El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, creado en 1999 por las Naciones Unidas, organismo que lidera los esfuerzos de los diferentes estados, para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
La institucionalización de este día, tiene antecedentes en diferentes momentos históricos en que se ha puesto de manifiesto la grave situación que enfrentan las mujeres en el mundo, y la necesidad de adoptar medidas para garantizarle el derecho a una vida libre de violencia.
En 1981, el Primer Encuentro Feminista de la Latinoamérica y del Caribe (Bogotá) declaró el 25 de noviembre Día Internacional contra Violencia hacia la Mujer, en conmemoración del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal (Las Mariposas), tres activistas de la resistencia contra la dictadura de Rafael Trujillo en Santo Domingo.
En 1993, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, reconoce que los derechos de las mujeres son un problema de derechos humanos.
En noviembre de 1985, la Organización de Estados Americanos aprobó el Plan de Acción respecto a la violencia que afecta a las mujeres y, en 1990, aprueba las Conclusiones y Recomendaciones de la Consulta Interamericana sobre Mujer y Violencia.
En Brasil, la XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, adopta la «Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer», acuerdo internacional que define la violencia contra las mujeres, “como “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1). La reconoce como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Propone a los estados, la adopción de mecanismos para luchar contra este flagelo, y asegurar la integridad física, sexual y psicológica de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.
Este acuerdo ha sido suscrito por nuestro país el 12 de julio de 1994 y ratificado en junio de 1996.
En el Perú y en el mundo, si bien, las cifras nos hablan de la prevalencia de la violencia contra las mujeres, “Todavía desconocemos el verdadero alcance (…), puesto que el miedo a represalias, los efectos de que los demás no les crean y el estigma que soporta la sobreviviente —pero no el agresor— han silenciado las voces de millones de sobrevivientes de la violencia y han desvirtuado la dimensión real del horror continuo que sufren las mujeres” (Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta de la ONU y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, 2018).
El Estado peruano, ha declarado de interés nacional la situación de violencia contra las mujeres, y ha destinado mayores recursos para mejorar los sistemas de protección, atención y sanción. Sin embargo, es necesario también, trabajar para reducir la tolerancia social de la violencia, el cambio de actitudes, creencias e imaginarios que está en la base de la violencia contra las mujeres. Poner fin a la cultura del silencio, que se traduce en indiferencia, que no permite visibilizar las agresiones contra las mujeres que se dan en el espacio público y en el privado, todo el tiempo. Dejar de hacer, es también dañar, porque se está suprimiendo una acción que puede contribuir a la prevención, ahí donde es necesario y esperable.
Este año la campaña del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quiere hacer llegar precisamente este mensaje “La indiferencia también es violencia”, con el propósito de promover el compromiso de la sociedad en la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Busca decirle a la sociedad que, con su compromiso, sí es posible poner fin a la violencia.
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- Elaborado por: Susana Zapata
