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Esterilizaciones forzadas

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Esterilizaciones forzadas

Es otro tipo de violencia institucional que se expresa en el procedimiento quirúrgico de esterilización realizado a una mujer contra su voluntad o sin consentimiento libre e informado; son consideradas como una grave violación de derechos humanos, situación que se exacerba cuando ha sido tolerada o promovida por el Estado.

Antecedentes normativos y conceptuales

La esterilización forzosa es un delito grave de violencia sexual, considerado además como crimen de lesa humanidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que señala lo siguiente: “1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”.
En ese sentido, se está ante un caso de esterilización forzada cuando el autor o autores han privado a una o más personas de su capacidad biológica de reproducción de manera irreversible sin contar con el libre consentimiento de la persona intervenida o cuando se haya logrado el consentimiento mediante engaño. Cuando la esterilización ha sido promovida y alentada sistemáticamente desde los servicios de salud públicos es mucho más grave aún, pues se está ante un crimen de lesa humanidad (MIMP, 2016).
Este tema fue resaltado en la Declaración de Viena y el Programa de Acción, el cual enfatiza que la violencia contra las mujeres puede ocurrir tanto en la esfera privada como en la pública (acoso sexual, embarazos forzosos, explotación). La violencia contra las mujeres se relaciona con sus derechos reproductivos, al afectar sus capacidades reproductiva se impedirles el ejercicio de sus opciones sexuales.
En este sentido, la Recomendación General No. 19 sobre Violencia contra la Mujer en el tema de violencia basada en género, elaborada por el Comité de la CEDAW, explica que las esterilizaciones o aborto forzados afectan negativamente la salud física y mental de las mujeres, e infringen su derecho a elegir el número y el intervalo en el nacimiento de sus hijos.

El Perú ante las esterilizaciones forzadas

El Ministerio de Salud peruano aprobó en el año 1996 el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-20001, en el marco del cual inició una campaña a nivel nacional promoviendo el uso de los diferentes métodos anticonceptivos entre la población, de acuerdo al Manual de Reglas y Procedimientos para la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Sin embargo, menos de dos años después de iniciada la aplicación del programa, empezaron a salir denuncias a la luz relacionadas con una serie de irregularidades referidas, principalmente, a la falta de información, la falta de una libre elección y las complicaciones ocasionadas a consecuencia de la cirugía. Las quejas provenían principalmente de la Iglesia, las ONGs de mujeres y los medios de comunicación (Mantilla, 2001).
En cumplimiento de sus funciones, la Defensoría del Pueblo investigó muchas de estas denuncias, publicando dos importantes Informes, los cuales contienen una descripción de los casos y las principales recomendaciones dadas al Ministerio de Salud, con el objetivo de remediar la situación• En total, las denuncias involucraban a 157 personas, cuyos casos fueron considerados entre junio de 1997 y mayo de 1999. Entre los principales problemas, la Defensoría detectó la falta de garantías para la libre elección y la existencia de campañas dedicadas exclusivamente a la esterilización femenina y, en menor medida, a las vasectomías (Mantilla, 2001).
El principal derecho violado fue el derecho a la vida y a la integridad personal, ya que algunas delas mujeres murieron a consecuencia de la cirugía. En otros casos, sufrieron serios daños y dolor permanente que no les permitieron continuar con su vida normal.
En los casos denunciados, las mujeres no tuvieron la libertad para decidir el método anticonceptivo que les resultara más conveniente. No sólo fueron presionadas y forzadas para aceptar un método específico, sino que tampoco recibieron la información adecuada relativa a otros métodos de anticoncepción. En algunas oportunidades tuvieron que esperar por el consentimiento de sus esposos o, lo que es peor, que sus esposos decidieran por ellas. En los casos analizados, la mayoría de las mujeres no sólo eran analfabetas sino que tampoco hablaban castellano, sólo quechua. Llama la atención que los manuales utilizados por el Programa no incluyeran una sección especial sobre estos casos.
Sin educación, el derecho a la salud reproductiva no puede ser garantizado, ya que las mujeres analfabetas se ven a sí mismas en una menor posición frente a los médicos y no pueden darse cuenta con exactitud sobre lo que sucede. No es una coincidencia que la mayor parte de los casos de esterilizaciones forzadas y de muerte hayan sucedido en Huancavelica, uno de los departamentos de menor nivel de educación en el Perú.
Las mujeres presionadas por el Gobierno para someterse a una esterilización, o esterilizadas sin su consentimiento previo, experimentan una forma de violencia, dado que una intervención en esas circunstancias constituye un control externo sobre sus cuerpos. Es evidente que las mujeres peruanas han sufrido de violencia física y mental como resultado dela aplicación del programa, situación que se ha visto agravada por la lentitud y complejidad del proceso de denuncias.
Por su parte, la organización CLADEM logró documentar en su informe “Nada Personal”, 243 casos de violaciones de derechos humanos en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en el Perú desde noviembre de 1996, de los cuales 16 correspondían a mujeres fallecidas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, identificó en sus informes de 1998 y 1999, 163 casos que incluían 18 muertes (Mantilla, 2014).
Mientras que el Informe Final de la Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) del Ministerio de Salud de julio del 2002, da cuenta de alrededor de 300,000 esterilizaciones producidas en el periodo que va del año 1,993 al año 2,000. Estos casos vienen siendo investigados por el Ministerio Público (MIMP, 2016).
Pero además de las cifras, lo cierto es que estos informes identificaron en su momento una serie de irregularidades graves en la aplicación del programa tales como el establecimiento de cuotas al personal de salud para la aplicación de la anticoncepción quirúrgica, la formulación de metas de cobertura exclusivamente sobre mujeres lo cual es, a todas luces, discriminatorio, el ofrecimiento de víveres y medicina a cambio de obtener el consentimiento de las mujeres para la operación, las amenazas e intimidación para realizar las operaciones, los casos en que las mujeres fueron esterilizadas en el marco de otras intervenciones quirúrgicas como las cesáreas, la falta de atención adecuada previa y posteriormente a la cirugía, entre otras situaciones (Mantilla, 2014).
Gracias a estas denuncias, a la difusión por parte de los medios de comunicación y la persistencia de las organizaciones que acompañaban a las víctimas, se iniciaron dos investigaciones en el Congreso en el año 2002 y 2003, y se abrió una investigación preliminar en la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos en el 2002. Hacia el 2007, esta investigación contaba con aproximadamente 1000 mujeres presuntamente agraviadas por las esterilizaciones forzadas en distintas comunidades del Cusco (Mantilla, 2014).
Sin embargo, en el 2009 la Fiscalía archivó definitivamente la denuncia –que involucraba entonces a más de 2000 mujeres agraviadas, incluyendo a 18 fallecidas- señalando que los delitos habrían prescrito, que no eran parte de una política pública sino que constituían hechos aislados de negligencia médica y que no eran delitos de lesa humanidad ni graves violaciones a los derechos humanos (Mantilla, 2014).
Al respecto se debe tener en cuenta que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS, el Estado declaró de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001, creando el REVIESFO – Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas -. Así, las personas que se registran tienen acceso a: (a) Asesoría y patrocinio legal gratuito, a cargo de los Defensores Públicos de Defensa de Víctimas de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (b) Atención integral preferencial en salud a través del Sistema Integral de Salud (SIS), a nivel nacional. Y, (c) atención psicológica y asistencia social por profesionales del equipo multidisciplinario de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Por su parte los CEM atendieron en 2016 un total de 3.580 casos de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas y en 2017 un total de 2.398.
En resumen

La historia reciente del Perú en relación al conflicto armado atravesado entre los años 1980 y 2000, llevó a revisar, investigar y juzgar lo sucedido en clave de derechos humanos y de género, de tal modo que se reconoció que las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluida la violencia sexual, ocurridas durante el conflicto armado contribuyó a visiblizar lo sucedido contra las mujeres como una violación de derechos humanos.
En este sentido, el Informe de la CVR tiene el mérito de destacar la situación de invisibilidad de la experiencia femenina en el conflicto y de dar cuenta de la respuesta de las mujeres ante la violencia, explicando las estrategias de sobrevivencia que desarrollaron, tanto a nivel individual como en las organizaciones locales.
Incluso, un abordaje de la problemática desde la perspectiva de los derechos humanos, de género e interseccional advierte que las mujeres sufrieron una triple discriminación: como desplazadas, como mujeres y como indígenas.
Por su parte, la esterilización forzada es un delito grave de violencia sexual, considerado además como crimen de lesa humanidad. Constituye una grave violación de los derechos reproductivos de las mujeres, constituyendo un severo caso de violencia, dado que implica agresión y que afecta su integridad física y su seguridad.

Fuentes consultadas

  • Mantilla, Julissa, 2014. “Las esterilizaciones forzadas contra las mujeres peruanas: cuando la impunidad reina”, en IUS 360, IUS et Veritas, publicado el 18 de febrero. Disponible en: http://ius360.com/otro/sociologia-del-derecho/las-esterilizaciones-forzadas-contra-las-mujeres-peruanas-cuando-la-impunidad-reina/
  • Mantilla, Julissa, 2001. “El caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú como una violación de los derechos humanos”, en IUS ET VERITAS: Revista de la Asociación IUS ET VERITAS, Nº. 23.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016. Violencia basada en género. Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del Estado. Lima.
  • Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea el registro correspondiente. Disponible en: http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-de-interes-nacional-la-atencion-decreto-supremo-n-006-2015-jus-1308828-2/
  • Contenidos elaborados con apoyo  del programa:
  • Consultora: M. Andrea Voria.

Fotografía:  Diario El Comercio  (https://elcomercio.pe/lima/esterilizaciones-forzadas-rechazan-ampliacion-investigacion-271458)

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