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Abuso sexual y embarazo en niñas

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Abuso sexual y embarazo en niñas

Las cifras del abuso sexual

El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, es el contacto e interacción entre una persona adulta con una menor de 18 años con la finalidad de obtener gratificación sexual y/o estimularse sexualmente él mismo o a otra persona. (Viviano, 2012).

Puede consistir en actos con contacto físico (tocamiento, frotamiento, besos íntimos, coito ínter femoral, de penetración con el órgano sexual o con las manos, dedos, objetos) o sin contacto físico (exhibicionismo, actos compelidos a realizar en el cuerpo del abusador o de tercera persona, imponer la presencia en situaciones en que la niña o niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, entre otros), como también la explotación sexual y pornografía (PNAIA:20)

En el año 2017, los Centros Emergencia Mujer (CEM) del MIMP registraron 30 681 casos  de violencia a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, de los cuales 6 030 son casos de violencia sexual a niñas y adolescentes mujeres y 563 de niños y adolescentes hombres.

Según las estadísticas que mostramos en el siguiente cuadro, el mayor número de personas que abusaron sexualmente de una niña, niño o adolescente tenían un vínculo cercano familiar o sentimental, y un número menor eran extraños o desconocidos de la víctima. Las evidencias nos indican que el abusador es alguien con el que la víctima tiene un vínculo de confianza y puede ser o no, un familiar, una persona que ejerce autoridad o que le inspira respeto, como un maestro, un tutor, un entrenador, un amigo de la familia, un vecino, entre otros.   Entre los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de que este tipo de violencia suceda está la insuficiente protección parental, la poca consciencia de la niña, niño o adolescente sobre el peligro al que está expuesto.

Esta situación se torna aún más dramática cuando las niñas o la adolescente resultan embarazadas como producto del abuso sexual.

Niñas obligadas a ser madres

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) realizada el año 2016 a mujeres de 15 a 49 años identifica que, del total de encuestadas, el 12% del grupo de mujeres adolescentes entre 15 a 19 años se encontraban embarazadas o habían sido madres. Estas estadísticas nos evidencian que el embarazo en menores de edad se perfila como un problema de salud pública. También nos indica un vacío de información oficial sobre embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, pese a que es un problema a la vista importante.

Por otro lado, en el 2016, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) registró 45 mil 702 recién nacidos cuyas madres eran niñas y adolescentes menores de 18 años y los padres tenían entre 30, 40 y más años que las madres.  Imaginamos que muchos de ellos corresponden a situaciones de abuso sexual. la estadística del Reniec nos advierte que,  1 mil 702 niñas y adolescentes de 11 a 14 años edad ya son madres (RENIEC: 2016).

Las implicancias

Las cifras nos dicen, que miles de niñas que se convierten en madres aun cuando sus cuerpos no han terminado de desarrollarse y tampoco han alcanzado una madurez intelectual y emocional para afrontar una maternidad impuesta por el abuso.

La realidad de niñas abusadas y embarazadas encara al Estado y la sociedad a generar mecanismos específicos de atención integral, como espacios seguros donde se acoja a las niñas embarazadas, en caso no existan condiciones para en sus hogares. Lugares donde se les prodigue cuidados y acompañamiento especializado, orientación para facilitar la adopción en caso la familia de la menor no pueda asumirla y la recuperación en la salud mental, dada su exposición a situaciones traumáticas y situaciones vitales límite.

Este panorama nos emplaza a la sociedad en general, a contribuir en la construcción de una cultura de  prevención de la violencia sexual contra las niñas.

El abuso sexual específicamente a niñas que resultan embarazadas como producto de la violación, atenta el derecho a la vida y la salud de las mujeres.

El embarazo en contexto de violación sexual es un problema de salud pública que limita el normal desarrollo de la niña y pone en riesgo su salud física y mental, a la vez que afectan su futuro en cuanto a calidad y proyecto de vida.

Cuando el embarazo pone en riesgo la vida

Es muy probable que al tratarse de una niña, las complicaciones del embarazo pongan en riesgo su vida. De ser el caso, la interrupción del embarazo de manera segura y legal puede entrar a en discusión. El artículo 119 del Código Penal se refiere al aborto terapéutico como el derecho de todas las mujeres a decidir si interrumpen o no su embarazo cuando sea el único medio para salvar su vida o evitar un daño grave y permanente en su salud integral.

La Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado del Ministerio de Salud, establece lo siguiente: “…solo cuando el diagnóstico médico evidencie que está en riesgo la vida de la gestante, o para evitar en su salud un mal grave y permanente, se considerará la posibilidad de la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de veintidós semanas, con consentimiento informado de la gestante.”

Es conveniente analizar, en qué medida esto se aplica a las niñas embarazadas, previa valoración integral del riesgo que conlleva el embarazo para sus vidas.  Según datos del MINSA (2012) del total de muertes maternas (428 casos), el 9,6% correspondieron a adolescentes de 2 a 17 años de edad (41 casos).

Prevenir el abuso es fundamental

Se hace necesario promover una cultura de prevención en los hogares, para que los padres y madres provean un cuidado diligente a sus hijas e hijos. Que se les brinde conocimiento sobre su cuerpo, la importancia de su autocuidado y les otorguen herramientas para identificar y afrontar situaciones de peligro y de manipulación al que pueden verse expuestas/os.  Identificar a los posibles agresores sexuales, es también importante.

Yo sé cuidar mi cuerpo” es una campaña del Ministerio de Educación que tiene como objetivo prevenir la violencia contra niños y niñas.

Es imprescindible generar acciones coordinadas a nivel comunitario y en las escuelas para la alerta temprana de identificación de casos de abuso sexual y de embarazo, así como fomentar espacios públicos seguros en el que la población en general se involucre de manera activa, ya sea desde la denuncia ante la presunción de casos de violencia sexual, como en el cuidado de las niñas y niños del barrio, la escuela y otros, propios del espacio público.

Continuar implementando recursos del Estado que atiendan de manera especializada a la problemática de las niñas embarazadas por abuso sexual.

Es importante mantener una actitud vigilante para prevenir el abuso sexual y los embarazos no deseados que llevan a niñas a ser madres, y en caso de darse, acceder inmediatamente a los recursos que tiene el Estado a su disposición.

¿Dónde acudir?

Si conoce un caso de una niña embarazada pida orientación a la línea 100 sobre los procedimientos para dar la debida protección a la víctima y denunciar al abusador por el delito de violación sexual. También puede acercarse a la Comisaría más cercana a su domicilio o a un Centro Emergencia Mujer (CEM) donde profesionales especializados le brindarán la orientación y el acompañamiento necesario para realizar los trámites de acceso a la justicia, a la atención sanitaria, y otros que requiera.

Dato de interés

  • Mayor información sobre recomendaciones para prevenir el abuso sexual en   www.yosecuidarmicuerpo.pe
  • Según el artículo 173 del Código Penal, se considera como violación sexual de menor de edad a:

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:
1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de cadena perpetua.
2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años. La pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza.

Fuentes:

2. Estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
3. Abuso sexual: Estadísticas para la reflexión y pautas para la prevención. Viviano, 2012
4.  Entrevista a Milena Páramo, Coordinadora Nacional de CLADEM Argentina, 2018
5. Nota periodística de Laura Grados, 2018
6.  Minsa (2012), Plan Multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes 2013 – 2021
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2013/DS012_2013_SA_EP_c.pdf
Por Liliana Saldaña. Revisado Teresa Viviano

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