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Violencia económica o patrimonial hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar

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La Ley 30364 distingue cuatro tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica o patrimonial, definida como “la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona”.

La violencia económica o patrimonial en nuestro país resulta más común de lo que se piensa y afecta a muchas familias. Este tipo de violencia puede pasar desapercibida debido a que no deja huellas evidentes como las agresiones físicas, siendo a veces difícil de identificar y sancionar.

Las instituciones que atienden el tema deben incorporar en sus respectivos registros este nuevo tipo de violencia, lo que implica modificar fichas, formatos y bases de datos; labor que a la fecha pocas han efectuado, como es el caso del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMP, que efectivamente la viene recogiendo a partir del año 2017.

¿De qué manera se manifiesta la violencia económica o patrimonial?

Según la ley, puede tener las siguientes manifestaciones:

  • Perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
  • Pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de bienes o derechos patrimoniales;
  • Limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades;
  • Evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias;
  • Limitación o control de los ingresos, y
  • Percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

¿Qué se entiende por violencia económica o patrimonial en el ámbito privado?

Este tipo de violencia se refiere a la restricción o limitación de bienes y recursos de una persona hacia la familia, sin importar su naturaleza o quién la genera. Afecta a todo el grupo familiar, especialmente a mujeres, niñas/os, adolescentes y personas adultas mayores. El problema se agrava cuando se suma a otros tipos de violencia, por ejemplo, la violencia física, psicológica y/o sexual.

Es común considerar que quién tiene el dinero, tiene el poder y, generalmente en nuestro país quienes tienen mayor ingreso son los hombres. Es por ello que cuando una mujer sufre violencia económica o patrimonial no siempre es porque no tenga un trabajo remunerado, sino que su pareja tiene mayor ingreso y es quién toma las decisiones sobre los gastos en la casa.

Una mujer es violentada económicamente cuando se le niega el dinero suficiente para solventar las necesidades básicas para sus hijos, como la alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud, entre otros. También cuando, de alguna manera, se le impide trabajar de manera remunerada o cuando se le exige rendir cuentas y/o comprobantes de pago  por las compras que realiza para cubrir necesidades de su familia; o tras la separación, se le niega o regatea las pensiones alimenticias.

Casos atendidos de violencia económica o patrimonial en los servicios del MIMP

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desde el 2017 registra este tipo de violencia. Esta incorporación en los formatos y bases de datos es un importante logro, sin embargo ocurre que durante el procesamiento, donde se prioriza los tipos de violencia según gravedad, la violencia económica, poco entendida aún, suele desaparecer.

En el año 2017 se registraron 433 casos de violencia económica en los CEM, casos que aparecen como tal  porque fueron atendidos de manera exclusiva, es decir, sin asociación a ningún otro tipo de violencia. No obstante, los casos atendidos de manera simultánea con otros tipos de violencia, resultaron 12 veces una cifra mayor.

Del análisis que hizo el Observatorio se pudo evidenciar variables de respuesta múltiple que reflejan la realidad de la problemática, teniendo en cuenta que una víctima de violencia puede ser afectada por varios tipos de violencia, de diferente tipo de riesgo.

Según la base de datos del PNCVFS, en los Centros Emergencia Mujer (CEM) el 2017 se registró un total 95 mil 317 casos de violencia familiar y/o sexual a nivel nacional, de los cuales se pudo identificar los siguientes casos relacionados a violencia económica o patrimonial:
Perú: Número de casos de violencia económica y patrimonial De estos datos observamos que el 51,59% de los casos presenta violencia económica o patrimonial y violencia psicológica, el 37,5% de los casos presenta violencia económica o patrimonial, violencia psicológica y violencia física. Es importante señalar que existe un 2,1% que presenta los cuatro tipos de violencia, siendo esta una violencia extrema a la cual debería prestarse mayor atención para el seguimiento del caso.

De todos los casos que se atendieron en los CEM sobre violencia económica o patrimonial y otras violencias asociadas al mismo, el 87,9% son mujeres y el 12.1% son hombres.

Sexo de la persona usuaria que denuncia violencia económicaEl rango de edad de los casos de mujeres se presenta mayormente entre 30 a 59 años, llegando a un 51,7%; mientras que el grupo de edad en los casos de hombres está entre menores de 12 años (45,4%), y los adultos mayores de 60 a más años (23,7%). Se puede observar que mientras son las mujeres adultas en su mayoría, las víctimas de la violencia económica-patrimonial; en el caso de los hombres, son los niños y adultos mayores los más vulnerables.Perú: Violencia Economica

Respecto al vínculo de la persona usuaria con la presunta persona agresora, podemos observar que la mayor cantidad de casos de mujeres tienen un vínculo relacional de pareja 4 mil 433 casos, mientras que el grupo de casos de hombres la mayor cantidad tiene un vínculo relacional familiar 754 casos, como se observa en el siguiente cuadro.

Perú: Número de casos de violencia económica y patrimonial y otras violencias asociadas, atendidos por los CEM según tipo de relación y sexo de la víctima a nivel nacional, año 2017.Número de casos de violencia económica y patrimonialEn el año 2017, los CEM atendieron 6 653 casos de violencia económica y patrimonial, de los cuales 5 848 fueron mujeres y 805 hombres.

El riesgo severo de los casos atendidos por los Centros Emergencia Mujer es 19% en los casos de mujeres y de los hombres, en ambos casos la situación se agrava porque el 78,01% de los casos la victima depende económicamente de la presunta persona agresora, la distribución porcentual de los casos en los niveles de riesgo se comporta de manera igual en los casos de mujeres y hombres, como se observa en el siguiente gráfico:

La limitación de los recursos económicos (44,9%) y la evasión del cumplimiento de sus obligaciones (37,65%) son las modalidades de violencia económica que se presentaron con mayor frecuencia.

Peru violencia economica

Respecto a la ocupación de la persona usuaria, se puede apreciar que la mayoría de las personas usuarias, no cuentan con un trabajo remunerado, seguido de otras ocupaciones como comerciantes o vendedores/as.

Perú: Ocupación de la presunta persona agresora - Casos

Respecto de la ocupación de la presunta persona agresora, la mayoría tampoco tiene un trabajo remunerado. En segundo lugar podemos apreciar a conductor/a, chofer o taxista.

Perú: Ocupación de la presunta persona agresora - Casos

¿Qué hacer en casos de violencia económica o patrimonial?

Las personas que priven a las mujeres y/o a cualquier integrante del grupo familiar de sus bienes, dinero, o incumplan con sus obligaciones alimentarias (a niños y adolescentes), pueden ser denunciadas ante las autoridades peruanas como la Policía Nacional o la fiscalía a nivel nacional. La Ley 30364 asegura la celeridad en la recepción de las denuncias y la remisión a las instancias correspondientes. Asimismo, los juzgados tienen un plazo para emitir las medidas de protección y pronunciar decisión sobre alimentos, regímenes de visita, y otros relacionados con las víctimas.

Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)

El registro de información REDAM del Poder Judicial, tiene por finalidad registrar a aquellas personas que adeuden 3 cuotas sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas por mandato judicial.

El objetivo del REDAM es lograr el cumplimiento de una obligación alimentaria, cuya procedencia ha sido reconocida judicialmente, la información inscrita en este registro está destinada a proteger a todas las personas afectadas por las deudas alimentarias, en los términos de la Ley 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de manera especial a los menores e incapaces .

La/el demandante que solicite la inscripción de un deudor alimentario moroso, deberá presentar ante un órgano jurisdiccional competente, un formato de solicitud, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 002-2007-JUS, reglamento de la Ley 28970.  El formato lo puede encontrar en la siguiente página del Poder Judicial

Recomendaciones para operadores de justicia y entidades públicas:

  • Visibilizar la violencia económica en los registros administrativos de las instituciones públicas que registras datos e información sobre violencia hacia las mujeres y a los integrantes del grupo familiar.
  • Orientar a la captura, procesamiento y presentación del tipo de violencia como respuesta asociada a otros tipos de violencia
  • Impulsar la discusión y comprensión de este problema, que está siendo reconocido recientemente en el país.

  • Elaborado por: Kaarina Valer / Teresa Viviano

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