víctimas que acuden a esta dependencia.
Estos dos servicios juntos, facilitan realizar procesos necesarios en la atención de una víctima de violencia: la evaluación psicológica para la emisión de medidas de protección, el informe social que permite aplicar adecuadamente la valoración del riesgo por la PNP, así como la asistencia y patrocinio legal para una adecuada denuncia y acceso a la justicia. Permite, además, integrar y optimizar el trabajo que realiza la PNP en la formulación de las denuncias por violencia ante los Juzgados de Familia y Ministerio Público.

¿Dónde están ubicados?

Actualmente, operan 65 CEM en comisaria en todo el país, los cuales atienden 24 horas, los siete días de la semana.
Comisaría especializada en materia de protección contra la violencia familiar.

Accede al directorio de CEM en Comisarías haciendo clic en el botón azul

El Cem en Comisaría es un servicio de prevención, protección y ayuda que brinda la PNP a personas que se encuentren en situación de riesgo de violencia. Interviene, investiga y denuncia los delitos contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Funciona las 24 horas del día.

Revisa aquí el protocolo.

• Elaborado por: Susana Zapata y Teresa Viviano.

Presidente del Consejo de Ministros, instaló Comisión encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer

Lima, 12 de junio de 2018

De acuerdo con la Resolución Suprema n°. 128-2018-PCM, el jefe del gabinete ministerial, César Villanueva Arévalo, instaló de la Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones concretas y urgentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con énfasis en los casos de alto riesgo.

La violencia contra las mujeres, es un problema social que enfrenta el Estado peruano, y ante los graves hechos de violencia en el país, el Gobierno estableció la creación de este espacio de coordinación conformado por entidades del Estado competentes en la materia.

Participan en la comisión la Presidencia del Consejo de Ministros quien la preside, los sectores Mujer y Poblaciones Vulnerables como secretaria técnica, Salud, Educación, Justicia y Derechos Humanos, Interior, Cultural, Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas; la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación. La composición de la comisión, sin embargo, no se limita a la norma que la crea, podrán participar especialistas u otras entidades públicas, necesaria para el enriquecimiento de las propuestas.

Las entidades públicas integrantes de la Comisión tienen la responsabilidad de actuar articuladamente para reducir la violencia, este es un mandato de la Ley N° 30364, Ley para prevenir y el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021, normas que establecen la participación de los tres niveles de gobierno y de los sectores y entidades involucradas en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

En la reunión se conformaron comisiones de trabajo por temas, las cuales deben culminar con en un plazo de 45 días con la presentación de un plan de trabajo multisectorial.  Además, los diferentes integrantes de la comisión presentaron 11 acciones inmediatas:

• Articulación al más alto nivel para enfrentar la violencia contra la mujer y el feminicidio. Se trata alinear la intervención de todos los sectores involucrados, en base a mecanismos de articulación multisectorial.
• Aprobación del Protocolo de Feminicidio. Será publicado en un plazo inmediato. El protocolo desarrolla un proceso de atención inmediato y articulado para permitir la protección a la víctima de tentativa de feminicidio con el fin de evitarlo.
• Campaña nacional contra el feminicidio. Se iniciará una campaña de comunicación que promueva el cambio cultural sobre las relaciones entre hombres y mujeres, y la visión que tiene la sociedad peruana sobre la violencia y el machismo.
• Programa ‘Hombres por la igualdad’.  Desde un enfoque preventivo, se formarán equipos de varones para que trabajen en neutralizar las prácticas machistas y violentas, que justifican, reproducen y perpetúan la violencia contra mujeres. Llegaremos a 37 mil varones en las 24 regiones, a diciembre de este año. Los promotores varones del MIDIS serán parte de este equipo de trabajo.
• Centros de atención en salud mental comunitaria. Los centros de atención en salud mental comunitaria ampliarán sus servicios. Se prevé llegar a 18 regiones del país. Crearemos 41 nuevos centros de atención a la salud mental, en coordinación con los gobiernos regionales.
• Creación del Fondo de estímulo para la prevención de violencia a nivel de gobiernos subnacionales. Se trata de estimular el trabajo que vienen realizando alcaldes y gobernadores en favor de la ciudadanía y de las mujeres. Buscamos poner de inmediato en las agendas regionales y locales estos importantes temas.
• Mapas del delito sobre violencia de género por región. Los mapas del delito sobre violencia contra las mujeres son herramientas fundamentales para implementar acciones preventivas y de protección en torno a este problema. Por ello, la PNP contará con mapas del delito que visibilicen El problema de la violencia contra la mujer, a fin de fortalecer el trabajo policial en territorios prioritarios.
• Fiscales especializados en violencia contra la mujer (coordinado por el Mininter). Se empezará proceso con la instalación de 10 fiscalías especializadas en Lima Metropolitana y Callao, las mismas que trabajarán de modo articulado con la PNP y el Poder Judicial en favor de las víctimas, sancionando de modo efectivo y rápido a los agresores.
•  Aprobación del Plan Operativo de los Lineamientos para la convivencia escolar. Desarrollaremos 78 acciones concretas entre junio de 2018 y diciembre de 2019. Todas cuentan con presupuesto, indicadores y metas en base a cuatro ejes estratégicos:
  •  Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para la promoción de la convivencia, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
  •  Desarrollar en los estudiantes competencias relacionadas a la convivencia escolar y la prevención de la violencia.
  •  Asegurar un adecuado proceso administrativo disciplinario al personal de la institución educativa involucrado en hechos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
  • Fortalecer a las instancias de gestión descentralizada en la promoción de la convivencia, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Actualmente solo el 12% de nuestras escuelas utiliza los protocolos adecuados para la atención de la violencia. Nuestra meta es llegar al 30% para el 2018 y lograr el 100% en el 2021.

• Especialistas de convivencia escolar para las 220 UGEL. Desde el MINEDU se está fortaleciendo las capacidades para la prevención y atención de la violencia. Hemos dispuesto la contratación de 237 especialistas de convivencia escolar para las 220 UGEL. Estos especialistas son psicólogos o trabajadores sociales que apoyarán la implementación del plan de trabajo sobre los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes.
• Escuelas seguras con docentes idóneos para nuestros niños y niñas. De los 779 casos de personal docente y administrativo con condenas por terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas, 582 casos son condenas por delitos contra la libertad sexual. El Ministerio de Educación con el apoyo de las Direcciones Regionales de Educación, inició el proceso de destitución de dichos condenados a partir del 27 de mayo y al día de hoy ya se han destituido más del 85% de los casos. Este proceso debe ser concluido al 100% en junio. Las personas destituidas no volverán jamás al sistema educativo.

La comisión se conformó el 8 de junio, mediante Resolución Suprema 129-2018-PCM, tiene carácter temporal.