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MIMP y COCEP presentan avances en promoción de la equidad y prevención de la violencia de género en el ámbito empresarial

MIMP y COCEP presentan avances en promoción de la equidad y prevención de la violencia de género en el ámbito empresarial

“La tasa de participación de las mujeres en espacios laborales es de casi 25 puntos porcentuales respecto de los hombres, que es de 74,4 por ciento en América Latina”, manifestó Sandy Martínez Jara, Directora General contra la Violencia de Género, en la reunión con representantes y lideresas empresariales del Comité Iguales de la Cámara de Comercio de España en Perú (COCEP).

Ante esta situación, mencionó que el MIMP tiene el compromiso de eliminar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y contribuir a prevenir la violencia de género en el ámbito laboral, en tal sentido, realiza un conjunto de acciones que involucran al sector privado como actor importante en la sociedad.

En primer lugar, destacó la Marca de Certificación “Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación Contra la Mujer”, que reconoce a las personas jurídicas, públicas o privadas que promocionan la igualdad y previenen la violencia dentro y fuera de sus organizaciones. 

A continuación, resaltó la campaña No Estás Sola, que contribuye con información, fortalecimiento de capacidades y derivación de casos de violencia a los servicios que brinda el Estado. Desarrollada en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Seguido destacó la participación activa de las empresas asociadas a la COCEP en el Piloto Siembra Igualdad, el cual ha culminado con un documento con recomendaciones importantes para las empresas que promueven la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia o que detectan casos de violencia en su personal.

Antes de culminar refirió dos documentos clave en la prevención de la violencia de género generados por el MIMP, la Estrategia Nacional y el Marco Conceptual de la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, y anunció el lanzamiento del aplicativo móvil Yanapp, que trae información oportuna y contacto directo en caso de emergencia.

Finalmente, destacó la participación de la COCEP en más de una acción emprendida por el Sector, lo que demuestra el compromiso social del empresariado en la transformación de la sociedad con el fin de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.




Violencia contra mujeres indígenas u originarias

Violencia contra mujeres indígenas u originarias

Es cualquier acción o conducta que, causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o afectación económica-patrimonial, a las mujeres indígenas u originarias. Esta modalidad es todavía poca documentada, aunque crecientemente visible, que se agrava por la pobreza y la discriminación que enfrentan, dentro y fuera de sus pueblos de pertenencia. Según un informe elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia es uno de los problemas más alarmantes que enfrentan las mujeres indígenas en América Latina[1].

La CIDH hace el seguimiento a la situación de las mujeres indígenas bajo la premisa de que existe un vínculo estrecho entre los actos de violencia hacia ellas y la discriminación histórica que enfrentan por la intersección de su género, origen étnico y frecuente condición de pobreza. El informe señala que, a lo largo de la historia, las mujeres indígenas han sufrido racismo, exclusión y marginación, que influyen en la discriminación estructural que siguen enfrentando en todos los sectores de la sociedad[2].

La Comisión Interamericana señala que existen diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres indígenas, entre ellas:

  • La violencia en contexto de conflicto armado.
  • La violencia en contexto de proyectos de desarrollo, de inversión y de extracción.
  • La violencia relacionada con la militarización de las tierras indígenas.
  • La violencia doméstica.
  • La violencia en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
  • La violencia contra las lideresas y defensoras indígenas y contra las personas defensoras de derechos humanos que trabajan para promover sus derechos humanos.
  • La violencia en el medio urbano y durante procesos migratorios y de desplazamiento[3].

Según un estudio desarrollado en México, esta modalidad de violencia se encuentra relacionada con las estructuras tradicionales que se desarrollan en las relaciones familiares, comunitarias e institucionales, y por ello, se indica que, “(…) tiende a justificarse por el respeto a los usos y costumbres, lo que conlleva a no denunciar y a atestiguar silenciosamente las violencias que sufren” [4], expresado cuando las autoridades no reconocen la violencia como problema público, o no efectúan acciones para contextualizar los servicios, a fin que sean accesibles para todas las personas, denegando la existencia de diferencias culturales, monolingüismo, desconocimiento de procesos administrativos y legales, inexistentes servicios de cuidado familiar, entre otros[5].

En ese sentido, la CIDH recomienda e insiste en la necesidad de un enfoque holístico e interseccional para responder a la violencia contra las mujeres indígenas y erradicarla. Señala que las mujeres indígenas y sus comunidades sufren el impacto de la violencia de una manera muy específica, que vulnera sus derechos humanos.