Marco conceptual

Violencia en conflicto armado

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La violencia  contra las mujeres en conflictos armados

1. Antecedentes normativos

A nivel internacional, en 1993 la Declaración de Viena reconoce expresamente los derechos de la mujer y de la niña como derechos humanos, resaltando la importancia de eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada. Se sostuvo entonces que las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituían violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En este contexto se dio la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas de 1993 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para) de 1994.

Por su parte, en junio del 2000 el gobierno peruano creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) con el mandato expreso de investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno que tuvo lugar entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, y cuyos principales actores fueron las fuerzas del Estado y los grupos subversivos, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amarú (MRTA).

En este sentido, el Informe de la CVR marcó un hito significativo al incorporar un análisis del impacto diferenciado de la violencia por razones de género, además de incluir un capítulo específico sobre violencia sexual contra las mujeres. De esta manera, y a diferencia de experiencias previas, la CVR se constituyó en la primera comisión de la verdad en el mundo en contemplar una perspectiva de género desde el inicio de su trabajo, convirtiéndose así en un significativo precedente (Mantilla, 2006).

El Informe Final de la CVR reconoció que la violencia durante el conflicto armado interno afectó a los hombres y a las mujeres de manera diferente, según sus posiciones sociales y los roles de género que ostentaban. Debe entenderse que las situaciones de desigualdad y discriminación, que existían previamente al conflicto, se encuentran presentes en los crímenes y violaciones a los derechos humanos que se produjeron que por su carácter sistemático y generalizado los convertía en crímenes de lesa humanidad (Valdez Arroyo, 2006).

Asimismo, el Informe reconoce la existencia de violencia basada en género contra la mujer, esto es, violencia dirigida específicamente contra las mujeres y/o que las afectan en forma desproporcionada. En este sentido, el Informe de la CVR tiene el mérito de destacar la situación de invisibilidad de la experiencia femenina en el conflicto y de dar cuenta de la respuesta de las mujeres ante la violencia, explicando las estrategias de sobrevivencia que desarrollaron, tanto a nivel individual como en las organizaciones locales.

Por su parte el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 considera bajo la modalidad de “violencia en conflicto armado”, que durante situaciones de conflicto armado se incrementa la violencia de género contra las mujeres, tal como sucedió en el marco del conflicto armado interno ocurrido en el Perú entre los años 1980 y 2000, en el que los agresores fueron tanto agentes del Estado como también integrantes de los grupos subversivos, quienes cometieron fundamentalmente actos de violencia sexual y abuso contra mujeres (fundamentalmente violaciones sexuales además de embarazos forzados y abortos forzados) durante las incursiones en las zonas de emergencia así como durante las detenciones y los interrogatorios.

2. Desarrollos conceptuales

Si bien es conocido el proceso de violencia política que atravesó el Perú por más de veinte años y cuyas secuelas aún permanecen, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, poco se ha dicho de las situaciones que violaron los derechos humanos de las mujeres de manera específica ni de los crímenes y violaciones que las afectaron mayoritariamente durante este período.

Durante el conflicto, de acuerdo con Mantilla (2003, 2006), la persecución de los varones con base en la idea estereotipada del hombre/guerrero tuvo efectos en las mujeres quienes fueron agredidas, en muchas circunstancias, por sus vínculos familiares y de afinidad con dichos varones. Asimismo, las afectaciones a los derechos de las mujeres se dieron durante los procesos de búsqueda de los varones desaparecidos y en la denuncia de los hechos de violencia.

A lo largo del Informe de la CVR se encuentran elementos interesantes para el análisis de género. Así, se observa que las relaciones de género se van transformando en la medida en que los hombres y las mujeres van asumiendo nuevos roles durante el conflicto armado interno. Ante la falta de los varones, las mujeres deben salir al espacio público y asumir la lucha por la supervivencia de la familia. El desplazamiento de las familias es organizado por las mujeres en la mayor parte de los casos quienes deben abandonar sus viviendas por miedo a la violencia desatada y liderar el asentamiento en nuevos lugares. En este caso, las mujeres sufrieron una triple discriminación: como desplazadas, como mujeres y como indígenas (Mantilla, 2006).

Con base a los hechos recogidos por el Informe, en el apartado correspondiente a las Recomendaciones orientadas al desarrollo de un Compromiso Nacional por la Reconciliación, la CVR reconoce la existencia de una situación de discriminación a todo nivel, resaltando el caso de la mujer rural, doblemente discriminada en su condición de campesina y por razones de género. Por ello, el Informe hace hincapié en el reconocimiento y respeto de las diferencias y la incorporación de una perspectiva de género en el proceso de construcción de la ciudadanía (Mantilla, 2006; Crisóstomo, s/f).

La CVR analiza el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres destacando el daño sufrido a consecuencia de las violaciones, torturas, abusos sexuales y otros maltratos a los que fueron sometidas por los diferentes actores del conflicto. Así, el objetivo de especificar desde la denominación que el capítulo de violencia sexual recogía lo sucedido contra las mujeres, contribuía, en primer lugar, a la visibilización de lo sucedido como una violación de derechos humanos. Asimismo, esta decisión implicaba reconocer que la violencia sexual es violencia basada en género, esto es, que afecta mayoritariamente a un sector de la población –las mujeres– tanto en relación al número de víctimas como en cuanto a las consecuencias específicas tal como el embarazo.

La CVR utilizó la siguiente definición operativa de violencia sexual: La realización de un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o cuando se hace que esa(s) personas realicen un acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa(s) personas u otra persona, o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa(s) personas de dar su libre consentimiento.

Entre las formas de violencia sexual, se incluyó los casos de prostitución forzada, unión forzada, esclavitud sexual, aborto forzado, embarazo forzado y violación sexual. Como se ve, la definición no se restringió a los casos de violación sexual, lo cual significó un avance importante sobre otras investigaciones que sólo habían analizado estos casos.

Es importante resaltar que la CVR no sólo investigó casos de violación sexual sino además crímenes como el chantaje sexual, esclavitud sexual, mutilación sexual, manoseos, humillación sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, desnudo forzado, entre otras formas de violencia sexual. De esta forma, no sólo se recogían los casos de las mujeres violadas sino de todas aquellas que -sea porque no llegaron a ser violadas o porque no querían contar los hechos- fueron sometidas a otras formas de abuso y maltrato sexual durante el conflicto armado (Mantilla, 2003).

Los hechos de violencia sexual se produjeron en el marco de otras violaciones de derechos humanos tales como masacres, detenciones arbitrarias, ejecuciones arbitrarias, tortura, lo cual hacía que no se recuperaran necesariamente los casos de violencia sexual. Sin embargo, debe decirse que estadísticamente la Base de Datos de la CVR sólo podía consignar los casos de víctimas de violación sexual, esto es, se dejaba de lado otras formas de violencia sexual. De otro lado, estas víctimas debían ser “identificadas”, es decir, aquellas cuyo nombre y apellido se conocía, aspecto que dificultaba que se registraran todos los casos de violencia sexual. Por ello, al estudio de las estadísticas se sumó el análisis cualitativo del contenido de los relatos (Mantilla, 2003).

Entre las principales conclusiones del capítulo de violencia sexual se puede señalar, en primer lugar, que la mayoría de las víctimas eran mujeres analfabetas o que sólo habían llegado a cursar la educación primaria, es decir, mujeres tradicionalmente consideradas como de mayor vulnerabilidad. En relación a los perpetradores, se identificó a los agentes del Estado como responsables de un 83% de estos casos mientras que aproximadamente un 11% corresponden a los grupos subversivos. Los años de mayor incidencia de los casos de violencia sexual fueron 1984 y 1990. Asimismo, la CVR identificó casos de violencia sexual ocurridos aproximadamente en quince departamentos del Perú (Mantilla, 2003; 2006).

Al momento de analizar los objetivos de los actos de violencia sexual, la CVR concluyó que éstos se dieron para castigar, intimidar, presionar, humillar y degradar a la población. De esta forma se buscaba presionar a las mujeres detenidas para que se autoinculparan en relación a determinados hechos, para que brindaran información y, en muchos casos, la CVR detectó situaciones de violencia sexual sin un vínculo aparente con el conflicto armado. Como se ve, en todos los casos se trató de un ejercicio de poder sobre las mujeres por parte de los actores del conflicto.

3. El Perú ante la violencia contra las mujeres en conflictos armados

De acuerdo con la información disponible sabemos que, en el caso de los crímenes de violencia sexual, las víctimas respondían a un perfil que correspondía a los sectores de mujeres especialmente desprotegidos y marginados. En el caso de la violación sexual, el 99% de las víctimas fueron mujeres. El 75% de esas víctimas era quechuahablantes, el 83% de origen rural, el 33% eran campesinas y un 30% eran amas de casa. Todo esto nos indica que se trató de mujeres provenientes del campo, con escasa o ninguna educación, como poco dominio del idioma español y de escasos recursos económicos (Valdéz, 2006).

De modo que, tal como remarca Valdéz, la situación de marginación y exclusión de las mujeres por su origen, clase, educación y situación económica no sólo las hace vulnerables a la violación de sus derechos más fundamentales, sino que también refuerza sus dificultades para ejercer sus derechos de ciudadanía, en especial a demandar justicia y obtener reparaciones, lo que refuerza esta estructura de desprotección y violación a los derechos humanos más fundamentales.

4. Fuentes consultadas

  • Crisóstomo Mesa, Mercedes, s/f. “La violencia sexual durante el conflicto armado interno peruano. Un caso de las mujeres rurales del Perú”, Pontificia Universidad Católica de Perú.
  • Mantilla, Julissa, 2006, “La Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú y la perspectiva de género: principales logros y hallazgos”, en Revista IIDH, pp. 323-365.
  • Mantilla, Julissa, 2003, “Violencia sexual contra las mujeres: La experiencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú”, Revista Derecho & Sociedad, Nro. 21.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016. Violencia basada en género. Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del Estado. Lima.
  • Valdéz Arroyo, Flor de María, 2006, “Justicia para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno peruano”, Congreso Internacional de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Culturas y sistemas jurídicos comparados. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México: México D. F.
  • Declaración y Programa de Acción de Viena, Aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
  • Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998. Disponible en: http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute%28s%29.pdf
  • Ley 28592 que crea el Programa Integral de Reparaciones – PIR, 2005. Disponible en: https://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/ddcp/normas/4_5_Ley_28592_Crea_el_PIR.pdf
  • Recomendación General Nº 19 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: La Violencia contra la Mujer, 1992. Disponible en: http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf

 

 

  • Contenidos elaborados con apoyo  del programa:
  • Consultora: M. Andrea Voria.


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