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Violencia en relación de Pareja

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1. Violencia en relación de pareja:

1.1 Introducción

La violencia ejercida por la pareja o expareja es una de las formas más comunes de violencia que afectan a las mujeres y se manifiesta en violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Esta modalidad de violencia fue hasta hace poco un problema poco visibilizado y sub registrado, ya que subsistía la creencia de que se trataba de un asunto privado, normal y legítimo que no debe ser ventilado públicamente.  Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), el 68.2 % de las mujeres  peruanas fue víctima de violencia por parte del  esposo o pareja sentimental, ya sea de manera psicológica, física o sexual.

De acuerdo con la OMS, 2013, la violencia que ejerce el compañero íntimo se sostiene en un conjunto de creencias que se detalla a continuación:

Creencias que sostienen la violencia hacia la pareja

• El hombre tiene derecho a imponer su dominio sobre la mujer y es considerado socialmente superior.
• El hombre tiene derecho a castigar físicamente a la mujer por un comportamiento “incorrecto”.
• La violencia física es una forma aceptable de resolver conflictos en una relación.
• Las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el matrimonio.
• La mujer debe tolerar la violencia para mantener unida a su familia.
• Hay veces en que una mujer merece ser golpeada.
• La actividad sexual (incluida la violación) es un indicador de masculinidad.
• Las niñas son responsables de controlar los deseos sexuales de un hombre.

1.2 Política pública

De acuerdo con el Plan Nacional contra la Violencia basada en género 2016-2021 la violencia en las relaciones de pareja es reflejo de las relaciones de poder que establece el sistema de género. Se trata de una práctica aprendida y consciente que atraviesa todas las clases sociales, niveles educativos, grupos étnicos y etarios, la cual está dirigida a intimidar y ejercer el control por parte de los varones hacia las mujeres para la preservación del sistema de género existente.

Por su extensión y gravedad, dicho Plan considera que la violencia en la pareja constituye un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, así como un obstáculo para el desarrollo social y económico de toda la sociedad, dado que la violencia contra las mujeres tiene impactos sobre los logros educacionales y la salud de las víctimas, lo que a su vez tiene graves repercusiones en el desempeño laboral y por ende, en el nivel de productividad de las empresas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Asimismo, al menoscabar su autoestima, las mujeres víctimas de violencia se ven limitadas para participar de manera más activa en la vida política y social de sus localidades, lo que afecta su contribución y la consideración de sus necesidades y demandas específicas.

1.3 Desarrollos conceptuales

Si bien hoy sabemos que la violencia basada en género opera a través de distintas modalidades y en distintos ámbitos, la pareja es un ámbito crítico en términos de violencia, dado el entramado relacional de dependencias, privilegios y costos que se tejen en torno a disputas de género alrededor del contrato conyugal.

Sin embargo, la “mistificación del amor romántico” (Fernández, 1989) pone de manifiesto la eficacia de los mecanismos de invisibilización donde, a través de un proceso histórico de naturalización de la subordinación de género, el trabajo doméstico es visto como una forma natural-amorosa del lugar de las mujeres (y no como una forma de apropiación económica y de la energía vital de las mujeres en favor de los hombres), la pareja una alianza de amor romántico (y no como ámbito de apropiación económica, subjetiva, emocional), la conyugalidad un contrato entre iguales (ocultando los dispositivos de poder que operan en el marco de la pareja en términos del desigual acceso a circuitos de calificación laboral, poder, etc.), la mistificación y naturalización del rol social de las mujeres como madres y esposas, el hogar como el espacio de los afectos (legitimando los mecanismos de violencia invisible que operan en el marco de la pareja y la familia).

A la división sexual del trabajo, Clara Coria (1989) le suma “la división sexual del dinero” a partir de la asociación del dinero a lo masculino y la consiguiente norma de género de sostener económica a su mujer y su familia, como de administrar sus bienes. Como contrapartida, las mujeres ven obstaculizada su salida de las situaciones de violencia basada en género, en especial, cuando tienen hijos/as en común con el agresor frente a la relación de dependencia económica con el agresor (Vicente y Voria, 2016).

Es importante prestarle atención a la distinción que realiza Clara Coria entre la independencia económica y la autonomía de las mujeres. En el primer caso, entiende por “independencia económica” la capacidad de obtener recursos propios como consecuencia directa de la creciente participación de las mujeres del mercado de trabajo. Mientras que en el segundo caso, asume la “autonomía” como la capacidad de utilizar dichos recursos, tomando decisiones con criterio propio y hacer elecciones que incluyan evaluaciones de alternativas posibles y de otras personas implicadas. De modo que, la cuestión candente para esa autora radica hoy día en que la independencia económica que muchas mujeres han logrado no se ha traducido en absoluto en garantía de autonomía.

La sexuación del dinero consiste en que hay alguien que – de manera abierta o encubierta, por propia decisión o imposición – delega en otros la posibilidad de decidir. Y de esta forma la capacidad de elección y el poder de decisión se les vuelven ajenos. En esa ajenidad se hace cargo la sumisión. Es en estos tipos de dependencia en los que se entrelaza la violencia. En este sentido, la sexuación del dinero es un mecanismo de violencia invisible, con consecuencias para el psiquismo femenino, al que Clara Coria denomina la violencia de la dependencia.

En conclusión, existe así una relación necesaria y no contingente, interior y no exterior, constitutiva y no excepcional, entre violencia y conyugalidad. Tanto el aporte de Fernández como Coria reafirma la importancia del abordaje estructural de la violencia para pensar en el diseño de políticas públicas transformadoras de las relaciones sociales, más allá de los recursos institucionales necesarios para atender a cada caso particular de violencia basada en género.

En esta línea de pensamiento, para Marcela Lagarde (1990) la violencia a las mujeres es un supuesto de la relación genérica patriarcal previa a las relaciones que establecen los sujetos en particular; las formas que adquiere son relativas al ámbito en que la violencia acontece. Se trata, por tanto, de buscar en la base de la institucionalidad en que ocurren los hechos de violencia, y no en cada hecho en particular.

Por su parte Rita Segato, pone el acento en la violencia moral como el más eficiente de los mecanismos de control social y de reproducción de las desigualdades entre los géneros, imprimiendo de manera difusa un carácter jerárquico a los menores e imperceptibles gestos de las rutinas domésticas, sin necesitar de acciones rudas o cruentas. Justamente, por su sutileza y su omnipresencia, su eficacia es máxima en el control de las categorías sociales subordinadas entre los géneros.

Violencia moral, para Rita Segato, es todo aquello que envuelve agresión emocional, aunque no sea consciente ni deliberada. Entran aquí la ridiculización, la sospecha, la intimidación, la condena de la sexualidad, la desvalorización cotidiana de la mujer como persona, de su personalidad y sus trazos psicológicos, de su cuerpo, de sus capacidades intelectuales, de su trabajo, de su valor moral. Este tipo de violencia puede muchas veces ocurrir sin ninguna agresión verbal, manifestándose exclusivamente con gestos, actitudes, miradas.

A diferencia de la violencia moral, para Segato la violencia física viene a expresar el carácter arbitrario, visible, reprobable de una violencia estructural que la mayor parte del tiempo opera subrepticiamente, a través de su repetición y sostenimiento cotidiano, mediante mecanismos disimulados y sutiles, que son los que garantizan una mayor eficiencia.

Incluso para Izquierdo (2007), los maltratadores no son patriarcas en pleno ejercicio de su poder familiar, sino hombres que ven socavada su posición en la familia; se trata de hombres que hacen evidentes las bases estructurales del patriarcado, pero que son precisamente los que han perdido el poder patriarcal. Sobre esta idea se sustentan aquellas hipótesis que señalan que los procesos de mayor autonomía de las mujeres, llevan lamentablemente aparejado un recrudecimiento de la violencia. Lo mismo con los contextos de crisis económicas estructurales que afectan a los hombres en su lugar de padres proveedores.

Así, según esta perspectiva y a contracorriente de cómo se ha venido interpretando la violencia, podemos pensar la violencia basada en género como una manifestación del fracaso del sistema patriarcal, que hace visible su forma más extrema y paradójicamente más precaria y contingente. Por el contrario, quien tiene poder y además se encuentra en una posición dominante, consigue el sometimiento sin necesidad de agredir físicamente, aunque lo que ejerza sea también violencia (moral simbólica, psicológica).

La violencia, así, expresa el carácter arbitrario, visible, reprobable de una violencia estructural que la mayor parte del tiempo opera subrepticiamente, a través de su repetición y sostenimiento cotidiano, mediante mecanismos disimulados y sutiles, que son los que garantizan una mayor eficiencia. La “falla” que expresa la crueldad de la violencia consiste en dejar al descubierto y volver descarnadamente visibles las formas más extremas de la violencia basada en género, cuyo efecto no es reafirmar “a raja tabla” el patriarcado sino, por el contrario, que se vean cuestionadas las bases de la estructura relacional patriarcal (Voria, 2014).

De acuerdo con Izquierdo, las manifestaciones de violencia basada en género “no nos hablan del ejercicio del poder, sino de la desesperación, y por más que contribuyen a confirmar la capacidad de los hombres de causar daño, a los demás y a sí mismos, no pueden ser calificados de actos de un patriarca, sino actos que indican el fracaso de una relación patriarcal” (2009: 10-11). En consecuencia, sin desconocer en absoluto el dolor y el menoscabo que ocasiona sobre las mujeres, la autora se pregunta, “¿por qué entonces se define la violencia basada en género como un acto de poder cuando lo que evidencia es la falta de poder?” (2009: 24).

1.3.1 La violencia basada en género: Entre la supervivencia y la resistencia

Intervenir para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género supone sacudir categorías que reifican el lugar de víctimas-femeninas-pasivas-indefensas y agresores-masculinos-activos-poderosos, dado que no hace a la complejidad social de la problemática y tampoco colabora en su erradicación, al reforzar el lugar de pasividad y dependencia para las mujeres, y de poder para los hombres. Por el contrario, la problemática exige una perspectiva deconstructiva que habilite verdaderamente transformar las relaciones entre los géneros, por relaciones igualitarias y recíprocas.

Para Alcalde (2014), definir a las mujeres solo como mujeres maltratadas o víctimas de violencia constituye una imagen incompleta de sus vidas, porque no da cuenta de identidades importantes que configuran sus experiencias y que – tal como requiere la perspectiva interseccional – hacen a los “sistemas entrelazados de opresión” según Bell Hooks.

En este sentido es interesante rescatar la lectura de Susana Velázquez respecto a cómo entiende la violencia basada en género y el proceso de victimización:

La violencia basada en género consiste en un conjunto de prácticas físicas, psicológicas y/o sexuales que denominaremos técnicas de violencia. Dispositivos intencionales ejercidos de manera instrumental por el agresor adecuándolos en tiempo y formas diversas para aterrorizar y someter a quien agrede. Estas prácticas tienen la finalidad de crear una víctima, intentando despojarla de lo que es como persona y dejarla sin posibilidad de defenderse y/o evitar el ataque.

Frente al proceso de victimización, Velázquez contrapone el proceso de desvictimización que consiste que, contra el imaginario de la “pasividad femenina”, la realidad demuestra que las mujeres despliegan innumerables estrategias de defensa y protección en pos de garantizar su integridad y la de sus hijos/as, en contraposición al lugar común que sostiene que las mujeres no suelen hacer nada para salir de la situación de violencia.

Incluso, la autora refuerza la importancia de reconocer y valorizar todas aquellas acciones de resistencia como un camino que conduce a la desvictimización, ya que sentirse alguien que resiste es sentir que algo de sí queda preservado. A partir de esto la supuesta víctima se transforma en una persona que luchó para dejar de serlo.

Esta perspectiva habilita a considerar que, dentro de las limitaciones de la violencia estructural, institucional e íntima, “las mujeres no son totalmente impotentes. De hecho, las mujeres han demostrado ser increíblemente capaces de ejercer su agencia, incluso dentro de las condiciones sociales más íntimas” (Heise, 1997 citado por Alcalde, 2014). No obstante, rara vez se reconoce la impugnación habitual de las mujeres ante la violencia íntima, y el quedarse o irse siguen siendo las dos únicas opciones viables que generalmente se cree que tienen las mujeres (Mahoney y Yngvesson 1992 citado por Alcalde, 2014).

Según Alcalde, las mujeres en Lima no son meras víctimas de la violencia de los hombres, son también agentes sociales y culturales que cuestionan las acciones y las creencias de aquellos. La comprensión de las vidas y las experiencias de las mujeres no solo debe centrarse en los aspectos que las oprimen, sino que también debe incluir un análisis de sus intentos por transformar los aspectos de sus entornos que las dañan.

Para reconocer la agencia y las estrategias de resistencia de las mujeres en el espacio entre quedarse e irse, Alcalde define la “resistencia” como el acto que incluye las estrategias abiertas y encubiertas para impugnar lo que la persona afectada percibe como injusto o dañino. A través de la resistencia cotidiana, las mujeres buscan soluciones de corto plazo ante las situaciones o comportamientos específicos, aunque no necesariamente desafíen las estructuras más amplias que sustentan los comportamientos abusivos.

Las formas más públicas y esperadas de resistencia (incluso, a nivel de la políticas en intervención en violencia) son que la mujer se vaya o que presente una denuncia por violencia doméstica. Sin embargo, hay que reconocer que hacer una denuncia es un proceso especialmente complejo y muchas veces discriminatorio y violento; e irse no siempre es realista. En este contexto, el análisis de lo que las mujeres hacen o dejan de hacer cotidianamente para sobrevivir o combatir la violencia de sus parejas, más allá de estas dos alternativas, ofrece información valiosa sobre su poder, experiencias, necesidades y deseos.

De todos modos, Alcalde advierte que la resistencia de las mujeres es muy variada y ambivalente, y que las estrategias de las mujeres suelen estar directamente vinculadas a su papel de madres. Incluso, la autora considera que la adaptación y la resistencia en algunos casos pueden ser casi inseparables, en la medida que los actos de resistencia pueden incluir la adaptación, y la adaptación puede incluir la resistencia. De esta forma, en algunas acciones “lo que parece ser adaptación es en sí una forma de resistencia”, y la adaptación de algunos ideales imperantes puede ser una herramienta con la que las mujeres resisten formas más amplias de discriminación imperante (Anyon 1983, Olmedo 2003 citado por Alcalde, 2014), aun cuando estas acciones reproducen, sin embargo, otras formas de opresión (MacLeod, 1992, 1993 citado por Alcalde, 2014).

Al poner énfasis en la ambivalencia y la adaptación de los actos de resistencia de las mujeres, Alcalde busca abordar y contribuir a los llamados a des-idealizar la resistencia (Abu-Lughod 1990 citado por Alcalde, 2014). Por un lado, al interpretar las diversas formas de resistencia de las mujeres como ambivalentes, visibiliza formas de acción muy creativas y valientes que les permiten sobrevivir y defenderse de sí mismas. Por otro lado, señala que la resistencia no es independiente o que está fuera del poder que trata de cambiar, y que no siempre significa deshacerse de o transformar el poder completamente.

En el caso de las relaciones de abuso, poner énfasis en la resistencia ambivalente nos permite ir más allá de las simples dicotomías de aceptación versus resistencia y quedarse versus irse para tener en cuenta tanto las acciones individuales de las mujeres como el contexto social más amplio en el que tienen lugar.

En una dirección similar, la creciente atención de algunos estudios relativamente recientes en torno a la resiliencia constituye un cambio de enfoque en torno a las reflexiones y al abordaje sobre la violencia basada en género con impacto no sólo a nivel teórico-conceptual, sino también en el diseño y fundamentación de las políticas públicas relativas a esta problemática.

El concepto de resiliencia supone fijarse en las capacidades internas o externas que una persona puede tener o desarrollar para salir fortalecida de un proceso traumático. En el caso de la violencia basada en género implica reconocer, valorar y fortalecer las cualidades de las personas que la sufren. Así, van a empoderarse y ser capaces de entender lo que las está pasando y tomar mejor sus decisiones (Salvador Sánchez, 2015).

La resiliencia ha sido incluida entre las prioridades de investigación en violencia basada en género y maltrato infantil por expertos internacionales. Tal es así que en el año 2012, Nadine Wathen y colaboradores/as (Wathen et al. citado por Salvador Sánchez, 2015) publicaron un artículo de Salud Pública en Gran Bretaña, sobre las prioridades de investigación en maltrato infantil, violencia de pareja y resiliencia a la exposición a la violencia. Estas recomendaciones fueron el resultado de un consenso entre investigadores/as y profesionales de campo internacionales en las áreas de violencia, género y salud mental. Los/as expertos/as reconocieron la falta de conocimiento en intervenciones efectivas sobre violencia de pareja y maltrato infantil, y la carencia de trabajos sobre la aplicación específica de la resiliencia en estos dos ámbitos.

Un dato por demás interesante es que según la macroencuesta de Violencia basada en género de 2011 en España (Instituto de la mujer, 2012), realizada por el Ministerio de Sanidad, un 10,9 % de las mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja alguna vez en su vida. Pero de estas mujeres maltratadas, el 72,5 % ya ha salido del proceso de violencia.

Esto se debe según Salvador Sánchez a que a pesar de todo, las mujeres presentan una serie de estrategias y cualidades para sobrellevar la dureza de las agresiones a las que son sometidas e incluso para acabar con la situación. Estas mujeres, tras decidir abandonar la relación, les suele ayudar para sobrellevar la situación mantenerse activas, para mantener el control y la autonomía; autoafirmarse por oposición al agresor, y cuando han acabado la relación hacer todo lo que él les impedía; descubrir y llenar el vacío, haciendo cosas que las hagan sentirse bien consigo mismas y con sus vidas; recomponer redes sociales y recuperar relaciones; escucharse a sí mismas y quererse, generando pensamientos que mantengan la autoafirmación y autoestima (Instituto del a Mujer, 2011).

1.3.2 Los itinerarios de las mujeres en situación de violencia de pareja

En este punto resulta crucial recuperar el concepto de ruta crítica (Sagot, 2010) que nos permite dar cuenta de las estrategias que ponen en juego las mujeres para superar las situación de violencia doméstica a través de los diversos factores que impulsan a las mujeres a buscar ayuda, así como también identificar las dificultades que encuentran para llevar adelante tal decisión y las respuestas que brindan las instituciones que intervienen en este proceso.

La Ruta Crítica nos abre una puerta y nos lleva por los caminos que toman las mujeres para salir de su situación de violencia. La Ruta empieza con la decisión y determinación de las mujeres de apropiarse de sus vidas y las de sus hijos. Siguiendo esta Ruta, conocemos los factores que impulsan a las mujeres a buscar ayuda, las dificultades encontradas para llevar adelante tal decisión, sus percepciones sobre las respuestas institucionales, y las representaciones sociales y significados sobre la violencia intrafamiliar que existen entre el personal de las instituciones que deben ofrecer respuestas a este serio problema de salud pública. Al fin, aprendemos sobre sus frustraciones y resignaciones que, en muchos casos, las llevan otra vez a la situación de violencia (Sagot, 2010).

Entre los factores que intervienen en la ruta crítica, Sagot (2010) distingue aquéllos de índole interno o subjetivo de aquéllos de índole externo, entendidos como:

Factores impulsores de ruta: favorecen que las mujeres inicien, continúen o retomen el proceso de ruta, de orden interno y/o externo. El momento en que las mujeres deciden “romper el silencio” y dar cuenta de la situación de violencia constituye una instancia clave que a nivel institucional desde los distintos servicios y recursos no puede ser desatendida.

Los factores impulsores internos refieren a procesos subjetivos, sentimientos, representaciones o mandatos sociales, razonamientos, conocimiento, actitudes, de las mujeres afectadas por la violencia basada en género.

Los factores impulsores externos se relacionan con la posibilidad de acceder a recursos económicos y/o materiales que fortalezcan su autonomía, acceso a la información sobre recursos, conocimiento sobre la legislación vigente, calidad de los servicios de atención.

Es importante considerar que en la vida cotidiana de las mujeres afectadas por la violencia basada en género, estos dos tipos de factores impulsores están íntimamente relacionados y se refuerzan mutuamente.

Factores inhibidores de ruta: Son aquellos que demoran y frenan las acciones para iniciar la ruta, o se presentan cuando se ha iniciado. Pueden ser internos y/o externos.

Los factores inhibidores internos hacen referencia a los mandatos y estereotipos de género, representaciones, temores, actitudes, historia previa, desconocimiento de derechos, así como miedos, culpas, vergüenza, amor.

Los factores inhibidores externos dan cuenta, entre otras cuestiones, de presiones familiares, limitaciones materiales, respuestas institucionales inadecuadas.

Factores precipitantes de ruta: Situaciones detonantes por los cuales las mujeres se decide a iniciar el recorrido de ruta. La motivación puede provenir de un evento específico o de la conjugación de varios elementos. Es “la gota que derrama el vaso”. Son factores detonantes, precipitantes vinculados a escaladas de agresión, contactos o apoyos recibidos de su red afectiva, acceso a información a través de campañas de difusión, etc.

Factores determinantes de la ruta crítica: El proceso seguido por las mujeres para iniciar una ruta crítica es el resultado de una multiplicidad de factores, que a veces tardan años en articularse y producir un resultado. Sin embargo, cuando las mujeres llegan a un punto de saturación con la situación y logran fortalecerse, demuestran que son capaces de emprender muchas y diversas acciones para poner fin a la violencia basada en género.

Entonces, el concepto de ruta crítica nos permite reconstruir las decisiones, acciones y reacciones de las mujeres en situación de violencia doméstica, los factores que intervienen en este proceso impulsando la búsqueda de ayuda y el deseo de cambio, las respuestas encontradas, así como los factores que frenan o retraen dicho impulso. En consecuencia, es un proceso complejo, no lineal, que implica avances y retrocesos. Incluso, por lo general, las mujeres transitan por múltiples rutas e itinerarios que pueden activarse simultánea o sucesivamente (Vicente y Voria, 2016).

Es importante advertir que el inicio de esta ruta implica, en muchas ocasiones, riesgos para las mujeres, incluyendo el aumento de la violencia, el riesgo sobre el bienestar y la integridad de sus hijos/as y el riesgo de sus bienes patrimoniales, entre otros. En ese sentido, tras un primer paso, muchas veces sigue un retroceso o la búsqueda de otras vías. Si bien estos procesos pueden parecer contradictorios o hasta irracionales, es fundamental tener en cuenta las dificultades subjetivas e institucionales con las que lidian las mujeres en la búsqueda de alternativas hacia una vida libre de violencia.

Entonces, analizar la trayectoria de las mujeres, en estos términos, permite dar cuenta del tránsito continuo por diferentes instituciones (más allá de las redes sociales o familiares) que dan cuenta de ese proceso, especialmente en lo que refiere a la institución policial y el sistema judicial (Teodori, 2015).

1.3.3. La autonomía de las mujeres en situación de violencia de pareja: La clave

La maternidad de las mujeres que sufren violencia basada en género y las responsabilidades de cuidado hacia sus hijos/as es un factor clave a tomar en consideración en relación a la trayectoria seguida por ellas, en tanto determinan en gran parte tanto la decisión de iniciar la ruta crítica, como la de no hacerlo. La dependencia económica respecto al agresor y la urgencia de garantizar el sostenimiento económico de sus hijos/as, así como la creencia de que denunciar al padre es perjudicial para los/as hijos/as, entre otros factores, pueden actuar como un desincentivo. Mientras que, contrariamente muchas veces la violencia directa hacia sus hijos/as o en su presencia, puede incidir a precipitar la realización de la denuncia (Vicente y Voria, 2016).

De este modo, la maternidad de las mujeres que sufren violencia basada en género y las responsabilidades de cuidado hacia sus hijos/as son datos relevantes, pues determinan en gran parte la trayectoria a seguir para lograr salir ellas y sus hijos/as de la situación de violencia. Uno de los puntos candentes suele ser la autonomía de las mujeres en relación a la dependencia/independencia económica respecto al agresor, lo que la habilitaría o no a sostener en el tiempo la decisión de finalizar el vínculo con el agresor. De este modo, a nivel del diseño de las políticas públicas de atención a mujeres en situación de violencia basada en género resulta clave tomar en consideración la situación laboral de ellas, así como la carga de cuidado en relación a sus hijos/as.

Una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) encontró que aunque existen mecanismos legales de protección, hay una cantidad de situaciones sociales y económicas que continúan operando como obstáculos para que las mujeres puedan estar en condiciones de aprovechar en forma íntegra los mecanismos de protección disponibles (ELA, 2012). El mismo estudio advirtió que: “Es significativa la cantidad de denuncias por violencia que no se continúan más allá de la presentación inicial. La falta de redes sociales de apoyo y políticas públicas para atender las dificultades económicas y subjetivas que afectan a las denunciantes operan como un condicionante importante” (2012: 59).

En más de la mitad de los casos relevados las mujeres denunciantes no concurren a las audiencias u otras diligencias requeridas con posterioridad y los procesos son cerrados por falta de nuevo contacto con la víctima. Las razones se vinculan con la falta de políticas públicas que contribuyan a solucionar los obstáculos materiales (vivienda, sostén económico) o subjetivos (sostén emocional) que las mujeres enfrentan. La falta de esos mecanismos de apoyo, determinarán en muchos casos el abandono del proceso. Se hace referencia en especial a las dificultades de articular el servicio de justicia con los servicios de salud y contención psicológica; así como la vulnerabilidad económica, en particular las dificultades para el acceso a la vivienda, como condicionantes para resolver situaciones de violencia (Vicente y Voria, 2016).

En consecuencia, es preciso orientar recursos y servicios que garanticen el acceso a subsidios sociales, a la vivienda y al crédito, así como regular la ejecución de programas de capacitación y de reinserción laboral para mujeres en situación de violencia basada en género desde una perspectiva de derechos e interseccional. Estas intervenciones deben centrarse en la rehabilitación y empoderamiento de las mujeres, pero también en su bienestar social y económico por medio de distintas opciones de transferencia de bienes y de recursos, acorde a las situaciones específicas que las mujeres atraviesan.

1.4    Estadísticas sobre violencia en las relaciones de pareja

El Perú se destaca por la calidad de sus fuentes de registro en especial en lo que refiere a la violencia en las relaciones de pareja, tanto a nivel de los datos de prevalencia como de las fuentes de registros administrativos.

En lo que refiere a prevalencia de la violencia en las relaciones familiares y de pareja, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a partir del año 2000, incluyó, por primera vez un módulo sobre violencia familiar en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), con el fin de conocer las dimensiones nacionales y características de este problema en las mujeres en edad reproductiva. De este modo la encuesta ofrece información a partir del año 2000 sobre los tipos de violencia psicológica, física y sexual, ejercida por su esposo o compañero, alguna vez o durante los 12 meses anteriores a la encuesta.

Así, de acuerdo a los resultados de la ENDES en el año 2016, se aprecia que el 68,2% de mujeres de 15 a 49 años de edad que tienen o han tenido relación de pareja, han sufrido alguna forma de violencia física, psicológica y/o sexual por parte de su actual o último esposo o compañero en algún momento de su vida. El 31,7% de mujeres alguna vez unidas fueron víctimas de violencia física por su actual o último esposo o compañero, en el año 2016. Es importante resaltar que los resultados muestran una disminución de 6,5 puntos porcentuales para el periodo 2009-2016.

En el año 2016, en los últimos doce meses anteriores a la entrevista, el 10,2% de mujeres alguna vez unidas (casadas, convivientes, separadas, divorciadas o viudas) sufrieron maltrato físico y el 2,5% declaró que su esposo o compañero las obligó a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad o a realizar actos que ella no aprobaba.

El 44,1% de mujeres agredidas físicamente buscaron soporte en personas cercanas; en primer lugar, recurren a la madre, luego a la amiga(o)/vecina(o), hermana, entre otras, en el año 2016. La comisaría es la institución de mayor recurrencia (75,9%); siguen Defensoría Municipal-DEMUNA, Fiscalía y Juzgado.

En lo que respecta a las principales fuentes de registros administrativos, en el primer semestre 2017, la Policía Nacional del Perú da cuenta de 94 mil 48 denuncias por violencia familiar; 40,8% por agresión física, 36,4% por violencia psicológica y 22,8% por violencia sexual. Mientras que en el año 2016, el total de denuncias registradas alcanzó 164 mil 488.

Por su parte, a lo largo del año 2017, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual-PNCVFS, que promueve el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, atendió a través de loa Centros de Emergencia Mujer (CEM) 95.317 personas afectadas por violencia familiar, del cual el 85% fueron mujeres.

1.5  Conclusiones

Más allá de la relevancia a nivel tanto normativo como teórico que la violencia basada en género sea entendida en sus manifestaciones tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, el peso de la problemática de la violencia en el ámbito de la pareja sigue siendo alarmante y exige gran cantidad de dispositivos públicos en orden a su prevención, detección, atención, acompañamiento y registro.

De todos modos, a pesar de la contundencia de los datos que nos ofrecen las distintas y variadas fuentes de información disponibles en el Perú respecto a la violencia en el ámbito doméstico, los análisis teóricos exigen abordar la problemática evitando circunscribirla al ámbito de lo privado, para pasar a considerar el continuum de la violencia basada en género entre el ámbito público y privado, dado que las trayectorias que en general las mujeres recorren a lo largo de la ruta crítica involucran a una amplia variedad de actores, además del propio agresor, tanto a nivel informal (familiares, vecinos/as, etc.), como a nivel institucional (policías, operadores/as, funcionarios/as, personal de justicia, sanitario, etc.).

En consecuencia, es muy importante advertir que la violencia en las relaciones de pareja no opera de manera aislada, en un vacío, sino que muchas veces su impunidad está garantizada por una multiplicidad de prácticas sociales e institucionales “naturalizadas” que obstaculizan la salida de las mujeres de la situación de violencia de género.

Una línea relevante a considerar para futuras indagaciones tiene que ver con la importancia del fortalecimiento de la autonomía de las mujeres en situación de violencia de género, como componente clave de la política pública para garantizar el derecho que las mujeres a salir de la violencia.

A esto se suma que las responsabilidades de cuidado en mujeres en situación de violencia con hijos/as a cargo, es otro de los elementos críticos a tomar en cuenta tanto en futuras indagaciones teóricas, como a nivel del diseño de las políticas públicas, en tanto suele ser un elemento poco problematizado respecto al peso que conlleva la maternidad y el cuidado en las decisiones adoptadas por las mujeres a lo largo de la ruta crítica.  Es justamente en estas situaciones de mujeres con hijos/as a cargo donde la dependencia económica y emocional es uno de los componentes estructurales clave que impide con fuerza a las mujeres alejarse del agresor o incluso muchas veces explica por qué las mujeres deciden revincularse con él.

1.7 Fuentes bibliográficas

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