INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DEL SISTEMA
El Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar tiene 4 instrumentos y mecanismos de articulación[1]: El Protocolo Base de Actuación Conjunta, el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y el Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, que se detallan a continuación:
[1] Artículo 55° del Texto Único Ordenado (TUO) que sistematiza la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2020-MIMP.
El Protocolo Base de Actuación Conjunta[2] en prevención, atención, protección, detección precoz e intervención continuada, sanción y reeducación frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar contiene los lineamientos de articulación intersectorial y los procedimientos que aseguren la actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados. Constituye un instrumento de obligatorio cumplimiento bajo responsabilidad.
El protocolo debe considerar de forma especial la situación de las mujeres que, por su condición de tal y n cruce con otras variables, estén más expuestas a sufrir violencia o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a poblaciones indígenas, andinas y amazónicas, las afrodescendientes, las que se encuentran en situación de exclusión social y las mujeres con discapacidad, entre otros.
Ver PBAC en versión amigable aquí:
El RUVA[3] es un registro administrativo encargado de suministrar un banco de datos actualizado con información que permita identificar y perfilar a las víctimas y sus agresores, como instrumento de conocimiento adecuado para dirigir la acción tanto preventiva como investigadora por parte de los actores competentes.
En el marco de la Ley 30364, el RUVA tiene como finalidad, brindar información a los operadores y operadoras de justicia e instituciones intervinientes, para coadyuvar en la toma de decisiones destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Mayor información sobre el RUVA y su reglamento en el siguiente enlace: https://observatorioviolencia.pe/reglamento-ruva/
Se encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), tiene por objeto monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e información haciendo seguimiento a las políticas públicas y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en esta materia. Su misión es desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar[4].
Mayor información sobre el Observatorio Nacional en el siguiente enlace: https://observatorioviolencia.pe/quienes-somos/
El Centro de Altos Estudios (CAE)[5] se encuentra en proceso de implementación bajo la dirección del MIMP, a través de la Dirección General contra la Violencia de Género, y tiene como objetivo contribuir a la intervención articulada y multidisciplinaria a través de un sistema integral continuo de especialización y perfeccionamiento de los operadores en el rol que les compete en la lucha integral contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para una atención oportuna y efectiva, incluyendo la evaluación de su impacto.
El CAE tiene estrecha coordinación con la Academia de la Magistratura, la Escuela del Ministerio público, el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, Universidades y Centros de Investigación para incidir en que se priorice actividades de capacitación e investigación sobre la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Todas las acciones que realiza y promueve el Centro de Altos Estudios deben incorporar los enfoques de género, integralidad, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad, generacional y discapacidad que subyacen a la Ley N° 30364.