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Día nacional contra la trata de personas

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, niñas y niños_

El año 2020, en el Perú se registraron 394 denuncias por el delito de trata de personas. El 73.4% relacionadas con la explotación sexual (INEI 2020). El 86,8% de los casos correspondieron a mujeres. 41% menores de 18 años, y el 50.6% entre 18 y 29 años de edad.

Las estadísticas muestran que, la mayoría de las víctimas son captadas a través de una oferta laboral (71.1%) generalmente con fines de explotación sexual.

Según las denuncias registradas, en el año 2019, los lugares de explotación son los Night Club y el Prostíbulo en el 52.1% y 31.6%, respectivamente. Durante la pandemia estas cifras disminuyeron alcanzando el 26.5% el Night Club y el Prostíbulo el 13%. Otra forma de explotación como el servicio doméstico paso del 8.5% en el año 2019 al 23.4% para el año 2020.

Ante este problema, cada 23 de septiembre, se conmemora en el Perú el Día Nacional contra la trata de personas con el fin de concientizar y reafirmar el compromiso del Estado en la lucha contra este delito.

Cabe mencionar que, el año 2007, el Perú se aprobó la Ley n.° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, norma que, junto a su Reglamento (Decreto Supremo N° 001-20216-IN), regula un conjunto de acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como de protección y asistencia a las víctimas de los referidos delitos.

Además, el presente año se aprobó la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación con Decreto Supremo N° 009-2021-IN.

Ver Política y Decreto Supremo aquí:




El Estado Peruano aprobó la Política Nacional frente a la trata de personas y sus diferentes formas de explotación al 2030

El Estado Peruano aprobó la Política Nacional frente a la trata de personas y sus diferentes formas de explotación al 2030

El delito de Trata de personas vulnera derechos fundamentales de las personas como la dignidad y la libertad. Afecta especialmente a mujeres, adolescentes, niñas y niños a quienes se les capta, transporta, traslada, acoge y retiene mediante amenazas, falsas promesas o violencia de cualquier tipo, con el fin de explotarles en diversas actividades como la prostitución y otras formas de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, servidumbre, esclavitud, u otras formas de explotación[1].

Frente a ello, el Estado peruano ha aprobado la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación[2], en el marco de la Ley Nº 28950, Ley contra la Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la Ley Nº 31146, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, entre otras normas conexas.

La Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, tiene alcance al año 2030, constituyéndose como el instrumento marco de políticas públicas en materia de lucha contra la Trata de personas, con pertinencia cultural y lingüística[3], que orientará la acción del Estado en sus tres niveles de gobierno para el desarrollo de intervenciones articuladas.

La mencionada Política Nacional es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado, sector privado y la sociedad en general, en cuanto les sea aplicable. Las entidades del Estado deben asumir sus roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo a lo dispuesto en la mencionada norma.

La conducción de la Política Nacional está a cargo del Ministerio del Interior, que tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento y la evaluación de conformidad con las pautas metodológicas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico–CEPLAN. Las otras entidades del Estado brindan oportunamente información al MININTER para el seguimiento de la norma.

La Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, cuenta con tres Objetivos prioritarios que son:

  1. Objetivo Prioritario 1: Ampliar la vigilancia preventiva contra la Trata de Personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
  2. Objetivo Prioritario 2: Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de Trata de Personas.
  3. Objetivo Prioritario 3: Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas.

Para lograr alcanzar los objetivos prioritarios, la mencionada Política Nacional cuenta con 19 lineamientos que se operativizan mediante 42 servicios que serán provistos por 11 Sectores y 4 Organismos autónomos.

Puede visualizar el Decreto Supremo Nº 009-2021-IN y la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación aquí:

Decreto Supremo Nº 009-2021-IN
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[1] Ley Nº 28950, Ley contra la Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
[2] Decreto Supremo Nº 009-2021-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02.09.2021
[3] Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2021-IN




CMAN: presentan avances en prevención y atención de la violencia contra las mujeres basada en género

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Integrantes de la CMAN (Comisión Multisectorial de Alto Nivel), presidida por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand Guevara, dieron cuenta del cumplimiento y avances en las políticas a su cargo para la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres basada en género.

La sesión se inició con la presentación de la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, aprobada el pasado mes de julio, la cual propone ampliar la vigilancia preventiva, mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización, así como fortalecer el proceso de reintegración de las víctimas por este delito, hacia el año 2030. La política contra la trata de personas, “engloba un amplio espectro de servicios que involucran a diversas entidades públicas, con el monitoreo y seguimiento del MININTER”, afirmó Gabriela Paliza Romero, Viceministra de Seguridad Pública.

Seguido, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) dio a conocer el cumplimiento de los compromisos y metas del año 2020, para reducir la violencia contra las mujeres, a cargo de los gobiernos regionales en el marco de los Convenios de Asignación por Desempeño (CAD) del FED (Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales).

Dick Castañeda, funcionario del MIDIS, informó que en ese periodo los gobiernos regionales cumplieron, en promedio, el 64% de las metas comprometidas en la detección de casos de violencia en gestantes que acceden al primer nivel de atención en salud. Asimismo, confirmó que se ha iniciado el proceso de aprobación de los convenios para el periodo 2021–2024.

Respecto a la Ley 31155, que previene el acoso político a las mujeres, el MIMP, MINEDU, MINJUS, MINSA, MINCUL, Poder Judicial y el JNE, reportan avances en la incorporación del acoso virtual en sus planes de capacitación a operadores y operadoras y a mujeres candidatas, la aprobación de los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública, la incorporación del tema en la ficha de registro de atenciones en los CEM, reporte de casos de acoso político contra candidatas en las Elecciones Generales 2021, campañas de sensibilización e información, entre otras acciones.

A continuación, el MIMP expuso sobre el avance en la implementación del PPoR RVcM (Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer) al primer semestre del presente año. Asimismo, presentó las modificaciones al Reglamento de la Ley N° 27942, que brinda información sobre sus derechos a la víctima de hostigamiento sexual, desde la denuncia, hasta el fin de la investigación y sanción; además, de asegurarle una atención efectiva y especializada. La nueva norma evita la politización del proceso de investigación en el ámbito universitario, precisó Kenny Pérez, Director de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios.

La ministra Durand, agradeció y reconoció el trabajo articulado y multisectorial de la CMAN, y expresó su compromiso de reforzar lo avanzando e impulsar la propuesta legislativa que actualice el padrón de agresores de mujeres, con el fin de que estas personas no sean contratadas por el Estado, ni desempeñen cargo en la administración pública.




Ucayali implementa observatorio regional de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

Ucayali implementa observatorio regional de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

En el marco de la Ley nº 30364, la Región Ucayali implementó el Observatorio Regional de la Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, con el cual suman 17 en todo el territorio nacional, hasta la fecha. El presente año 2021 se han implementado tres Observatorios regionales en Puno, San Martín y Ucayali; en el año 2020 se instalaron 6 Observatorios regionales en Loreto, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Arequipa, Pasco; en el año 2019 fueron 7, en las regiones de Huánuco, Apurímac, Huancavelica, Ica, Callao, Ayacucho, y la Libertad; y en el 2018 se instaló el Observatorio regional de Tacna. Cabe mencionar que, los Gobiernos Regionales de Moquegua y Amazonas cuentan con Ordenanzas Regionales de creación de Observatorios Regionales, encontrándose en proceso de implementación.

Los Observatorios Regionales son mecanismos de articulación y coordinación de las Instancias Regionales de Concertación que brindan información y generan conocimiento, en sus ámbitos territoriales, referido a la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; así como de las intervenciones generadas para su prevención, atención y protección de las víctimas, y/o sanción y reeducación de las personas agresoras, a través de la presentación de estadísticas, normativas (ordenanzas, resoluciones), red de servicios locales, entre otros.

Debemos indicar que:

  1. Los observatorios deben actuar como mecanismos de observación y tienen por finalidad lograr un mayor conocimiento de la realidad social de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, para que la sociedad tome conciencia y actúe. Asimismo, deben promover acciones políticas que transformen la sociedad.
  2. El público objetivo de los Observatorios son los/as operadores/as de servicios públicos, las víctimas de la violencia, los medios de comunicación, los/as planificadores/as de políticas, los/as activistas, entre otros actores que trabajan o están interesados en el tema de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
  3. En los Observatorios, la difusión de la información debe reflejar la realidad y los problemas más sentidos por la población, brindando una mirada global e integradora que trascienda a los mitos que suelen reproducir y justificar la violencia y desigualdad. Es decir, además de la violencia se debe mirar la educación, la salud, el empleo, la cultura, la política, el arte, la migración, etc.
  4. Los Observatorios deben poner atención en los contenidos y la claridad de los conceptos a fin que la divulgación sea efectiva.  Por ejemplo, el concepto «violencia hacia las mujeres» se refiere a la violencia que afecta a las mujeres en un contexto de dominación estructural de lo masculino frente a lo femenino, y por ello también se denomina violencia de género.  En nuestras políticas se usan el término «enfoque de género» o «perspectiva de género» y no existe el término «ideología de género».
  5. Los Observatorios Regionales deben contar, además del equipo consultivo conformado por Instancia Regional de Concertación, con un equipo técnico que se encargue del funcionamiento operativo del Observatorio.

Dentro de ese marco, la Dirección General contra la Violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asistencia técnica y acompañamiento a los Gobiernos Regionales, que lideran las Instancias de Concertación Regional, para la creación e implementación de los Observatorios regionales, en cumplimiento de la Ley nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Para mayor información sobre los Observatorios regionales en el país, puede visitar el siguiente enlace: https://observatorioviolencia.pe/observatorios-regionales/

 




MIMP, AMAG y UNFPA fortalecen las capacidades de operadores de justicia para asegurar restitución de derechos de las mujeres que sufren violencia de género

MIMP, AMAG Y UNFPA fortalecen las capacidades de operadores de justicia para asegurar restitución de derechos de las mujeres que sufren violencia de género

Debido a relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, construidas sobre la base de las diferencias de género, las primeras han sufrido un menoscabo en sus derechos a la igualdad, a la libertad, a una vida libre de violencia, y a su seguridad personal, de manera reiterada y permanente. Todos estos derechos se vulneran por las situaciones de violencia de género que sufren muchas mujeres en nuestro país, siendo la expresión más grave, el feminicidio.

De acuerdo con los registros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el año 2020 ocurrieron 131 muertes de mujeres con características de feminicidio. El 83% contra mujeres adultas y 13% contra niñas y adolescentes . Según registros de la PNP, entre el tercer y cuarto trimestre del mismo año se incrementaron las denuncias por violencia sexual en 22,6% con relación a los trimestres anteriores. No obstante, menos del 30% de mujeres que sufren violencia acuden a una institución a solicitar ayuda. La mayoría de ellas busca ayuda en las comisarías (83,9 %), el 7,8 % en las fiscalías y el 5,6 % en el juzgado.

Con el propósito de sumar esfuerzos interinstitucionales para contribuir a que las mujeres que denuncian reciban una atención de calidad, el MIMP y la Academia de la Magistratura (AMAG), con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), han iniciado el Programa de Especialización de Violencia basada en Género, espacio de formación en el que jueces, juezas y fiscales tienen la oportunidad de analizar la normatividad y los estándares para la gestión de casos de violencia, desde los enfoques de género y derechos humanos.

Es así que, en la primera edición del Programa participaron 54 magistradas/os y fiscales, quienes llevaron cursos sobre las características y causas de la violencia de género, los alcances conceptuales y herramientas operativas de la Ley Nº 30364 y la relevancia de aplicar el enfoque de género en los casos de violencia contra las mujeres.

“Los cursos han ayudado a darnos cuenta de que tenemos micromachismos insertado… como un chip… y tenemos el reto de eliminarlos para ser completamente objetivos al momento de resolver los casos lo que va a contribuir a que disminuya la sensación de impunidad… y va a motivar a las víctimas de violencia de género a acabar con este silencio”, comenta Jackeline Ramirez, Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

 

Jueza Patricia Posada - Foto “Ahora utilizo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para clarificar algunos conceptos o razonamientos y, sobre todo, evitar el uso de estereotipos durante el desarrollo del juicio, por ejemplo, cuando hay violencia sexual y se pretende cuestionar la dignidad de la agraviada sea por su comportamiento o su forma de vestir”, señala Patricia Posadas, Jueza Unipersonal de la Subespecialidad en delitos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar y coordinadora del equipo de jueces del módulo subespecializado en violencia contra la mujer integrantes de grupo familiar.

“Estos razonamientos son valiosos para poder emitir decisiones y plasmarlas en sentencia con perspectiva de género y no perder la objetividad…”, finaliza Patricia Posadas quien, como los demás participantes, terminará su formación en un taller para consolidar los conocimientos obtenidos.

 

Cabe mencionar que esta estrategia de formación se enmarca en el proceso de implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), iniciativa apoyada técnica y financieramente por el UNFPA desde el año 2020 y, en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MIMP y la AMAG, que tiene como objetivos:

  • Elaborar y diseñar propuestas académicas, actividades de formación y capacitación académica u otras acciones encaminadas a fortalecer el sistema de justicia vinculadas a género, violencia y no discriminación contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
  • Contribuir a la capacitación y sensibilización de magistrados/as y servidores vinculados al servicio de justicia con enfoque de género.
  • Articular esfuerzos y coordinar estrategias y/o acciones conjuntas para transversalizar el enfoque de género en el diseño e implementación de políticas, normativa, proyectos, asesorías técnicas, programas y cursos de especialización y/u otras actividades destinadas a promover y proteger los derechos de las mujeres.

Iniciativas como esta contribuyen a comprender la importancia de una actuación oportuna, eficaz y eficiente en casos de violencia basada en género por parte de las instituciones involucradas en los servicios de atención y protección de las víctimas. La articulación interinstitucional para lograr estrategias como el Programa de Especialización de Violencia basada en Género seguirá aportando a lograr un país donde todas las mujeres estén libres de violencia y puedan ejercer sus derechos y libertad a plenitud.

[1] Programa Aurora. Portal Estadístico. https://portalestadistico.aurora.gob.pe/




Se modifica el Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

Se modifica el Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

Mediante Decreto Supremo N° 021-2021-MIMP, el Estado peruano modificó el Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que establece las reglas generales de prevención, protección y sanción contra el hostigamiento sexual aplicables a todas las instituciones del Estado.

La norma modifica 4, 16, 17, 35, 48, 49 y 50 e incorpora los numerales 14.3 y 27.4 a los artículos 14 y 27 respectivamente.

Las modificaciones están relacionadas con el ámbito educativo, en particular el universitario, con la finalidad de brindar a las personas afectadas un mejor tratamiento y conocimiento de sus derechos, desde que denuncia los actos de hostigamiento sexual en su agravio, hasta el fin del procedimiento de investigación y sanción.

Asimismo, establece un procedimiento disciplinario particular en el ámbito educativo. Precisamente en el artículo 14, referido a los “Órganos que intervienen en el procedimiento”, se ha incorporado el numeral tres (3), el cual señala que, en los centros universitarios, tanto públicos como privados, se deberá conformar una Secretaría de Instrucción y una Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual, como órgano resolutivo competente para pronunciarse en primera instancia sobre las denuncias relativas a casos de Hostigamiento Sexual. Los artículos 48 y 49 modificados detallan los órganos intervinientes en el proceso, así como la ruta crítica del mismo.

La Ley N° 27942, se aprobó el año 2003 con el objeto de prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Regula la actuación estatal para actos de hostigamiento sexual producidas en espacios educativos, laborales, entre otros.

La mencionada norma, define el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual como “la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras personas, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales”.

Para más información revise el Decreto Supremo Nº 021-2021-MIMP aquí.
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MIMP aprueba la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género “Mujeres libres de violencia”

MIMP aprueba la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género Mujeres libres de violencia

A fin de establecer intervenciones integrales, articuladas y efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres en los entornos de socialización y convivencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aprobó la estrategia “Mujeres libres de violencia”.

La estrategia, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 022-2021-MIMP, es una herramienta de gestión pública para que los distintos sectores y niveles de gobierno articulen sus proyectos, programas y políticas para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos libres de violencia en el ámbito público o privado.

Teresa Hernández, directora general de la Dirección General Contra la Violencia de Género del Mimp explicó que para erradicar la violencia de género contra las mujeres en el Perú es necesario incrementar las intervenciones de prevención, priorizando la primaria. “Es decir, aquellas que se centran en modificar las creencias que justifican o toleran la violencia contra las mujeres, para, de ese modo, promover relaciones igualitarias y el respeto a sus derechos humanos”.

“Esta apuesta demanda un trabajo articulado entre todos los niveles de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil; es un trabajo que se articula en esta Estrategia Nacional. En el Bicentenario de nuestro país, juntos y juntas podemos prevenir la violencia contra las mujeres”, refirió.

Además, es una poderosa herramienta de gestión pública para que los distintos sectores y niveles de gobierno, según sus roles y responsabilidades, articulen sus proyectos, programas y políticas de prevención primaria para la igualdad de las mujeres y la erradicación de la violencia, abordando todas las causas y los factores derivados de la discriminación estructural contra las mujeres y otros factores que aumentan su ocurrencia, frecuencia y severidad.

En el documento se prioriza la prevención de la violencia en entornos: comunitario, educativo, laboral y sindical, legal, medios de comunicación. Y temáticas específicas vinculadas con la igualdad de género. (autonomía, crianza positiva, cultura de igualdad, educación sexual e integral, factores de riesgo, habilidades socioeconómicas, salud sexual y reproductiva, y masculinidades igualitarias).

Solo entre enero y junio del 2021, los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 68 696 casos de violencia de género contra las mujeres. Por su parte, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2020 reporta que el 54,8% de mujeres fueron víctimas de violencia ejercida por el esposo o compañero. Entre las formas de violencia, destaca un 50,1% de violencia psicológica y/o verbal, un 27,1% de violencia física y un 6% de violencia sexual.

Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género “Mujeres libres de violencia”
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PRENSA MIMP




Modifican el Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Modifican el Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Con Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP, el Ejecutivo aprueba la modificación de los artículos 14, 15, 16, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 34, 37 y 67 del Reglamento de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La norma señala que la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público son las entidades encargadas de recibir las denuncias de manera presencial o a través de la Plataforma Digital Única de Denuncias. En caso la denuncia se haga en la PNP, esta debe registrarse en el Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL).

Cuando las víctimas de violencia son niñas, niños y adolescentes, o personas agresoras son menores de 18 años y mayores de 14 años, la denuncia se hace en la Fiscalía de Familia o la que haga sus veces.

En el caso de personas adultas mayores en situación de riesgo, se comunica a la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En los lugares donde no se cuenta con este servicio se hace lo propio con el Poder Judicial.

Los casos de violencia pueden ser denunciados también por profesionales de la salud, de educación u otros funcionarios/as públicos/as que, en el desempeño de sus funciones tomen conocimiento sobre estos hechos. Sin que se tenga que presentar la documentación de la persona afectada.

Las víctimas y personas denunciantes no requieren presentar documento que acredite su identidad, basta con que las instituciones receptoras verifiquen en el Sistema Integrado del RENIEC la identidad de la persona. En caso no se encuentre inscrita en el RENIEC o es extranjera que no cuenta con documentación, se informa al Centro Emergencia Mujer (CEM) de la jurisdicción. En los lugares donde no hay este servicio, se acude a Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para interponer una denuncia no es exigible presentar certificados, informes, exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia.

En las disposiciones complementarias finales de la norma se mencionan responsabilidades y plazos para los sectores involucrados: la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial realizan las acciones necesarias para poner en funcionamiento la Plataforma Digital Única de Denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones coordina con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Presidencia del Consejo de Ministros (Secretaría de Gobierno Digital) la estrategia de difusión masiva sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial difunden entre los operadores que participan en la ruta de atención de los casos de violencia, las modificaciones del Reglamento de la Ley.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público,  Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú,  Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, aprueba el “Protocolo Interinstitucional de Atención de Denuncias Digitales sobre Casos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”, en un plazo de noventa (90) días a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo.

Encuentre aquí :

Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP
Decreto Supremo N° 016-2021-MIMP




Defensoría del Pueblo brinda recomendaciones para la atención integral a niñas y adolescentes embarazadas por violación sexual en establecimientos de salud

Defensoría del Pueblo brinda recomendaciones para la atención integral a niñas y adolescentes embarazadas por violación sexual en establecimientos de salud

La Defensoría del Pueblo en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, presentaron el informe denominado “Supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual en establecimientos de salud”, el viernes 19 de julio del año 2021.

La supervisión se efectuó a 109 establecimientos de salud, 70 de nivel primario y 39 del nivel secundario, ubicados en las regiones de: Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín y Ucayali.

La presentación estuvo a cargo de la primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, quien resaltó que este es el primer informe realizado sobre esta problemática, manifestando que, “la gestación temprana constituye un estado de vulneración a sus derechos fundamentales que, incluso, ha sido catalogada como tortura por el relator especial de Naciones Unidas en esta materia”.

Esta problemática trae consecuencias físicas, mentales, emocionales y sociales, tanto en la niña y adolescente madre, en el recién nacido/a, y en la familia, comunidad y Estado.

Respecto a las recomendaciones referidas al MIMP, debemos resaltar las siguientes: a) Capacitar a las/os profesionales del servicio de atención a víctimas de violencia sobre el derecho de toda víctima a una evaluación integral de su salud; b)  Articular con las entidades competentes para contar con cifras oficiales uniformes y evitar el subregistro de dichos casos; c) Fortalecer los espacios de participación de la niñez y adolescencia, con el fin de recoger sus propuestas y preocupaciones sobre la problemática abordada; d) Fortalecer, acciones dirigidas a garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y adolescentes sobre sus derechos; lo que incluye estrategias para disminuir y prevenir la violencia, así como los mecanismos de denuncia.

Luego de presentado el informe, la Defensoría del Pueblo y el UNFPA pidieron a las instituciones comprometidas en este tema: 1) Garantizar la atención integral de la salud de toda niña o adolescente víctima de violación sexual, 2) Respeto de sus derechos fundamentales, en consideración de su interés superior; y 3) Velar por el principio de no revictimización.

Puede visualizar el Informe de Supervisión aquí:

 




Gobiernos Regionales se reúnen para establecer metas de compromisos de gestión 2021-2022 en materia de violencia contra las mujeres

Gobiernos Regionales se reúnen para establecer metas de compromisos de gestión 2021-2022 en materia de violencia contra las mujeres

Representantes de 25 Gobiernos Regionales se reúnen con profesionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para establecer las metas de dos compromisos de gestión en materia de violencia contra las mujeres, para el periodo del segundo semestre del año 2021 y primer semestre del año 2022.

Estas reuniones forman parte de las negociaciones que efectúan los Gobiernos Regionales para establecer compromisos de gestión y metas de coberturas para la suscripción de Convenios de Asignación por Desempeño (CAD) 2021-2024 en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED).

Desde el año 2019, se incorporaron compromisos de gestión para coadyuvar en la erradicación de la violencia contra las mujeres en los CAD que suscriben los Gobiernos Regionales.

El 20 de julio se efectuó la apertura y presentación de los Compromisos de Gestión (CG) y Metas de Cobertura (MC), contándose con las palabras de apertura y bienvenida de la señora Claudia Benavides Vizcarra, Viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, presentación de los balances de los resultados del FED 2020 por parte del señor José Enrique Pérez Lú, Director General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial (DIGIPAT).

Además, entre las y los funcionarios/as que presentaron sus palabras de saludo al inicio de las negociaciones de los CG y MC se contó con la participación de la señora Aissa Tejada Fernández, directora de la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia (DPVLV) de la Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) del MIMP.

Los dos compromisos de gestión en materia de violencia contra las mujeres son los siguientes:

Compromiso de gestión I: Gestantes con detección positiva de violencia contra la mujer, cuentan con diagnóstico e inician tratamiento, en IPRESS del Primer Nivel de Atención de Salud del nivel regional.
Indicador 1 de Condición Previa: 80% de Gestantes atendidas durante el embarazo a quienes le aplicaron la ficha de detección de violencia contra la mujer (tamizaje), en IPRESS del Primer Nivel de Atención de Salud. (Solo se medirán los siguientes indicadores en las regiones que cumplan con mínimo 80% de esta meta).
Indicador 2: Porcentaje de gestantes con detección positiva de violencia contra la mujer realizadas en IPRESS del Primer Nivel de Atención de Salud.
Indicador 3:  Porcentaje de gestantes con detección positiva de violencia contra la mujer realizadas en IPRESS del Primer Nivel de Atención de Salud.

 

Compromiso de gestión II: Usuarias nuevas en el servicio de planificación familiar-PPFF con detección de violencia contra la mujer (tamizaje), realizadas en IPRESS del Primer Nivel de Atención de Salud, del nivel regional.
Indicador: Porcentaje de usuarias nuevas en el servicio de planificación familiar-PPFF con detección de violencia contra la mujer (tamizaje), realizadas en IPRESS del Primer Nivel de Atención de Salud, del nivel regional.

 

Las reuniones de negociación con los 25 Gobiernos Regionales continuarán hasta el viernes 23 de julio.

Más información sobre el FED en el siguiente enlace: https://observatorioviolencia.pe/sistema-nacional/fed/




Aprueban reglamento de Ley que promueve la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia

Aprueban reglamento de Ley que promueve la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia

A través del Decreto Supremo N° 017-2021-TR, el Ejecutivo aprobó el Reglamento de la Ley N° 31153 que regula la incorporación de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los programas para la promoción, generación de empleo o capacitación para el trabajo que realizan las entidades del Estado.

La norma establece la inclusión preferente a través de cuotas, es decir que las entidades reservan una cuota no menor de 5% del total de las plazas disponibles para este fin, siempre que las mujeres cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por el programa. También señala las reglas en caso no se cumpla con los requisitos para declarar elegible al 5%, o cuando se supere este número.

El Reglamento que consta de cuatro capítulos, 16 artículos, cuatro Disposiciones complementarias finales y cuatro Disposiciones complementarias transitorias, involucra al Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Le encarga al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informar anualmente sobre el cumplimiento de la cuota de atención preferente, la incorporación efectiva de las mujeres en los servicios específicos de los programas y, de ser el caso, la incorporación en un empleo formal. El informe se presentará ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en sesión conjunta con la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, al finalizar la segunda legislatura ordinaria.

En las Disposiciones complementarias señala que los programas involucrados deben adecuar en un plazo no mayor de 120 días hábiles, sus instrumentos normativos de gestión que incorporen las medidas necesarias para el cumplimiento de la cuota de inclusión preferente, y las medidas de seguridad para la protección de los datos contenidos en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA). Fortalecer las competencias de su personal responsable en temas de interoperabilidad organizacional, técnico, semántico y legal y el buen manejo de la información registrada.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe incorporar en su plan operativo institucional, la capacitación y asistencia técnica a los programas para la promoción o generación de empleo o que realizan actividades de capacitación para el trabajo, con el objetivo de difundir los derechos y garantizar la adecuada atención a las víctimas; así como brindar información trimestral desde el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

El Ministerio Público, en un plazo no mayor a 180 días hábiles de aprobado el Reglamento, debe realizar las adecuaciones en el aplicativo informático del RUVA a fin que, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los programas cuenten con un usuario para el acceso a la información personal de la víctima de violencia.

El Decreto Supremo, es aplicable en todas las entidades de la administración pública, en todos los niveles de gobierno que cuentan con programas de generación de empleo o que realizan capacitación para el trabajo.

Encuentre aquí el Decreto Supremo N° 017-2021-TR




Aprueban norma que fortalecerá el Sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

Aprueban norma que fortalecera el Sistema nacional especializado de justicia para la proteccion y sancion de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

El Poder Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional para la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 2021-2026 que precisa las metas, mecanismos de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ).

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Estrategia Nacional es el instrumento de gestión que articula y organiza la actuación de las instituciones que integran el SNEJ, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de las víctimas de violencia: Ministerio Publico, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Con la Estrategia Nacional se promueve la sostenibilidad de los servicios especializados del SNEJ con criterios técnicos, de manera planificada, ordenada, articulada, con mecanismos de monitoreo, seguimiento y capacitación, entre otros. Del mismo modo, se espera aportar en la intervención especializada de justicia, con enfoque de género, debida diligencia, intervención de oficio y oportuna” menciona Teresa Hernández Cajo, Directora General contra la Violencia de Género.

Seguido agrega que, “con esta herramienta se aspira al éxito de un proceso acorde con la Ley 30364 y estándares internacionales en la materia, con énfasis en la violencia a grupos en situación de vulnerabilidad como la población LGTBI, mujeres indígenas u originarias, afrodescendientes, adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros”.

El Decreto Supremo 011-2021-MIMP, publicado el 10 de julio en el diario El Peruano, señala un plazo de 75 calendario para la aprobación de las metas, mecanismos de seguimiento y evaluación en la implementación progresiva del SNEJ, e involucra en todo el proceso a las instituciones que lo conforman, para lo cual, cuentan con la asistencia técnica del MIMP, sector que tiene a su cargo la conducción de la Estrategia Nacional.

El informe de los avances anuales, se presentarán ante la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) órgano técnico del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, encargado de proponer y aprobar intervenciones de políticas para cumplir con la erradicación de toda forma de violencia en el país.

El SNEJ, se creó en el año 2018 con Decreto Legislativo N° 1368, con el fin de garantizar la sanción efectiva, oportuna e idónea de los delitos de violencia que impactan a las mujeres e integrantes del grupo familiar especialmente niñas, niños y adolescentes. Lo integran los servicios de asistencia jurídica y social (Centro Emergencia Mujer), defensa pública (MINJUSDH), protección y sanción, (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial).

Encuentre aquí:




MIDIS Y MIMP capacitaron a usuarias y usuarios de “Ollas Comunes” en prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres

MIDIS y MIMP articulan acciones para capacitar a usuarias y usuarios de Ollas Comunes

Usuarias y usuarios de las iniciativas ciudadanas denominadas “Ollas Comunes”, se capacitaron en prevención y atención de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar en el contexto de la pandemia Covid-19, los días 7 y 8 de julio.

Las sesiones de capacitación en modalidad virtual estuvieron a cargo de especialistas del Programa Nacional AURORA y de la Dirección General Contra la Violencia de Género, Blanca Contreras Paredes y Kenny Pérez Diaz, quienes desarrollaron los temas “Prevención de la violencia contra las mujeres en el contexto de emergencia” y “Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, respectivamente.

Asimismo, se abordaron la “Violencia contra niñas, niños y adolescentes, señales o indicadores de violencia y acciones de prevención de la violencia” y “Marco normativo de protección y los servicios MIMP de atención y prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; ruta de atención de la violencia para la atención y protección de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; y medidas especiales en contexto de emergencia” a cargo de las señoras María Tadeo Napan y Teresa Medrano Alor, especialistas del Programa Nacional AURORA.

Las actividades se realizaron en el marco de la agenda de trabajo interministerial entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) con el objetivo de fortalecer capacidades para la prevención de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar en el contexto de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Fanny Montellanos Carbajal, Viceministra de Prestaciones Sociales y Grecia Rojas Ortiz,  Viceministra de la Mujer resaltaron el trabajo articulado entre ambas instituciones para la protección social, la cual comprende dos líneas  de acción, una primera referida al fortalecimiento de capacidades para la prevención de la violencia, y la segunda, respecto a la ruta de atención con pertinencia cultural frente a la detección de casos de violencia hacia las mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad.

La Viceministra de la Mujer, Grecia Rojas Ortiz, saludó la presencia de las mujeres que participan en las iniciativas ciudadanas denominadas “Ollas Comunes”, recordando que, en el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, si bien el hogar era considerado el lugar más seguro respecto a dicha enfermedad, no lo fue frente a otras problemáticas como la violencia contra las mujeres.

Visualice las presentaciones de las temáticas aquí:

Sesiones Tema 1 Tema 2
Día 1 Prevención de la violencia contra las mujeres en el contexto de emergencia” y “Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” a cargo de la señora Blanca Contreras Paredes, Especialista de la Sub Unidad de Prevención
Día 2 Violencia contra niñas, niños y adolescentes, señales o indicadores de violencia y acciones de prevención de la violencia Marco normativo de protección y los servicios MIMP de atención y prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; ruta de atención de la violencia para la atención y protección de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; y medidas especiales en contexto de emergencia

 

 




Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) sesionó para efectuar el seguimiento a la implementación de la Leyes N° 31153 y Ley N° 31155, así como del Decreto de Urgencia N° 005-2020

Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) sesionó para efectuar el seguimiento a la implementación de la Leyes N° 31153 y Ley N° 31155, así como del Decreto de Urgencia N° 005-2020

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)[1], se reunió en sesión ordinaria N° 26, hoy 6 de julio de 2021, a las 10:00 a.m., con el fin de conocer los avances en la implementación de la Ley N° 31153, Ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los programas que ejecutan las entidades de la administración pública; la Ley N° 31155, Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política; y, el cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 005-2020 que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio, entre otros.

La sesión presidida por la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Silvia Loli Espinoza, en su calidad de presidenta de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), se inició con la presentación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que informó sobre los avances en la implementación de la Ley N° 31153, Ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en los programas que ejecutan las entidades de la administración pública.

En otro punto de agenda, se presentó la Estrategia Nacional de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), a cargo de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios (DATPS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Seguidamente, el Programa Nacional AURORA del MIMP dio cuenta respecto a las acciones efectuadas para dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 005-2020 que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio.

A su turno, el MIMP, a través de la Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) informó los avances en materia de implementación de la Ley N° 31155, Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, en relación a las responsabilidades asignadas a diferentes entidades del Sector Público.

En el mes de abril del presente año, se aprobaron la Ley N° 31153 y Ley N° 31155.

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[1] Constituida con la finalidad de dirigir el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, creado por la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar




Aprueban disposiciones para la articulación y actuación conjunta y la Agenda de Trabajo 2021 para la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM)

Aprueban disposiciones para la articulación y actuación conjunta y la Agenda de Trabajo 2021 para la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM)

El sábado 3 de julio del 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 010-2021-MIMP que aprueba las “Disposiciones para la articulación y actuación conjunta para la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM)” y la “Agenda de Trabajo 2021 para la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM)”.

La norma tiene como propósito garantizar la coordinación y articulación de las entidades que participan en el PPoR RVcM, a partir de la definición de sus roles y responsabilidades, así como de los mecanismos de coordinación que permitan su actuación conjunta para la implementación del programa y el logro de sus resultados.

Se establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) es la entidad responsable del PPoR RVcM, y está a cargo de la gestión estratégica y operativa del programa, compartiendo este último rol con las entidades que tienen a su cargo la provisión de productos.

Asimismo, debido a que el programa es de carácter multisectorial, involucra la participación de las siguientes 11 entidades adicionales al MIMP: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Cultura (CULTURA), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Ministerio del Interior (MININTER), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio Público-Fiscalía de la Nación (MP-FN) y Poder Judicial (PJ).

Además, se dispone que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que dirige el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, constituye el espacio de coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental y de rendición de cuentas de los avances y logros de los resultados de la implementación del PPoR RVcM; así como, que la Dirección General Contra la Violencia de Género (DGCVG), en el marco de sus competencias y en calidad de Secretaría Técnica de la CMAN, se constituye en la instancia técnica responsable de coordinar la gestión, seguimiento y evaluación del PPoR RVcM.

Para el seguimiento de la gestión operativa del PPoR RVcM, se dispone que la DGCVG organizará y ejecutará, en coordinación con las entidades participantes del PPoR RVcM, reuniones trimestrales para el seguimiento de la implementación, gestión operativa y avances del PPoR RVcM; así como, las entidades responsables de los productos del PPoR RVcM, remitirán al MIMP, informes de seguimiento de la implementación de los productos a su cargo, con una frecuencia mínima trimestral.

Debido a la naturaleza multisectorial del PPoR RVcM, a propuesta del MIMP, se realizarán sesiones de la CMAN con periodicidad semestral para informar y/o rendir cuentas de los avances y resultados del PPoR RVcM, y atender las diversas acciones estipuladas en el Decreto Supremo N° 010-2021-MIMP; así como, podrán convocarse reuniones extraordinarias para toma de decisiones de propuesta normativas, priorización de nuevos productos a implementarse, entre otras.

La “Agenda de Trabajo para la implementación del PPoR RVcM”, establece plazos y responsables específicos de cada una de las acciones o tareas consideradas que involucran a la PCM, al MIMP, al MINSA, al MINEDU, al MININTER, al MINJUSDH, al PJ así como al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Aprueban disposiciones para la articulación y actuación conjunta y la Agenda de Trabajo 2021 para la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM)

Encuentre aquí el Decreto Supremo N° 010-2021-MIMP y sus Anexos:

DECRETO SUPREMO ANEXOS
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GTN: aborda la violencia obstétrica y plantea hacer modificaciones en su denominación

GTN: aborda la violencia obstétrica y plantea hacer modificaciones en su denominación

El Grupo de Trabajo Nacional (GTN) puso en agenda la evaluación de la denominación y definición de la violencia obstétrica, en atención a las recomendaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo en su Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM sobre la Violencia Obstétrica en el Perú.

El documento expone la necesidad de modificar la definición de esta modalidad desarrollada en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016–2021, así como la denominación “violencia obstétrica” con el fin de evitar la estigmatización de los y las obstetras, debido a que, en la atención de la gestante, parto y postparto participa también otro personal.

Entre otras recomendaciones, se recomienda garantizar el derecho de las mujeres a acceder a servicios de calidad con enfoque intercultural, libres de estereotipos, que respeten su autonomía con consentimiento informado, protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios que respondan a sus necesidades.

Respecto de las sugerencias el Ministerio de Salud informó que está elaborando la Norma técnica de prevención de la violencia obstétrica en los servicios de salud sexual y reproductiva, que estandarizará los procedimientos basados en evidencias para la atención del embarazo, parto y puerperio. Además, dicho documento coadyuvará al fortalecimiento del ejercicio de los derechos de las mujeres, y que incorpora el enfoque de género, interculturalidad, entre otros.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dio a conocer que entre 2019 y 2021 el Programa Nacional Aurora, atendió 35 casos de violencia obstétrica: 43% casos de violencia física, 40% psicológica, 17% sexual.

Las y los participantes reconocieron la importancia del informe que aborda una modalidad de violencia poco reconocida por las propias mujeres que la padecen, y que se ha visto agravada en el contexto de la pandemia por la concentración del esfuerzo del sistema de salud en atender prioritariamente a pacientes afectados por el Covid-19.

Finalmente se conformó un subgrupo de trabajo temático entre el Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil, quienes presentarán un plan de trabajo el 2 de julio para abordar la modificación de la denominación y definición de la modalidad de violencia antes mencionada.

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El Grupo de Trabajo Nacional (GTN) es la instancia técnica multisectorial integrada por representantes de sectores del Estado y de la sociedad civil, que tiene como función hacer el seguimiento e implementación de la Ley Nº 30364.

Aquí puede descargar el Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM Violencia obstétrica en el Perú.

Informe de Adjuntía Violencia Obstétrica
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27 años de la Convención de Belém do Pará

27 años de la Convención de Belém do Pará

El 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém Do Pará”. Han pasado 27 años desde que un tratado internacional vinculante reconoce por primera vez el derecho a una vida libre de violencia y que la violencia contra las mujeres:

“…constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”

 “…es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”

 “…trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”

La Convención define a la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Reconoce tres tipos de violencia: física, sexual y psicológica. Los espacios donde esta puede ocurrir: en la vida privada o pública, y que puede ser perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.

El tratado propone la adopción de leyes y políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los 32 Estados Parte que la han aprobado. Es así como, nuestro país, ha dado pasos importantes desde que aprobó su participación y puesta en vigor, algunos de los cuales se mencionan a continuación.

En 1997 aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, y en 1998 aprobó su Reglamento.

Se reforzó una nueva institucionalidad para velar y garantizar el ejercicio de derechos de las mujeres, a través del Ministerio de la Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector en materia con el fin de brindar atención y protección a las víctimas, así como reeducar a las personas agresoras.

En el año 2015 la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, crea el Sistema Nacional integrado por sectores del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Lo dota, además, de mecanismos intersectoriales de diálogo, coordinación, concertación y vigilancia del cumplimiento de Ley, nos referimos a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y las Instancias Regionales, Provinciales y Distritales de Concertación creados con el fin de fortalecer el trabajo articulado y sumar esfuerzos para la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad.

Asimismo, en el año 2019 se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) que considera la discriminación estructural contra las mujeres como un problema público a ser atendido para lograr la igualdad de género. En este sentido, prioriza “Reducir la violencia hacia las mujeres” en su Objetivo Prioritario N° 1.

De esta manera, el Estado peruano incorpora los contenidos y conceptos de la convención la Convención de “Belém do Pará” en las políticas públicas y normas, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

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El Perú aprobó la Convención de Belém do Pará por Resolución Legislativa N° 26583, el 22 de marzo de 1996, la ratificó el 4 de abril de 1996 e hizo el depósito el 4 de junio de 1996. Finalmente, entró en vigor a partir de 4 de julio de 1996.

Más información sobre la Convención “Belém do Pará en el siguiente enlace: http://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp.

Accede al Tercer Informe de Seguimiento a la implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do Pará (MESECVI) del año 2020: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Tercer-Informe-Seguimiento-ES.pdf




Participa de la COLECTA DIGITAL 2021 de la Liga Contra El Cáncer

Participa de la COLECTA DIGITAL 2021 de la Liga Contra El Cáncer

Desde el lunes 14 hasta el 31 de junio, la Liga Contra El Cáncer lleva a cabo la COLECTA DIGITAL 2021 con la finalidad de recaudar fondos para continuar con su misión de «Salvar Vidas» mediante despistajes clínicos y educación comunitaria en zonas de alta vulnerabilidad del país que permitan prevenir el cáncer a tiempo.

La donación se puede efectuar desde el Perú y desde otros países a través de la siguiente página web:

 

 




Especialistas analizan la política criminal y feminicidio en el Perú

Especialistas analizan la política criminal y feminicidio en el Perú

Especialistas de diferentes sectores e instituciones debatieron sobre la política criminal y feminicidio en el país, en la reunión organizada por la Dirección General de la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), efectuada el miércoles 09 de junio del año 2021.

Las diferentes intervenciones coincidieron en mencionar que el carácter punitivo, el aumento de penas y la cadena perpetua, no han reducido las muertes por delito feminicida, y no han servido como medidas disuasivas, por lo que es necesario buscar respuestas al problema y enfrentarlo también desde otras aristas.

En primer lugar, se planteó que la discriminación estructural se encuentra a la base de las diversas modalidades de violencia contra las niñas y las mujeres; en particular, la violencia feminicida; y, por lo tanto, es necesario reforzar las acciones de prevención para modificar las creencias que sustentan la supuesta inferioridad de las mujeres, que originan jerarquías en favor del hombre y en menoscabo de las mujeres.

En la reunión se coincidió en la necesidad de desarrollar medidas preventivas a partir de evidencia útil, oportuna, confiable y científica y estudios criminológicos para conocer el perfil del agresor y de la víctima, incluir factores como la raza y etnicidad.

En esa misma línea, se planteó la importancia de trabajar en la etapa formativa del comportamiento psicoemocional de la juventud, así como abordar la salud en las relaciones de pareja en la etapa de la juventud como medida preventiva.

Se consideró, además, la importancia de marcos normativos que permiten incluir la identidad de género, y no se excluya a las mujeres por su orientación sexual, de las medidas que se tomen para enfrentar la violencia feminicida.

De ahí la necesidad de una justicia con enfoque de género, que brinde a las mujeres procesos libres de impunidad y revictimización. Una justicia restaurativa, para que las mujeres no vuelvan a pasar por lo mismo, y sobre todo puedan sanar.

Finalmente, se reconoce el avance en el sistema de justicia peruano en la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), la capacitación y sensibilización a jueces y juezas y de fiscales y los estudios que se vienen desarrollando sobre esta problemática.

Participaron: Mariella Valcárcel Ángulo (MINJUSDH), Silvia Romero y Jeannette Llaja (Poder Judicial), Isabel Sokolich (Ministerio Público), Teresa Hernández y Cynthia Silva (MIMP) e Ingrid Díaz y Mayra Sánchez de la PUCP.




Historietas construidas por adolescentes migrantes para prevenir la trata de personas

Historietas construidas por adolescentes migrantes para prevenir la trata de personas

En el Perú, adolescentes y jóvenes mujeres de 12 a 24 años son las principales víctimas de la trata de personas, según el Ministerio Público. Además, la modalidad de trata que más afecta a niños, niñas y adolescentes en el país es la explotación sexual. Este delito es una realidad con la cual convivimos que afecta de forma particular a los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, los derechos fundamentales de estas personas son vulnerados; entre ellos: el derecho a la integridad moral, física y psicológica, el derecho a llevar un nivel de vida adecuado con el consiguiente desarrollo físico, emocional, cognitivo y social; el derecho a la indemnidad y a la libertad sexual, el derecho a la salud y el derecho a la educación.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional – GIZ, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, CARE Perú, Plan Internacional, el Banco Mundial, Quinta Ola y PROMSEX, llevaron a cabo, los días 6 y 8 de abril del presente año, talleres de trabajo colaborativo con adolescentes migrantes de entre 14 y 18 años, quienes, a través de sus propios relatos e historias, le dieron vida a los guiones para la construcción de historietas que contribuyan a prevenir la trata de personas.

En los talleres realizados las y los adolescentes recibieron herramientas para identificar las situaciones de riesgo, las causas y consecuencias del problema; así como conocer de cerca sus derechos, rutas de denuncia y servicios de apoyo.

¡Juntas y juntos podemos prevenir la violencia!